El dato corresponde a un informe de la Fundación Meditarránea (IERAL), según el cual, en dólares, los derechos de exportación se mantendrían prácticamente constantes en unos U$S 9 mil millones.

Las exportaciones de soja y sus derivados industriales (aceite, harina y biodiesel) siguen siendo la fuente principal de la recaudación de este impuesto, según la entidad. “Este complejo tiene la mayor base imponible, en conjunto con la mayor presión tributaria. Por caso el biodiesel, tiene alícuotas del 25%, la haría y el aceite, del 32% y el grano de soja, del 35%, recordó.

El trabajo de la IERAL, titulado “El aporte de dólares de la campaña agrícola 2013-2014”, señala entre otras cosas, que “este año, si la producción agrícola del ciclo 2013/2014 se confirma en un volumen cercano a las 100 millones de toneladas, el flujo de agrodólares podría alcanzar a US$ 31.000 millones de dólares, levemente por debajo de la cifra del 2013 (US$ 32.000 millones)”.

En particular, el complejo sojero aportaría US$ 23.000 millones de en 2014. Esto implica 1,8 mil millones por encima del año pasado, si bien “esto no sería suficiente para compensar la merma en maíz, cebada, alimentos balanceados y biodiesel”.

Según el informe, “los dólares del campo dejaron de crecer por distintas circunstancias, la mayoría de ellas vinculadas a la política doméstica, problemas generados en el plano de la microeconomía agrícola como en la macroeconomía general del país”.

En el frente más micro, uno de los factores que dañaron el desarrollo de las exportaciones fueron las restricciones o cupos a las exportaciones de trigo. Esos efectos nocivos se hicieron sentir con plenitud en el último ciclo agrícola que combinó un área reducida sembrada con condiciones climáticas adversas.

Además, las exportaciones de harina de trigo y premezclas han retornado a los niveles promedio de los ‘90, después de haber tocado el millón de toneladas durante los años 2008, 2009 y 2011. En esta cadena, se perdieron divisas por al menos U$S 2.000 millones.

En el plano macro, la pérdida de competitividad como consecuencia del atraso cambiario y la creciente presión tributaria limitó los incentivos a invertir en tierras de mayor riesgo agroclimático, en paquetes tecnológicos que incluyan mejoradores de rendimientos, como nuevas semillas o fertilizantes. Y en bienes de capital, como cosechadoras o sembradoras”, concluye.