Como un embudo, el affaire con los fondos buitre taponó el grueso de los asuntos en agenda y dejó en suspenso la resolución de un puñado de frentes abiertos que aguardan el veredicto final de la Casa Rosada.

En el combo en espera hay temas espinosos de corte económico: reclamos gremiales por Ganancias, la prórroga de la refinanciación de pasivos de las provincias, la necesidad de tomar deuda de algunos gobernadores y el conflicto cada vez más tirante por la ley petrolera.

Desde hace más de un mes, cuando el revés judicial estadounidense activó una bomba inesperada, el esfuerzo del Gobierno está puesto en la cuenta regresiva para esquivar un defaulttécnico y no hay grandes definiciones en el resto de las áreas, sumidas en una virtual parálisis.

"Es entendible que todo esté congelado a la espera de un acuerdo. Ocuparse de otra cosa sería como estar afinando los instrumentos de la orquesta del Titanic", ilustró ante LA NACION un dirigente del PJ, conocedor de las urgencias de los caciques provinciales.

El ánimo al interior del gabinete es de agotamiento y tensión. "Un arreglo es crucial, pero no es la panacea", admite un funcionario que participó de las consultas en la estrategia que encabezaron Cristina Kirchner; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini.

Es, en el fondo, remar de atrás para volver al punto de partida. La idea original de la Presidenta era normalizar el frente externo -que se plasmó con la seguidilla de acuerdos con Repsol, el Ciadi y el Club de París-, para volver al mercado financiero y hacerse de dólares para sostener con aire el modelo kirchnerista en el tramo final de su mandato.

También quedó en segundo plano un eventual relanzamiento de la gestión, promovido desde usinas oficiales, con la mirada centrada en el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Si bien el ministro coordinador repite que hará lo que diga Cristina, en su espacio no son pocos los que le aconsejan que regrese a Chaco, como mucho en septiembre, y recupere su territorio. Una vacante de ese sillón daría pie a un recambio de staff en la antesala de la campaña hacia 2015.

"Hasta el jueves 31 no hay nada", revisa la agenda un asesor, consultado sobre el Programa Federal de Desendeudamiento, clave para la supervivencia de las provincias. La fecha no es casual: es un día después del deadline previsto en la negociación que capitanea el juez Thomas Griesa en Nueva York.

El plan, creado en 2010, alcanza una deuda total reestructurada de 66.000 millones de pesos. Con el plazo del convenio anterior vencido, la continuidad se haría bajo la misma modalidad: una prórroga por tres meses, sujeta a revisión de parámetros financieros y fiscales. El último trimestre, que corrió desde abril, significó un alivio de 1800 millones para las arcas provinciales.

Aunque la Casa Rosada hizo un guiño para una nueva tregua de las obligaciones contraídas con la Nación, no está definida su formalización. En el medio, emergió como un trueno una denuncia desde Neuquén: el senador Guillermo Pereyra sostuvo que el Gobierno presiona al gobernador Jorge Sapag con no refinanciar su deuda provincial y frenarle el envío de recursos si continúa la resistencia al proyecto de ley de hidrocarburos. El legislador y dirigente petrolero es rival interno del mandatario en el Movimiento Popular Neuquino, pero lo apoya en su cruzada contra la iniciativa.

Diseñado por el CEO de YPF, Miguel Galuccio, el borrador del nuevo marco regulatorio es rechazado por las provincias, sobre todo, Neuquén, Mendoza y Chubut. Consideran que limita su poder sobre el manejo del negocio, que está contemplado en la Constitución.

El chubutense Martín Buzzi le transmitió el miércoles a Capitanich, en una charla en su despacho, que sus colegas no acompañarán el proyecto si excluye sus objeciones. La puja se pateó para el posbuitres. La reunión de los diez caciques que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), prevista para el jueves pasado, se reprogramó para esta semana. Contra reloj, buscarán una salida, antes de que Cristina envíe el proyecto al Congreso.

Otro eje que preocupa a los gobernadores es la imposibilidad de tomar deuda hasta que no se resuelva el conflicto y, como consecuencia, se desinflen las tasas. Las provincias, según lo que pautaron en sus presupuestos, registran una necesidad de financiamiento para este año de por lo menos $ 40.000 millones.

"No hay un plan B", aseguraron a LA NACION desde una de las gobernaciones con cuentas en rojo. Las más adelantadas en la salida al mercado eran las administraciones de Daniel Scioli, que aún trabaja en una colocación en el exterior por US$ 500 millones, y Mauricio Macri, que prevé completar una emisión por 85 millones -en la plaza local- bajo la modalidad dólar linked antes de diciembre y cuenta con el aval de la Legislatura para un canje de bonos Tango por 890 millones, una operación que puede aguardar a 2015.

Los gremios también están en sala de espera. Aunque el Gobierno descartó una modificación del impuesto a las ganancias, los sindicatos -oficialistas y opositores- tienen la expectativa de que haya alguna compensación, como la devolución de los descuentos al medio aguinaldo o la zanahoria de abrir una discusión más integral sobre el tributo. De tregua hasta el 30, luego retomarán la pulseada.

Con o sin pacto con los holdouts, sí aparecen en el corto plazo un ramillete de anuncios preestablecidos en el cronograma: la convocatoria al Consejo del Salario en agosto; nuevos sorteos del plan de viviendas Procrear, y un aumento de las jubilaciones para septiembre, estipulado por ley. Ésa será, acaso, una buena noticia: para el cálculo del incremento se usará por primera vez el nuevo índice para medir la inflación, más real que el confeccionado en la era de Guillermo Moreno. Así, en las estimaciones oficiales, la suba sería bastante superior al 11% que se otorgó en marzo.

A LA ESPERA DE DEFINICIONES

Deudas provinciales

Los gobernadores aguardan definiciones sobre la reestructuración de sus deudas, que el Gobierno aprueba (o no) cada tres meses tras revisar los parámetros financieros de cada distrito. Esta vez, la espera se mezcló con una denuncia de presiones al gobernador de Neuquén.

Ley Galuccio

Está en pie la disputa por la nueva ley de hidrocarburos que impulsa el Gobierno y rechazan los gobernadores de las provincias petroleras. La negociación quedó congelada hasta después del miércoles, cuando vence el plazo para resolver el pleito con los "buitres".

Bonos y financiamiento

Sin plan B, los caciques provinciales esperan una resolución positiva del conflicto con los holdouts para volver a evaluar las posibilidades de tomar deuda en el exterior. Necesitan fondos adicionales por al menos 40.000 millones de pesos.

Presión gremial

Aunque el Gobierno ya descartó subir el mínimo no imponible de Ganancias, las cinco centrales obreras esperan alguna concesión vinculada con el impuesto. Decidirán los pasos por seguir recién a partir del miércoles. El gremialismo opositor prepara un paro nacional..