Deudas pendientes

Por Julieta Arias

La Argentina ha ratificado diversos instrumentos internacionales relacionados con la lucha contra la corrupción. De esta manera, se comprometió a aplicar políticas activas destinadas a promover la transparencia en todos los ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado.

Los informes de seguimiento de estas convenciones, así como la percepción de analistas y expertos y de la ciudadanía en general, demuestran que en el país existen numerosas deudas pendientes en este sentido.

Los últimos datos publicados por Transparencia Internacional, a través del Informe de Percepción de la Corrupción y el Barómetro Global de la Corrupción, reflejan esta situación. En cuanto a la percepción, el puntaje de la Argentina es 2,9, en una escala donde los países más corruptos se acercan al 0 y los más transparentes al 10. Y en el Barómetro anual, el 81 por ciento de los ciudadanos consultados en 2009 consideraron que las políticas de lucha contra la corrupción eran "inefectivas".

Son muchas las deudas pendientes en esa materia. Entre ellas, pueden mencionarse: el bajo y parcial acceso a la información pública, las debilidades en el sistema de control, la discrecionalidad en las contrataciones realizadas por el Estado, la falta de transparencia en las estadísticas públicas, la debilidad en el sistema de protección de denunciantes de actos de corrupción y la falta de transparencia en el financiamiento de la política.

Existe en la Argentina una necesidad concreta y real de dar más transparencia a la gestión pública, de manera de disminuir los resquicios por los que se filtra la corrupción.

Sus consecuencias podrían llegar a ser inconmensurables si se considera el efecto negativo que posee sobre la legitimidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en lo público, y los déficit en materia de satisfacción de derechos para gran parte de la población (por ejemplo, en el acceso a la educación o a la salud), que profundizan la desiguladad y la situación de pobreza de miles de ciudadanos y ciudadanas argentinos.

La autora es directora de Transparencia y Anticorrupción de Poder Ciudano

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