Deudas y aciertos de una democracia joven

Por: Hugo Martini

En el balance de este período de 25 años sin interrupciones autoritarias, conviene detenerse en ciertas cifras económicas y en la cultura política.

Hoy se celebra un período de 25 años sin rupturas del orden constitucional. El más largo de la historia argentina, si excluimos los 68 años que corrieron entre 1862, cuando Mitre asumió la presidencia, hasta la revolución de 1930, cuando derrocaron a Yrigoyen.

Es el momento de preguntarse si en materia de calidad de vida los mayoría de los argentinos están mejor o peor que hace un cuarto de siglo. Esta pregunta no cuestiona la virtud del sistema democrático, "el peor excepto todos los demás", en la ironía de Churchill.

Tomemos tres indicadores desde mediados de la década del 80 hasta hoy y comparémoslos con Brasil y Chile, dos países que estaban saliendo de experiencias militares parecidas, en el mismo período: PBI per cápita, porcentaje de pobreza de cada país sobre el total de la población y coeficiente de Gini, el cual cuantifica el grado de desigualdad existente en la distribución personal del ingreso de un país. Cuánto más alto el coeficiente, más desigualdad en esa distribución.

En el único indicador en el cual la Argentina muestra un mejor resultado, en términos relativos y absolutos, es en el de pobreza. Pero es necesario formular una precisión. En la Argentina, en 1987, el promedio de pobreza era de 32.3%; en 1989 escaló a 47.3; en 1992 cayó a 16.8; en 1995 volvió a subir a 27.9; en 2001 alcanzó su peor momento con 54.3 y en la actualidad es de 20.6%.

Una sociedad sometida en 21 años a estos cambios violentos en un índice de alta sensibilidad como el nivel de pobreza sufre un deterioro en su tejido social y en el espíritu de confianza de sus habitantes que la estadística no refleja. Estos datos muestran que la democracia ha funcionado en la Argentina con un fuerte impacto negativo sobre la vida económico-social de sus habitantes.

Es como si los dirigentes de los diferentes partidos que gobernaron no hubieran tenido capacidad suficiente para satisfacer las demandas de la sociedad y que, este déficit les impidió cumplir con sus propias promesas.

El proceso democrático durante este período permite algunas observaciones. El sistema institucional ha funcionado moderadamente bien. Pudo resolver en orden, por ejemplo, la crisis más sería que soportó el sistema, la de 2001/2002. Durante 12 días -entre el 20 de diciembre, en que renunció Fernando de la Rúa, hasta el 1° de enero, cuando asumió Eduardo Duhalde- la estabilidad democrática y la idea de legalidad quedaron en manos del Congreso. En cualquier otra época de los 70 años anteriores una crisis semejante terminaba en un golpe de Estado.

La renovación de los cuadros políticos ha sido muy baja. En este punto, se ha producido un fenómeno paradojal: la mayoría tiene una valuación muy baja de su dirigencia y, al mismo tiempo, manifiesta un profundo desinterés, personal o financiero, por participar. La pregunta es cómo un sistema mejora en medio de semejante contradicción.

La consecuencia de este desinterés explica la forma como los partidos han seleccionado a sus candidatos en las cinco presidencias de la democracia: eligieron lo que había. Si un sistema durante 46 años (1930-1976) se quiebra seis veces, en la mayor parte de los casos suspendiendo el ejercicio de las actividades políticas, no esperemos que de esa ausencia de prácticas políticas salgan líderes como Kennedy, Blair, Chirac o Clinton. El sistema democrático es una escuela, como cualquier otra.

Es muy difícil que la calidad de vida de la gente mejore si el gobierno, la oposición y la sociedad que los elige suponen que la democracia consiste, únicamente, en elegir autoridades cada dos y cuatro años.

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