La deuda del Butaló I equivale a 50 casas

Una gran cantidad de vecinos, preocupados con el paupérrimo estado del barrio Butaló I y el endeudamiento de su consorcio, decidió tomar el toro por las astas. Comenzaron con la búsqueda de alternativas legales que logren sacar al barrio de su situación actual. Con el patrocinio letrado de Yesica Kalhawy y Eduardo Brossy fueron a la Justicia para peticionar la conformación de una administración provisoria para saber el monto real de los pasivos del consorcio (estimado en 8 mil pesos por vivienda).
Sólo la deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sería superior a los 2 millones. El 23 de septiembre pasado la administración provisoria autorizada judicialmente comunicó al Colegio de Escribanos tal problemática, ya que las escribanías no libran certificados de libre deuda por falta en el pago de expensas. Ello implica que las escrituras traslativas de domino no se realizan. La inexistencia de un Consejo de Administración del Consorcio del Barrio y el incumplimiento del reglamento de copropiedad junto a los pasivos del Consorcio ameritan que los gobiernos provincial y municipal tomen cartas en el asunto.

Con bandera de remate.

El Butaló I fue inaugurado hace poco más de dos décadas y consta en la actualidad de más de medio centenar de viviendas. Por estos días habrían comenzado a recibirse notificaciones de la AFIP para la ejecución de algunas de las unidades habitacionales, pero al no haber una cabeza visible en el Consorcio todo esta paralizado. Lo que no se sabe es hasta cuándo el organismo fiscal no enviará misivas de remate. El mandato de la última Comisión venció en el mes de septiembre de 2007. Entre octubre y noviembre de ese año se hicieron los correspondientes llamados a elecciones pero no se presentó nadie.

Lo que espera ahora este grupo de vecinos, autorizados por la justicia, junto con la colaboración de todo el barrio, es encontrar financiamiento para desentrañar los entresijos de varias administraciones irregulares que les han dejado una madeja difícil de desentrañar. Las cuentas a pagar a la AFIP, empleados de comercio, ART, Suterh (el gremio de los trabajadores de edificios de propiedad horizontal) y seguros, son millonarias. Si bien es difícil hacerle entender al vecino que las expensas son las contribuciones que cada uno de los copropietarios debe realizar mensualmente para solventar los gastos comunes de mantenimiento y conservación, la intención ante la inminente puesta de la bandera de remate es recuperar al menos la legitimidad como Consorcio.

Más problemas.

Pero si esos problemas son los más urgentes, no son los únicos. Adolecen de un sistema de recolección de basura eficiente (los contenedores que deja Clear no han ayudado a la limpieza del barrio); la ola de inseguridad es cada día mayor y ni que hablar del problema del tránsito (nadie respeta los estacionamientos) y de la innumerables cantidad de animales sueltos, expresaron a este cronista algunos de los vecinos.

Hubo muchas administraciones (algunos con causas penales que quedaron en la nada) que de a poco fueron minando las finanzas del Consorcio. Miles de santarroseños que habitan ese popular barrio esperan de una buena vez que todo se encamine; que se logre regularizar la situación financiera y dominial del barrio; que se cobren las expensas; que los planes de pagos con organismos fiscales sean pagables y, prioritariamente, la búsqueda de oxígeno financiero para proseguir. Después vendrá el tiempo de saber quiénes fueron las personas físicas que los llevaron a la ruina.

Administración provisoria.

El grupo de vecinos que encaró la problemática sabe que su destino es incierto, pero que, de proseguir en ese "statu quo", se acarrearán más avatares para sus moradores, que pueden llegar incluso hasta la pérdida de su casa. Por eso acudieron al titular del Juzgado Civil 3 en la causa caratulada como "Lorda, Roberto Domingo y otros s/pedido" (D 69743) para la conformación de una administración provisoria.

El primer paso será saber a valores actuales cuál es la real deuda del consorcio. La presentación judicial dice: "ante la imposibilidad de obtener un certificado de libre deuda que permita la escrituración de las mismas en caso de venta, ya existen precedentes de vecinos que se han visto obligados a rescindir contratos en función de no poder otorgar escrituras traslativas de dominio". Ante ello, se hace imprescindible "obtener una nómina actualizada de copropietarios en condiciones de ser partes de las presentes actuaciones para evitar nulidades a futuro".

En ese sentido, piden que "se ordene una intervención atento a los escasos recursos económicos con los que se cuenta y la enorme cantidad de deuda que los agobia". Por último, solicitaron la convocatoria "a una asamblea de manera judicial, porque en la actualidad no existe nadie en condiciones de convocarla a los fines de renovar autoridades de manera definitiva".

El 28 de agosto pasado el juez Guillermo Samuel Salas dictaminó una medida cautelar (genérica e innominada) designando a la administración provisoria solicitada. A partir de ahora, la colaboración solidaria de todos los copropietarios del Butaló I se hace imprescindible. En primer lugar concurrir los días de reuniones para evaluar el estado de situación ya que es la única salida para revertir una situación insostenible en el tiempo.

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