Detrás del apuro, una intención oculta

Por Carlos Pagni

Aunque el 10 de diciembre no cambiara la composición del Congreso, los Kirchner igual necesitarían que su reforma de la industria audiovisual tuviera la velocidad de un asalto. El paso del tiempo está desnudando las intenciones ocultas y las contradicciones que minan su proyecto. Ya lo dijo el estratego Tsun Tzu: "Puedes ganar cuando nadie logra entender tus intenciones".

El Gobierno dice que pretende evitar la concentración mediática. Pero abre la puerta (art. 25) del mercado de la TV a las empresas de servicios públicos. A todas. En especial a las de telefonía fija, siempre que sean de capital nacional en un 70 por ciento (art. 24).

Compañía argentina de telefonía fija habría una sola: Telecom. Sobre todo desde que Telecom Italia fue obligada, por los mismos que elaboraron la ley, a desprenderse de su participación. Telefónica, al ser de capital español, estaría inhibida de participar en el mercado de las comunicaciones. ¿Debería desprenderse de Telefé? Hace tiempo que a los Kirchner les apetece esa fruta, que quisieron comprar Cristóbal López y el ahorrativo Rudi Ulloa.

Como Carlos Menem en su momento, Kirchner sueña con un "monopolio" amigo, asentado sobre una telefónica (de lo que informó ayer LA NACION en su columna política). Entre los que pretenden comprar Telecom está el consorcio integrado por Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, quien se ha convertido, acaso, en el hombre de negocios más cercano a Olivos. A tal punto que en el empresariado bromean llamándolo "Ernéstor".

El otro aspirante a quedarse con Telecom es el Grupo Clarín. Se entiende que Kirchner esté enfurecido. Ese holding tiene el objetivo, también gigantesco, de integrar su red de TV por cable e Internet con otra de telefonía, que cubre la mitad del territorio nacional.

Los italianos de Telecom no quieren dejar la Argentina. Obligados a hacerlo, preferirían no venderle a Gutiérrez. En principio, porque carece de financiamiento. Su última oferta fue que le firmen un precontrato para recién entonces salir a buscar fondos. En Roma rechazaron la ocurrencia. Los amigos de Kirchner están malacostumbrados. Ni todos los vendedores tienen la generosidad de Repsol ni todos los compradores, la suerte de Eskenazi. Además, los italianos temen, por acordar con Gutiérrez, terminar en un escándalo internacional.

Tampoco es fácil venderle a Clarín. Con su asedio contra ese grupo, el Gobierno hace ver a los italianos que la operación jamás conseguiría la aprobación de los reguladores. Ya se lo dijo Julio De Vido: "Hablen con la gente de Aeropuertos".

De la pelea encarnizada entre Clarín y el Gobierno, y de la falta de fondos de Gutiérrez, comenzó a sacar ventaja un tercer competidor: el transportista Alfredo Román, con su fondo de inversiones. En el mercado especulan con que, detrás de Román, podría aparecer el mexicano Carlos Slim, quien ya opera en la telefonía móvil con Claro. Para saber si Slim entró en el juego los expertos aconsejan observar si el fondo Coinvest, de Martín Ruete, se asocia con Román. Desde que compró CTI para vendérsela a América Móvil, a Ruete se lo identifica como un operador local del multimillonario mexicano. ¿Se sumará al grupo Carlos Miguens, líder de un consorcio de generación eléctrica asociado a Coinvest? Miguens goza de la simpatía de Julio De Vido, quien lo prefería como socio local en YPF, en lugar de los Eskenazi.

Si el kirchnerismo, en la figura de Gutiérrez, decidiera retirarse de la competencia por Telecom, el proyecto de ley audiovisual del Gobierno seguiría siendo indefendible. Los concesionarios de servicios públicos, con el caudal de dinero que manejan y las redes que ya poseen, concentrarían la TV por cable en dos o tres compañías, cada una con una cobertura del 35% de la audiencia. La línea editorial de esos medios quedaría subordinada a las necesidades políticas de las empresas reguladas que los controlan. Resultado: una prensa audiovisual maniatada por el Estado. De no introducir modificaciones en este aspecto del proyecto, el abnegado Agustín Rossi tendrá dificultades para conseguir, en Diputados, los votos de sus aliados de centroizquierda.

El argumento antimonopólico está invalidado también por el daño que la iniciativa provoca a los canales de TV abierta privados: les impide integrarse con una empresa de cable (art. 38), les reduce el área de cobertura y los obliga a emitir 50% de programación propia. Los avisos que pasen deben ser de producción nacional, un requisito que no se le exige a la TV por cable. Además, los somete a la competencia desleal de la TV pública, que vende publicidad y cobra el 35% del canon de toda la actividad (art. 85-88). La misma amenaza afecta a las radios. Son cambios que acabarán, entre otras cosas, con los altos cachets que paga la industria a sus estrellas.

El proyecto oficial pasa por ser un ataque a Clarín. Pero los Kirchner unificaron en su contra a toda la industria audiovisual privada. No se podrá tener más de una radio AM, una FM -siempre que en el lugar haya más de 8 frecuencias-, una red de cable -siempre que no opere TV abierta- y una licencia de TV abierta. En ningún caso podrán administrar tres servicios superpuestos.

Este diseño afecta a innumerables empresas del interior del país. En consecuencia, los legisladores oficialistas, sobre todo en el Senado, deberán resistir el lobbying de los medios de sus localidades. Muchos de esos senadores preferirían imitar a Daniel Scioli, que ayer, en LA NACION, evitó pronunciarse sobre un tema de inigualable magnitud. Otros están involucrados con la industria mediática. Es el caso de Guillermo Jenefes, en Jujuy. Jenefes preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta. También el salteño Juan Carlos Romero está vinculado a los medios de comunicación de su provincia. El kirchnerismo puede pretender que esos legisladores se excusen. Pero tal vez la Presidenta haya arruinado ese recurso cuando, siendo senadora, impidió a su colega Raúl Baglini inhibirse en el juicio político a los jueces de la Corte por tener, como abogado, casos abiertos ante ese tribunal.

El rol de Julio Cobos puede volverse, de nuevo, crucial: como presidente del Senado, tiene la prerrogativa de girar cada proyecto a las comisiones que él considere más adecuadas (de lo que se informa por separado). ¿A cuántas enviará Cobos la ley de medios cuando llegue al Senado? ¿Cuánto demorará el análisis sereno que él viene aconsejando? En Diputados, la radical Silvana Giudici propuso iniciar una serie de audiencias públicas en varias provincias. Y Graciela Camaño recordó que "las leyes se analizan artículo por artículo". La de servicios audiovisuales tiene 157, que se extienden a lo largo de 168 páginas.

Si el procedimiento adoptado por Cobos extiende el debate sobre los medios más allá de octubre, el Gobierno estará en problemas. El Congreso actual no puede aprobar una iniciativa tan relevante un minuto antes del gong que sonará el 10 de diciembre. De nuevo Tsun Tzu ilumina la política: "Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer". En Telecom, como en el tratamiento de la ley audiovisual, la urgencia es la gran debilidad de Néstor Kirchner.

Comentá la nota