Detienen a un espía que tenía contrato con el gobierno porteño

El gobierno de Mauricio Macri quedó imprevistamente en medio de una investigación judicial que mantiene detenidos a un alto jefe policial misionero, a un agente de inteligencia de esa provincia y a un abogado que trabajaba en inteligencia de la Policía Federal, todos acusados de realizar escuchas telefónicas a uno de los familiares de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y al empresario Carlos Avila.
El escándalo salpicó al macrismo, pues se comprobó que el ex policía federal y abogado Ciro Gerardo James, que fue detenido con un kit de espía, compuesto por equipos de grabaciones, de control de líneas telefónicas y otros de interceptación de comunicaciones, estaba contratado por el Ministerio de Educación porteño desde 2008, con dos contratos por 57.000 y 72.000 pesos anuales.

El director de Personal porteño, Carlos Lelio, que firma el contrato, dijo no recordar éste en particular. El juez federal Norberto Oyarbide, que investiga el caso, citó, entonces, al auditor interno del Ministerio de Educación porteño Roberto Hayub que aparece en otro de los contratos. Pero no fue posible ubicarlo; por eso, el juez envió un oficio a Macri, para que Hayub se presentara.

El caso de espionaje electrónico se descubrió cuando Burstein recibió una llamada anónima que le advertía que Jorge Palacios, que renunció como jefe de la policía metropolitana y está procesado por irregularidades en la investigación del caso AMIA, le estaba pinchando el teléfono. Lo denunció y se estableció que la SIDE estaba interviniendo su celular, por orden de un juez de Misiones que investigaba un homicidio ocurrido durante un robo que involucraba a una banda de piratas del asfalto.

Rastreando esta causa, se descubrió al auxiliar de inteligencia de la policía misionera Diego Guarda, que declaró haber incorporado el teléfono de Burstein a la lista de los que debían ser escuchados. Dijo que Ciro James le pasó la información. El jefe de Homicidios de Misiones, Raúl Rojas, convalidó el oficio judicial para realizar la escucha.

Los dos, junto con James, están presos y ayer fueron indagados por el juez Oyarbide.

La sospecha de los investigadores es que James, que trabajó en la división de Palacios en la Federal y era aspirante a ingresar en la policía metropolitana, escuchaba teléfonos a pedido, los que eran blanqueados en la causa misionera, y cobraba mediante los contratos porteños.

Aníbal Ibarra y el legislador Eduardo Epszteyn se presentaron ayer ante Oyarbide ante la sospecha de que también son escuchados.

Comentá la nota