No se ha determinado el nivel de perjuicio al Estado

Así lo aseguró el fiscal Gabriel Giordano. Sólo de mayo a hoy se detectó un faltante de 300 mil pesos, según indicó el ministro Gustavo Martínez. La primera hipótesis califica el hecho como fraude en perjuicio a la Administración Pública, pero la misma podría cambiar si se comprobara la participación de personal bancario.
El miércoles el director provincial de Administración del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, Nicolás Segura se presentó ante la Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Gabriel Giordano, para denunciar una serie de "irregularidades" detectadas en las boletas de depósito de aportes previsionales.

De acuerdo a lo que explicó el fiscal Giordano a La Opinión Austral, la primera hipótesis que se maneja es el accionar de un empleado que manipuló las boletas de depósito, desviando fondos previsionales hacia una cuenta particular.

Desde la Dirección de Administración se realiza habitualmente por ventanilla bancaria el pago no sólo de aportes previsionales, sino de diferentes rubros como servicios públicos y otras cuestiones y se confecciona un solo cheque por el total de todos los rubros pagados. "Aparentemente, una de las hipótesis es que la boleta que se utiliza para el pago de los aportes era completada por este empleado quién consignaba un x valor en los cuatro cuerpos, dos se quedaba el banco y los otros dos eran los que tenía que rendir al Ministerio, una vez concretado el pago y sellados los cuerpos, el empleado adicionaba la cifra faltante para hacerla coincidir con la ordenada para el pago por la Dirección de Administración" indicó Giordano, ejemplificando que si el pago, supongamos, era de 19.400 pesos, el empleado hacía la boleta por 400 pesos y una vez sellada por el banco le agregaba adelante el 19 para hacer figurar los 19.400 que originalmente se debían depositar. El dinero faltante, los 19 mil pesos se depositaban en una cuenta particular".

Perjuicio

En principio el delito que por ahora califica la Fiscalía, es el de "fraude en perjuicio a la Administración Pública, en concurso con el incumplimiento de deberes de funcionario público y uso de instrumento privado falsificado".

Los entes perjudicados: "hasta el momento es la Caja de Previsión Social", no tanto el Ministerio Secretaría General de Gobierno, "toda vez que ellos tienen los comprobantes que aseguran pagaron los montos correspondientes, pero eso se verá una vez que tengamos todos los elementos probatorios que le hemos pedido a la juez ordenar".

Giordano aseguró que, hasta que no se realicen las pericias contables sobre los elementos probatorios "no se puede estimar el faltante" pero dijo que esta irregularidad se vendría haciendo desde el mes de mayo a la fecha "por lo menos".

En ese sentido, Gustavo Martínez, en declaraciones a LU 12 Radio Río Gallegos, indicó que en lo que pudieron comprobar internamente, "hasta ahora" "son diferencias de más de 300 mil pesos. Con este dato, se inició todo el trabajo de poner en conocimiento de la Justicia y de los órganos de control del Estado la situación, para que se investigue exactamente el monto afectado y desde cuándo se viene desarrollando la operación".

Ayer fue elevada la causa a la juez Valeria López Lestón con pedidos de pericias y medidas probatorias por parte de la Fiscalía, quién había recibido la denuncia el día anterior.

"Nosotros nos enteramos de esta situación el lunes" dijo Martínez a LU 12 Radio Río Gallegos, y agregó que de manera inmediata se realizaron todas las actuaciones internas y se puso en conocimiento de la situación al gobernador, quién ordenó avanzar en los pasos necesarios. De inmediato se realizó la denuncia penal ante la Justicia y los sumarios administrativos internos para deslindar responsabilidades". También indicó el ministro se puso al tanto del tema al Tribunal de Cuentas, para que inicie las acciones que le compete en función de preservar el patrimonio del Estado".

Contra el tiempo

La denuncia corre una carrera contrarreloj con la feria judicial que se iniciará en poco tiempo más.

La decisión de la Fiscalía es que antes que esta se inicie "se pueda preservar toda la evidencia y se logre el comparendo del o los imputados en la causa", dijo Giordano al tiempo que aclaró que "trabajamos para eso".

El ministro Martínez también pidió "que se investigue rápido para dar con los culpables y saber cómo se realizó la maniobra para mejorar los mecanismos de control" subrayó.

Martínez reconoció que "fue una situación que nos sorprendió" aseguró y explicó que "todo empezó cuando en el intercambio de información con el Banco Santa Cruz se empezaron a detectar inconsistencias en los valores. Cuando nosotros emitíamos la documentación que acompaña los cheques van con el destino puntual que tiene cada fondo, como los recibos volvían con los sellos correspondientes, nosotros estábamos seguros que el Banco recibía los montos que luego debía derivar a la Caja de Previsión Social (C.P.S.). Por eso que no se había detectado la circunstancia".

Indicó que "a ciencia cierta aún no sabemos ni cuando se inició ni cuando terminó, estamos chequeando otros ejercicios, aunque sí sabemos que durante el año 2008 y 2007 se manifestaron irregularidades de este tipo".

En este contexto, el ministro relató que "es una maniobra bastante compleja, y en esto hay, por lo menos, tres instituciones que están afectadas: el Ministerio Secretaría General de la Gobernación, el Banco Santa Cruz y la Caja de Previsión Social que tampoco nunca detectó la circunstancia, porque nunca se informó sobre una diferencia en lo que le estaba llegando", por lo que indicó que la cantidad de gente que pudiese haber participado de la maniobra "surgirá a partir de los resultados de la investigación".

Otras hipótesis

La primera hipótesis de trabajo "aunque es sólo una de ellas" dijo el fiscal, deja fuera de la maniobra a personal del Banco Santa Cruz. Sin embargo, Carlos Ramos, fiscal de Estado, aseguró que los cheques con los cuales se realizaban los pagos llevaban consignada en su reverso la correspondiente imputación.

"No hemos tenido acceso a los cheques todavía" indicó el fiscal de la causa y "en principio eso no está mencionado en la denuncia" pero reconoció que si los cheques tienen inscripta su imputación "ahí tendríamos que pensar en algún tipo de participación desde adentro mismo del Banco" algo que además, de comprobarse, podría cambiar también la tipificación final del delito.

Por el momento se habla de "fraude en perjuicio de la Administración Pública, en concurso con incumplimiento de deberes de funcionario público y falsificación o uso de instrumento privado falsificado" explicó el Dr. Gabriel Giordano. Estos delitos imponen penas altas, "al menos 6 años de prisión" explicó el funcionario judicial.

Si bien inicialmente el o los imputados podrían, una vez que se les dicte procesamiento, gozar de la excarcelación, "nosotros, por la gravedad del delito, pediremos que si se contempla la excarcelación sea bajo imposición de una fuerte caución real" indicó.

Datos llamativos

Para Gustavo Martínez, para que la maniobra se lleve adelante debieron "haber varias personas que tuvieron que intervenir, pero es algo que habrá que determinar". Según pudo saber La Opinión Austral, habría al menos tres involucrados, uno de ellos empleado del área de Administración del Ministerio Secretaría General de Gobierno y las otras dos personas serían los titulares de la cuenta corriente a la que habrían sido, originariamente, desviados los fondos, por parte del primero.

Si bien en la Fiscalía aún no se cuenta con los elementos probatorios que determinen o descarten lo dicho en el párrafo anterior, ni tampoco sobre una participación interna en el Banco Santa Cruz, lo cierto es que el hecho en sí ya comenzó a traer repercusiones.

Trascendió en las últimas horas que al menos un gerente habría sido separado preventivamente de su cargo y una veintena de cajeros, que estuvieron en algún momento a cargo de la Caja para entes oficiales, han sido llamados a declarar en el sumario que la Institución Bancaria habría iniciado, puertas adentro.

Los cheques serían la clave para determinar esto. Si, como asegura el fiscal de Estado, y también aseveran desde el área del Ministerio Secretaría General, fueron librados con las imputaciones correspondientes en el dorso, tal y como corresponde, será el Banco Santa Cruz quién termine siendo el único afectado por el fraude, toda vez que, según confiaron a este medio debería reponer el dinero faltante a la Caja de Previsión Social; de lo contrario, si los cheques estaban librados al portador y sin imputación, el perjuicio terminará entre los organismos públicos afectados hasta el momento.

Otro tema que llama la atención es la actuación en todo esto de la Caja de Previsión Social, toda vez que la cuenta afectada siempre fue la misma, la que corresponde a los "ex empleados bancarios", extraña que no hubiese sido advertida la caída de aportes en esa cuenta por parte de quienes deben controlar en el organismo previsional.

Pero todo eso se develará una vez que la investigación tome vuelo propio y se puedan realizar todos los procedimientos en búsqueda de pruebas que la Fiscalía y la propia juez determinen necesarios.

El ministro Gustavo Martínez enfatizó que "lo que queremos es que la investigación se haga rápido, porque este Ministerio es el primer interesado en que esto se aclare. Nos interesa mucho, no solamente detectar a los responsables y que se aplique todo el peso de la ley, sino también evaluar mecanismos de control que fallaron para mejorar y evitar con eso que cosas como estas vuelvan a suceder", concluyó.

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