Detenidos en Tucumán por irregularidades en los planes

Los desmanejos en la entrega de planes sociales ya produjeron que dos punteros oficialistas cayeran detenidos. Hay al menos un intendente involucrado. Citarían a varios dirigentes vinculados con Alperovich.
En Tucumán, la puesta en marcha del plan Argentina Trabaja puso al descubierto numerosas irregularidades que terminaron con la detención de cuatro punteros políticos vinculados a un intendente y a un legislador alperovichista, que a cambio de incluir a indigentes en los beneficios solicitaban un porcentaje del sueldo en beneficio propio. Por estas horas, la Justicia local y federal investiga si detrás de las 250 cooperativas que se formaron para dar trabajo se esconden prácticas clientelares.

El escándalo estalló a principios de enero, cuando Verónica Pedernera denunció que Amelia Herrera, una  puntera política de Banda del Río Salí, le arrebató la tarjeta y entre amenazas le dijo que el beneficio lo iba a cobrar ella y que si quería le iba a "tirar unas monedas". Esto provocó la denuncia policial, que terminó con la detención de la puntera y de los dirigentes barriales Manuel y Guillermo Quiroga, a quienes después de sendos allanamientos se les secuestraron armas de grueso calibre, dinero y comprobantes que certificaban la extracción de efectivo de distintas cuentas bancarias por montos de $ 400.

Desde la Casa de Gobierno trataron de desvincular al gobernador José Alpervich de las prácticas clientelares que quedaron al descubierto e incluso el mismo mandatario instó a los cooperativistas a que denunciaran cualquier irregularidad. Entre otras anomalías, el senador nacional José Cano denunció que en las planillas que se presentaron para formar las cooperativas debía figurar el número de afiliado al justicialismo.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, negó que el gobierno tuviera vinculación con los hermanos Quiroga, que al momento de su detención administraban 18 comedores, pero desde la Corriente Clasista y Combativa aseguraron que "a los Quiroga les soltaron la mano".

Otro caso. La Justicia tucumana tiene en su poder la investigación sobre la denuncia presentada el último martes por Teresa del Valle Cisneros, que acusaba a la puntera política Leticia Malangoni de haberle sustraído la tarjeta de débito del plan Argentina Trabaja.

Según el relato, Malangoni, que responde políticamente al legislador alperovichista Alfredo Quinteros, la había inscripto en el plan con la promesa de conseguirle trabajo, pero Malangoni le dijo que sólo le podía dar $ 200 de los $ 1.200 porque el resto del dinero lo debía compartir con otras cinco personas.

A medida que la Justicia avanza con la investigación, comenzaron a aparecer entre los cooperativistas apellidos de legisladores e intendentes, que incluyeron entre los supuestos indigentes a familiares y amigos. En el juzgado federal no se descarta citar al legislador alperovichista Armando Cortalezzi y al intendente de Banda del Río Salí, Zacarías Khoder, para que expliquen qué vinculación tienen con María Noelia Cortalezzi y con Dora Khoder, que figuran como presidentas de distintas cooperativas.

En una recorrida que realizó PERFIL por la ciudad de Alderetes, a 16 kilómetros de la capital tucumana, algunos cooperativistas que pidieron conservar el anonimato por temor a represalias aseguraron que de las 17 cooperativas que se formaron en el municipio, hay una que está integrada exclusivamente por familiares y amigos del poder.

Otra, en cambio, absolutamente contrapuesta es la realidad que viven los indigentes en el barrio Smata II y las localidades de Alberdi, Aguilares y Concepción, donde según denunció el dirigente Juan Rodríguez, de la Corriente Clasista y Combativa, para acceder al beneficio hay que pagar un canon mensual que ronda entre los $ 300 y $ 600, que va al bolsillo del puntero político.

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