Detectan que una ONG "truchó" facturas para rendir un subsidio.

Se trata de la Asociación de Víctimas del Delito, que presidía Alejandro Gil.
La Fiscalía de Estado comprobó la adulteración de facturas en las rendiciones de un subsidio otorgado por el Gobierno a la Asociación Víctimas del Delito. La ONG surgió en 2006 tras la muerte de la ama de casa Laura Abonassar y era presidida por su viudo, Alejandro Gil, pero tras la polémica por la utilización irregular de la plata del Estado se disolvió en febrero pasado.

El organismo de control dispuso en base a las irregularidadesdetectadas que el Ministerio de Seguridad arbitre las medidas necesarias para hacer un estricto control de la rendición de cuentas presentada por la entidad y remitió compulsa penal al fiscal de delitos complejos Luis Correa Llano.

Las averiguaciones las inició el Departamento de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado ante la denuncia presentada por Daniel Coccia, vicepresidente renunciante de la Asociación Víctimas del Delito, quien manifestó "la existencia de supuestas irregularidades en los subsidios que le entregaba el Ministerio de Seguridad y en la formas de rendir los mismos como así también en el manejo de sus libros contables".

El subsidio dispuesto para la asociación civil era por 150.000 pesos. Sin embargo, el Gobierno había entregado sólo la suma de 50.000 pesos al momento de efectuarse la denuncia. La Fiscalía impidió el pago de una segunda cuota por 50.000 pesos más en momentos en que se investigaban los hechos.

Coccia denunció que habían facturas modificadas para justificar gastos y varias anomalías más.

La Fiscalía pidió copias de las rendiciones de cuentas a Alejandro Gil para ser contrastadas con la documentación que Coccia aportó (que le fueran entregadas por la tesorera de la entidad Fernanda Vega). Después de realizarse un análisis de la documentación, y al advertir la posible adulteración de facturas, se dispuso citar a los titulares de los comprobantes dudosos, determinándose las irregularidades.

Entre las atribuciones de la Fiscalía de Estado figura la de "investigar a toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos aportes estatales, al solo efecto de determinar la correcta inversión dada a los mismos, debiendo denunciar a la Justicia competente los hechos que como consecuencia de la investigación practicada sean considerados como presuntos delitos".

Por otra parte, en las conclusiones destaca que "no surgen en la investigación conductas irregulares de agentes y funcionarios de la administración pública". Pero reclama al Ministerio de Seguridad que arbitre las medidas necesarias para el control de la rendición de cuentas presentada por la Asociación Víctimas del Delito, avaladas por su titular.

Sostiene que para ello se deberá tener presente el dictamen del auditor de la Fiscalía de Estado, Américo Toledo, que objetó una parte de las facturas presentadas correspondientes a un período no incluido en el convenio celebrado entre el Gobierno y la Asociación.

Advierte además que deberá tenerse presente la forma de utilización de los fondos en relación al pago de honorarios profesionales y gastos de funcionamiento, debiendo la Asociación presentar en cada período un balance de recursos y gastos debidamente certificados por contador público nacional.

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