Detectan irregularidades en la construcción de viviendas en Salta

Detectan irregularidades en la construcción de viviendas en Salta
El informe aborda la construcción de viviendas en Salta durante el transcurso de 2006, pero fue publicado recién el 29 de diciembre pasado. La Auditoría General de la Nación (AGN), detectó serias irregularidades en las obras financiadas por Nación y ejecutadas por el Instituto Provincial de Viviendas (IPV), que conducía Rubén Fortuny.
Entre otras anomalías, el organismo de control nacional detectó diferencias entre los fondos ingresados a la cuenta del organismo y los desembolsos acreditados, discordancia de la información respecto del recupero entre diferentes áreas del

IPV, rendiciones incongruentes, la falta de control del cumplimiento de obligaciones de los beneficiarios con posterioridad a la entrega de las viviendas, demoras significativas e importantes deficiencias edilicias en las obras realizadas.

El análisis de la AGN se limitó a los casi 36 millones de pesos que la Nación le giró al IPV para la construcción de viviendas, lo que representa poco más de la mitad de los fondos con los que contó el organismo provincial a lo largo del año. Particularmente, analizó la edificación de 80 viviendas en General Güemes, de las 200 casas del barrio Los Pinares, de las 270 de Los Lapachos, de las 60 de Finca Valdivia y de las 120 de la Universidad Católica.

Irregularidades

En el informe, el organismo nacional detectó un faltante de más de 74 mil pesos, que surgen de la diferencia entre los fondos ingresados por el concepto "Construcción de Viviendas" al Banco de la Nación y registrados en la cuenta recaudadora, y los acreditados en las cuentas pagadoras.

Además, mientras el área contable del IPV le informó a la AGN que no había recupero de cuotas debido "al escaso tiempo transcurrido entre la adjudicación de las viviendas hasta la fecha", en el área de recuperos aseguraron que las cuotas habían sido efectivamente emitidas.

La Nación encontró beneficiarios que no habían pagado ni una sola de las cuotas, a pesar de lo cual el IPV no anuló la adjudicación de la vivienda. El organismo a cargo de Fortuny tampoco controló que las casas fueran efectivamente habitadas, y permitió que se les diera destino comercial, lo que está taxativamente prohibido durante la tenencia precaria.

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