Detectan graves irregularidades en el Consejo Escolar de La Plata

Detectan graves irregularidades en el Consejo Escolar de La Plata

Días atrás, el techo de la Escuela Primaria Nº 69, de City Bell, se derrumbó y puso en peligro la vida de los alumnosDías atrás, el techo de la Escuela Primaria Nº 69, de City Bell, se derrumbó y puso en peligro la vida de los alumnosDías atrás, el techo de la Escuela Primaria Nº 69, de City Bell, se derrumbó y puso en peligro la vida de los alumnos.

Se desprenden de una auditoría interna realizada por la Provincia durante el período 2015. Los resultados arrojaron dramáticas condiciones edilicias en decenas de establecimientos educativos, cuentas que no cierran por ningún lado, presuntos desvíos de fondos, licitaciones direccionadas y sobreprecios por obras mal hechas

Inconsistencias contables, presuntos desvíos de fondos, licitaciones que benefician a contratistas cuyos rubros difieren de los trabajos para los que fueron contratados, sobreprecios, falta de documentación respaldatoria y gravísimas condiciones edilicias en jardines de infantes y escuelas son algunas de las irregularidades que se desprenden de la auditoría interna que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCE) realizó en el Consejo Escolar de La Plata en marzo de este año, pero que comprenden, mayormente, al ejercicio 2015.

En el documento, al que tuvo acceso diario Hoy, sobresalen groseros problemas de infraestructura en más de una decena de establecimientos educativos de la región: los jardines de infantes 934, 933, 944, 954, 956, 902 y 925; y las escuelas ES 5, EP 76, EP 36, ANE 1 PP 30, ES 57, EE157 y EP 123.

Así, por ejemplo, en la EP 36, de calle 405 esquina 25 se detectaron sobreprecios de casi $33.000 en trabajos realizados sobre techos. Según constató la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE), se pagaron $43.000 por un “desmonte de cubierta existente y modificación de desagües”, tarea que, a valores oficiales de octubre de 2015, “no debería haber costado más de $10.405,90”. La beneficiaria de esta obra fue Melina Yasmin Hubert, monotributista e inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) bajo un rubro diferente al de la actividad para la cual facturó: “locación de servicio y servicios personales”. Su domicilio fiscal es en calle 510 entre 6 y 7, de Ringuelet, que, al igual que la ocupación que registra en la AFIP, coincide con el de otros contratistas que el Consejo platense requirió para el mantenimiento edilicio: Evelina Rocío Hubert, Omar Emilio Hubert y Norma Gladys Erhartt.

Una situación similar se dio con el proveedor José Eduardo Monteverde, inscripto en la AFIP bajo la “venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos” y “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”, pero que facturó por la “reparación o cegado de pozos”.

En tanto, sumado a estas irregularidades, la auditoría detectó que en la EP 36 “las filtraciones debajo de los arreglos mencionados no fueron solucionadas”, afectando revoques, cielorraso e instalación eléctrica, que a su vez resulta “insegura” con riesgo de “sobrecarga, falsos contactos y pudiendo generar principio de incendio”.

Confesión de partes

Como se verá, esta situación (la de pagar miles de pesos a monotributistas por trabajos mal hechos), lejos de ser una excepción de determinada escuela, es una regla que se reitera en las demás instituciones por las que el Consejo Escolar debiera velar y que sus propias autoridades reconocen.

Las miradas por el desmanejo en el órgano, que desde diciembre pasado dirige Damián Birocho, apuntan contra un hombre que viene de la gestión anterior, el secretario técnico Alberto Darhanpé, quien en diálogo con nuestro medio justificó que “como los trabajos son muy puntuales, se contrata a monotributistas de un día para el otro”.

El directivo, al que se recuerda por su frustrado paso por el Club Universitario y su malogrado intento de vender los predios de la institución, remató que el Consejo, “hablando mal y pronto, lo que hace es poner parches. Por eso, por ahí no resolvemos todo el problema”.

La regla

Como en la EP 36, en la Primaria 130 de City Bell la auditoría bonaerense halló que no se solucionaron las filtraciones de lluvia que, desde la losa, bajan hasta las aulas y galerías, pese a que se pagó un “sobretecho” por $110.000. 

En la ESS 5, de calle 531 entre 115 y 115 bis, pese a las distintas contrataciones que ganó Evelina Rocío Hubert, el agua no pide permiso para entrar en las aulas, mientras que también se advierten vigas podridas con peligro de derrumbe del techo. 

Pero el colmo se da en la EPB Nº 2, donde alumnos y maestros no están solos, porque los roedores se cuelan en la cocina y el comedor, ingresando a través de un pronunciado orificio sin tapar que la DGCE detectó debajo de la mesada. Las palomas también tienen su lugar en los tirantes del comedor, donde hacen nido.

Los más chicos, en peligro

En los jardines de infantes, la negligencia de las autoridades se torna tanto o más preocupante: en el JI 956, de calle 30 Nº 2004, los problemas de filtraciones, objeto de trabajos por $50.000 contratados a Silvia Paola Rodríguez, continuaban sin solucionarse. Por esto, el Consejo informó que se le pagaron $70.000 a Hugo Daniel Zabala para que efectivizara los arreglos mal hechos, pero personal del establecimiento aseguró que en 2015 “no se repararon cielorrasos” y que solamente se realizó “un parche con enduido”.

De similar manera, en el JI 925, de calle 116, se contrató por $93.000 a Ailén Gómez Gutierrez para la “construcción de techo nuevo” y “reparación de losa por filtraciones”, pero la lluvia seguía ingresando por el salón de música. A su vez, en el mismo establecimiento existían peligrosas fisuras en la rampa para acceso de discapacitados, en el frente del edificio.

En el JI 902, de calle 5 Nº 2015, la situación es de peligro latente, ya que la caldera no cuenta con el conducto de salida que exige el Enargas y salen por un orificio “viejo, corroído y de mayor diámetro que el correspondiente a la salida actual de la caldera, que no ventila bien”. 

La inconsistencia se repite en la EEE 517, de calle 45 entre 11 y 12, donde el Consejo autorizó el pago de $45.000 a Eduardo Javier Ferro por la instalación de un aparato calefactor al que, al momento de la auditoría, también le faltaba la salida de gas.

Una gestión floja de papeles

Entre las limitaciones que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires halló en el Consejo Escolar de La Plata durante la gestión anterior, se destaca la falta de entrega de los resúmenes bancarios de todas las cuentas corrientes administradas durante el período auditado, como así también la ausencia de documentación respaldatoria (presupuesto, cotización de empresas, contrato, acta de inicio y finalización) de las obras realizadas en los establecimientos mencionados en la página 4 y a los que, según se desprende del análisis, los consejeros escolares no visitaron en el último año siquiera para relevar el nivel de asistencia de los alumnos, control de mercadería, limpieza o condiciones edilicias.

Tal como se advierte en la auditoría, también es por demás llamativo que el órgano platense no haya solicitado la intervención de inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) para certificar las obras de mantenimiento ejecutadas en las distintas instituciones, incumpliendo así con la resolución Nº 367/03 y la HTC Nº 9/2014, del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense.

Cuentas que no cierran

Una inconsistencia sale a la luz al analizar los saldos finales de los libros contables del Ejercicio Económico 2014 con las cuentas iniciales del Ejercicio 2015, con faltantes de casi $200.000 y más de $22.000 pendientes de rendición. Por otro lado, en los registros contables se advierte un aparente desvío de $107.892 que deberían haberse destinado a la provisión de agua potable, pero que fueron pagados a Hilda del Valle Ponce para solventar gastos de flete, por el traslado del líquido a los distintos establecimientos educativos.

La lupa puesta en proveedores y licitaciones

Junto a la contratación de empresas para trabajos que distan de su razón social registrada en la AFIP y el pago de sobreprecios, la auditoría bonaerense también advirtió al Consejo que “los proveedores del Estado relevados no acreditan inscripción en el Registro de Proveedores del Estado”.

A su vez, hizo hincapié en la licitación pública de transporte terrestre para la escuela Nº 527, por $40.040, y en la que se detectó la falta de oferentes. 

En tanto, llamó la atención sobre la insólita ausencia de prórroga para la licitación de servicios sanitarios y mantenimientos atmosféricos, que databa del año 2014 sin renovación. El argumento del Consejo fue que, “como no hay oferentes en el rubro” se lo renueva en cada año lectivo. Hecho que no consta en los registros.

Algunos ilícitos advertidos por la auditoría

- Pago de $70.000 para la realización “deficiente” de un parche con enduido que no logró evitar las filtraciones de agua en el Jardín de Infantes 956

- Se abonaron $45.000 por la instalación de una caldera para la EEE 517, pero sin salida de gases

- Por defectos en la losa de la Primaria 130, se desembolsaron $110.000 para un trabajo “incorrectamente ejecutado” que no solucionó los problemas de “goteras” al “no permitir” el buen desagüe del techo

- Cuatro contratistas con el mismo domicilio fiscal fueron beneficiados con trabajos de mantenimiento edilicio, pese a que sus rubros registrados en la AFIP eran “servicios” 

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