Detectan graves fallas en el control de las obras sociales

La Sigen advierte desde hace cuatro años sobre la falta de supervisión de las prestaciones y los fondos
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano estatal encargado de controlar el desempeño de las casi 300 obras sociales sindicales, tiene numerosas deficiencias de funcionamiento y no hace controles efectivos de las prestaciones que deben dar las organizaciones gremiales.

Así surge de los tres últimos informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre el organismo, que abarcan desde mediados del gobierno de Néstor Kirchner hasta el principio del de su esposa. Durante casi todo ese tiempo dirigió la SSS Héctor Capaccioli, uno de los recaudadores de la campaña presidencial del kirchnerismo de 2007. Las irregularidades, sin embargo, continúan hasta el presente, según dijeron a La Nacion fuentes de la Sigen.

En aquel período (2005-2007) se habría registrado la mayoría de los casos de adulteración de medicamentos, según la investigación del juez federal Norberto Oyarbide. El expediente complica a varias obras sociales, en especial a la del gremio de los bancarios, intervenida la semana pasada por el Gobierno a pedido de la Justicia. El líder del sindicato, Juan José Zanola, y Capaccioli están imputados en la causa judicial y serán citados a declarar, según anticipó el magistrado.

Las anomalías detectadas por la Sigen abarcan todas las áreas de la SSS, pero se centran en las gerencias de Control Prestacional y la de Servicios al Beneficiario, las más vinculadas al funcionamiento de las obras sociales sindicales.

Alcanzan también a la de Control Económico Financiero, la que ocupó el actual titular de la SSS, Ricardo Bellagio. El funcionario había sido desplazado de la gerencia durante la gestión de Graciela Ocaña en el Ministerio de Salud, pero llegó a la cima del organismo después de que ella renunció a su cargo, distanciada del matrimonio Kirchner.

Ausencia de sanciones a las obras sociales que incumplen las reglas, falta de un control en el interior del país, tareas de campo insuficientes e inexistencia de un registro de los créditos que se otorgan a los diferentes gremios son algunas de las irregularidades detectadas por la Sigen, el órgano encargado de advertir a la Presidencia sobre el funcionamiento de las dependencias a su cargo.

"El programa de sindicatura actúa sobre aspectos formales de cumplimiento de normativa y conocimiento de datos y no incluye comprobación de la efectiva prestación de los servicios enunciados en el Plan Médico Asistencial, el Plan Superador, Preventivo, Cartillas, etcétera", dice la página 2 del informe de la Sigen referido a 2007.

"De la verificación efectuada no surge la existencia de sanciones hacia aquellas obras sociales que no cumplen con la normativa", se afirma dos párrafos más abajo.

"No se encuentran actualizados los registros contables respecto del rubro créditos, lo que no permite realizar un seguimiento y recupero de esos fondos", se señala en la página 7.

Las objeciones se reiteran casi con las mismas palabras en los documentos publicados por la Sigen en noviembre de 2006, julio de 2007 y julio de 2008.

Se trata de informes de control interno que evalúan la fiscalización interna del organismo. En los escritos se señala "un nivel bajo de receptividad por parte de las autoridades de la SSS frente a las recomendaciones vertidas por el órgano de control".

Larga data

El descontrol interno de la SSS parece propio de su historia. El último análisis que la Auditoría General de la Nación (AGN) hizo sobre el organismo, publicado en 2008 y referido a 2002, ya señalaba diversas irregularidades: baja registración de los contratos entre las obras sociales y los prestadores, presencia mínima de la SSS en el interior del país y ausencia de acciones tendientes a efectivizar el cobro de las sanciones impuestas a las organizaciones gremiales.

Las fallas en el mecanismo de sanciones también saltan a la vista al analizar la cantidad de castigos impuestos en los últimos años. Entre enero de 2006 y diciembre de 2008, la SSS sólo impuso 13 sanciones a la misma cantidad de obras sociales sindicales. En los primeros 6 meses de 2009, tras la salida de Capaccioli y la asunción de Juan Rinaldi, las multas alcanzaron 97, que recayeron sobre 57 organizaciones gremiales.

En la gestión de Rinaldi, un ex aliado del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que después se alejó del camionero y se alineó con Ocaña, se hicieron 18 denuncias penales por las irregularidades en los traspasos de una gestión a la siguiente.

Los informes de la Sigen habían objetado "la falta de una estrategia judicial viable para el recupero de acreencias por aportes voluntarios a favor del organismo".

Las irregularidades también afectan temas internos, como las contrataciones que se hacen en la Superintendencia.

"Se observó en varios expedientes la venta de pliegos por $ 10, $ 20 o $ 50, siendo que la normativa vigente prevé que los pliegos de bases y condiciones se suministren en forma gratuita", dice el último informe de la Sigen.

A la derecha de cada uno de los cuestionamientos hay un espacio dedicado a detallar las acciones encaradas para corregir las irregularidades. En todos ellos figura la misma y lapidaria frase: "Sin acción correctiva".

Un movimiento multitudinario de fondos, investigado por la Justicia

$ 938

Millones

* Es el presupuesto asignado este año sólo para la APE, el organismo encargado de asistir a las obras sociales sindicales para tratamientos especiales (como cáncer o sida).

$ 208

Millones

* Es el monto de lo que deberían haber devuelto al Estado las obras sociales sindicales porque no presentaron recibos ni justificativos de ningún tipo que demuestren en qué usaron los fondos.

13

Multas

* En más de tres años, en los que la Sigen descubrió un claro descontrol en las obras sociales sindicales, ésa fue la cantidad de apercibimientos que envió la Superintendencia de Servicios de Salud. Pese al bajo número, tampoco hubo seguimiento para cobrarlas.

La mafia de los medicamentos

* La causa que expuso a la luz pública las irregularidades en el manejo de las obras sociales sindicales investiga la complicidad entre algunas de esas organizaciones y droguerías que venden medicamentos adulterados, falsos o vencidos. La obra social más complicada es la Bancaria, cuyo principal centro de salud fue allanado dos veces (foto) y se encontró allí gran cantidad de remedios falsos, según dijo el juez Norberto Oyarbide.

Denuncias cruzadas por los medicamentos

* Allegados al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) Juan Rinaldi negaron que durante su gestión se hubieran reducido los controles sobre los medicamentos falsos, como denunció el Sindicato de Bioquímicos y Farmacéuticos. La cuestionada resolución 43/09 de la SSS, que eliminó la obligación de las farmacias a inscribirse en un registro nacional, apunta, según se señala en sus considerandos, a descentralizar la fiscalización y a evitar una superposición de controles. La misión de la SSS es auditar las prestaciones de las obras sociales y no las farmacias, según explicaron las fuentes.

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