Detalles de la charla sobre el IPS

El jueves 5 por la noche se realizó en el Centro de Jubilados y Pensionados una charla sobre la situación del Instituto de Previsión Social (IPS). Expuso el diputado provincial por Coalición Cívica Juan Carlos Juárez, oriundo de Luján e integrante de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados de la Provinci.
Estuvo acompañado por el senador Andrés Antedoménico. La idea fue explicar los alcances de los cambios que introdujo la provincia en el sistema de IPS y que produjeron inquietud en los empleados y jubilados del Estado provincial.

La presentación estuvo a cargo de Maria Eva González en nombre de la entidad convocante y de sus afiliados de San Antonio de Areco. González explicó los motivos de la conferencia y agradeció la presencia de los expositores y de más de 120 personas- jubilados, activos, asesores, gestores, gremialistas y vecinos- que colmaron el salón del Centro de Jubilados.

El senador Antedoménico expresó que “debemos defender el IPS que es nuestra caja, nuestro sistema de reparto, el mejor del país y que funciona muy bien, entre todos no como un bastión político”. Luego de presentar al diputado Juárez, Antedoménico concluyó que este trasmitiría la situación del IPS “sembrando para esta y otras situaciones de forma despolitizada como que se trata de una cuestión de Estado”.

Juárez explicó la historia reciente y dijo que en 2007, revisando, se encontraron con que en octubre de 2006 la Provincia, admitiendo su déficit financiero y económico, firmó con Nación el Convenio 400, pero que no fue ratificado por la Legislatura.

La Provincia, que no recibe la coparticipación que corresponde y arrastra esa deuda, recibió en 2003 una transferencia de 500 millones de pesos de ANSeS bajo el pretexto de déficit del IPS, lo que no es cierto, ya que tiene 2500 millones de superávit gracias a una buena administración y control de aportes de municipalidades y del estado provincial.

El convenio 400 es tramposo porque los fondos que giraría no tienen destino determinado. Además, conlleva el compromiso de la Provincia de armonizar el sistema con la Nación- obligación impuesta por los organismos financieros internacionales, lo que significa hacerlo similar al ANSeS-. Así, la edad de retiro se unificaría en 60 y 65 años para mujeres y varones y habría una pérdida de la movilidad de lo recibido por los jubilados. Sin esto, quien en actividad recibía $2.000 pesos y al jubilarse en la provincia cobra $1.400 o $1.600, pasaría a percibir $ 1.000 y así en todas las escalas de sueldos al retiro.

Ese convenio fue firmado por la Capital Federal y casi todas las provincias han tenido consecuencias nefastas.

Más adelante, el Gobernador propendió, mediante la llamada Ley de Reordenamiento Financiero Previsional, modificar el estatus jurídico del sistema, lo que logró abortarse y mediante una campaña de esclarecimiento suspender el tratamiento de la ley.

Pero se suponía que de alguna manera llegaría el zarpazo.

Con artilugios y picardía, el Poder Ejecutivo provincial incorporó en el Presupuesto 2009 el articulado completo de ese proyecto de ley, que implica la pérdida de autonomía de IPS y habilita al gobernador a usar sus fondos, condonar su deuda y cambiar sus fondos por títulos públicos con un interés anual mínimo y renovarlos si no se pueden cambiar bonos por dinero en término.

Sabiendo que esa armonización lleva a que los jubilados cobren la mínima remuneración como ocurre en el 70 % de los pertenecientes al sistema nacional es que Juárez manifestó que dejó en manos de Roberto Rozzolino un modelo de presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia que pide la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del Presupuesto con una medida cautelar.

El plazo para la presentación vencerá el 12 de marzo y contempla accionar también por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad en función de que los fondos que pertenecen a seguridad social no pueden tener otro destino por ser fondos efectivos para un fin determinado.

Mediante estas charlas ilustrativas los legisladores pretenden alertar a los representantes gremiales para que defiendan los derechos adquiridos de sus afiliados.

Juárez- y también Antedoménico- prometieron que seguirán trabajando con la permanente insistencia de Margarita Stolbizer.

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