Luis Francisco Miret, hasta este viernes juez camarista federal de Mendoza, quedó destituido de su función luego de que el Jury de Enjuiciamiento entendiera que había incumplido con sus funciones; que no investigó cuando debió casos de secuestros y torturas; que faltó a la responsabilidad de su cargo, y que con esa actitud pasiva colaboró para que llevaran a cabo delitos de lesa humanidad. Miret es el primer magistrado de la Nación removido por estar vinculado directamente con causas de la última dictadura militar y el periodo que precedió al golpe de Estado del 24 del 1976.

El ahora ex camarista llegó a este punto luego de ser denunciado por organismos de Derechos Humanos como uno de sus jueces que con su accionar colaboró con el aparato represor que actuó en nuestro país entre 1975 y 1983. Sobre él pesaban cargos por no haber investigado denuncias concretas de detenciones ilegales y torturas; por haber ignorado que una de la personas secuestradas por los grupos de tareas de las fuerzas de seguridad era menor de edad; por no iniciar una causa cuando se le informó que esa menor de edad había sido violada; por archivar un expediente relacionado con la sustracción de un bebé, y por haber beneficiado al General Juan Pablo Saá (una de las caras de la dictadura en Mendoza) en el proceso de los juicios por la verdad.

De entrada, el tribunal dejó en claro que la primera acusación era válida y suficiente para echar a Miret del Poder Judicial de la Nación. Y una vez de acuerdo en ese punto, el resto de los integrantes del Jury decidieron hacer un análisis más detallado de la prueba, aunque jamás, en ningún momento, se deslizó la posibilidad de hacer zafar al mendocino de su destino final: la destitución.

En todos los casos mostraron conclusiones disímiles, salvo en la investigación por el abuso sexual sufrido por Luz Faingold. Menos Daniel Katz, los integrantes del tribunal (Carlos María Bossi, Juan Manuel Cano, Eric Calcagno, Jorge Landeau, Alejandro Tazza y Verónica Pedrotti) fallaron a favor de la destitución del camarista porque, argumentaron, la violación era parte de las torturas a las que eran sometidos los detenidos.

En las otras acusaciones, sólo Landeau y Calcagno (la pata ultrakirchnerista del jurado) votaron a favor de la remoción.

Miret no vino a Buenos Aires. Este medio intentó comunicarse con él, pero su hija aclaró que no estaba dispuesto a hablar. Decidió recluirse en su casa, enterarse de la noticia por teléfono, comprender que ya no tendrá beneficios como ex magistrado federal y así evitar el papelón y el escrache.Se quedará a esperar el avance de la causa penal que hay su contra por los mismos motivos.

De todos modos, su presencia no hubiese modificado mucho el clima frío que se vivió en la sala de debate del Jurado de Enjuiciamiento. No hubo militancia, no hubo cánticos ni reacciones luego de la lectura de la sentencia. Muy poca respuesta frente a una noticia tan importante a nivel institucional. El festejo por parte de quienes impulsaron la causa fue, en todo caso, de puertas hacia adentro.

La principal acusación, es no haber investigado tres casos de secuestro y torturas ocurridas entre septiembre y octubre de 1975 en Mendoza durante el gobierno de Isabel Perón. Uno de esos casos fue el de Luz Amanda Faingold Casenave, una joven de 17 años que fue violada en la D2 de esa provincia, y que prestó testimonio contra Miret. También está acusado por haber aplicado en 1987 la Ley de Punto Final para archivar la causa por la desaparición de Alfredo Manrique y Laura Terrera y la apropiación de su hija, Rebeca, cuando la norma no permitía la amnistía para el robo de bebés. El último cargo es por no haberse apartado en 2007 en un juicio contra el jefe de la VIII Brigada de Montaña de Mendoza, Juan Pablo Saá, con quien reconoció mantener una relación de amistad.