Destinarán $120 millones a Educación, el área de mayor conflictidad porteña de 2008

En los fondos de las quiebas, Maucio Macri encontró la manera de obtener nuevos recursos para una de las áreas que más conflictos le ha creado este año.
Los fondos de las quiebras son depositados judicialmente una vez que se liquidan las firmas y se reparte el dinero para los pagos correspondientes. La Ciudad de Buenos Aires hasta ahora no había recurrido al uso de ese dinero.

Actualmente en el Banco Ciudad de Buenos Aires, donde se hacen los depósitos judiciales, existe una partida de entre $120 millones y $150 millones que, tras la aprobación de la norma utilizará la administración de Mauricio Macri para una de las áreas que más conflictos le ha creado este año.

La norma dispone su aplicación a los procesos de quiebra tramitados ante los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial con sede en la Capital Federal y también se considerará "a aquellos procesos finalizados en los cuales existan dividendos vacantes o caducos sin haber sido percibidos en la oportunidad legal".

A la vez la ley obliga al Banco porteño a que, en aquellos procesos de quiebra en los que existan dividendos vacantes, lo comunique a la Procuración General del distrito.

La Legislatura trató ayer este proyecto en el recinto para que "los dividendos concursales vacantes o caducos", previstos en las leyes nacionales que regulan las sociedades comerciales, "sean girados a favor del Ministerio de Educación" de la Ciudad de Buenos Aires "o dependencia que en el futuro la reemplace, con exclusivo destino al fomento de la educación común".

A la vez los jueces y síndicos competentes deberán denunciar la existencia de ese tipo de fondos para que los mandatarios de la Ciudad intervengan para proteger los dividendos a favor del distrito.

Esos mandatarios serán designados por la Procuración General, dependencia que será la encargada de localizar los expedientes de las quiebras con dividendos vacantes para solicitar su reapertura y promover la resolución, si corresponde de la caducidad del dinero para ser transferido finalmente al Gobierno porteño.

"La nueva norma nos permitirá reclamar los fondos remanentes de quiebras de sociedades y personas físicas que hasta el momento tenían un destino público incierto", sostuvo el legislador de PRO Gerardo Ingaramo en referencia a la ley de su autoría sancionada ayer en el recinto. "Se trata de $120 millones que se encuentran depositados en el Banco Ciudad", aclaró el diputado.

"Esta herramienta nos permite avanzar en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y fortalecer nuestro presupuesto para contribuir a la Educación Pública", sostuvo Ingaramo.

"La ley de quiebra que regulaba los dividendos caducos era imprecisa en cuánto a qué agente público u organismo se les asignaría, por la difusa mención mediante la cual serían destinados al Patrimonio Estatal", afirmó el legislador y agregó que "mediante la nueva norma la Ciudad reclama estos fondos para hacerse cargo del fomento a la Educación, tal como lo prevé tanto la Constitución Nacional como la porteña".

# PROYECTO DE LEY

Capítulo I.

De los Dividendos Concursales Vacantes.

Artículo 1º.- Concepto. Los dividendos concursales vacantes o caducos previstos en el artículo 224 de la ley 24.522 y sus modificatorias deberán ser girados a favor del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o dependencia que en el futuro la reemplace, con exclusivo destino al fomento de la educación común.

Los dividendos que hayan quedado vacantes bajo la vigencia de la ley Nº 19.551 y modificatorias tendrán idéntico carácter.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. La presente Ley se aplicará a los procesos de quiebra tramitados ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cualquiera sea el marco normativo bajo el cual se hubieran devengado, se aplicará asimismo, a aquellos procesos finalizados en los cuales existan dividendos vacantes o caducos sin haber sido percibidos en la oportunidad legal

Capítulo II.

Procedimiento para la percepción de dividendos vacantes.

Articulo 3º.- Modos de informar la existencia de dividendos vacantes. Sin perjuicio que la caducidad del derecho del acreedor deberá ser declarado de oficio y comunicada por el juzgado interviniente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trámite podrá también ser iniciado por intermedio del agente encargado de la revisión de cuentas en los procesos de quiebra que asigne el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 4°.- Deber de información. En aquellos procesos de quiebra en los que existan dividendos vacantes, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, deberá comunicar a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la existencia de fondos en estado de vacancia.

Artículo 5°.- Obligación legal. Los jueces y síndicos competentes deberán denunciar la existencia de dividendos vacantes a fin que los mandatarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomen la intervención en orden a proteger los intereses enunciados en ésta ley, conforme los principios enunciados en el segundo párrafo del artículo 224 de la ley 24.522.

Artículo 6º.- Deber de denuncia.- Los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran obligados a denunciar existencia de dividendos vacantes o caducos que por cualquier motivo hubieran tomado conocimiento de los mismos.

Capítulo III.

De la representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 7.- Mandatario. Cualquiera fuere la modalidad por la que se hubiera puesto en conocimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la existencia de dividendos vacantes, la Procuración General designará un representante que inste todas las acciones necesarias para la remisión de los mismos al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 8.- Representación. La Procuración General deberá arbitrar los medios necesarios para realizar las siguientes gestiones:

a) Localizar físicamente el expediente de quiebra en el que se hayan registrado dividendos vacantes, promoviendo en su caso el desarchivo de las actuaciones en orden a efectuar las peticiones pertinentes.

b) Instar al Tribunal en el supuesto en que éste no lo hubiese efectuado de oficio, al pronunciamiento de la caducidad del dividendo, debiendo notificar en su caso a los interesados, y eventualmente hacer valer los derechos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lograr la aplicación y adecuada interpretación de este texto legal.

c) Una vez dictada dicha resolución, sustanciados los recursos si hubiere oposición y firme la misma, deberán confeccionar los oficios de transferencias de los dividendos vacantes a la cuenta que disponga el Ministerio de Hacienda a cuenta y orden del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismo que en el futuro lo reemplace.

d) En el supuesto de que el juzgado interviniente hubiese dispuesto de oficio la entrega de fondos de manera incompatible con las disposiciones de esta ley, deberá hacer valer los derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuando todas las gestiones que fuesen menester para lograr la adecuada aplicación e interpretación de ese texto legal.-

Artículo 9.- Remuneración. Por la labor mencionada, los mandatarios tendrán derecho a percibir una remuneración adicional a su remuneración normal, habitual, ordinaria, mensual, no superior al tres por ciento (3%) del dividendo obtenido, una vez que estos dividendos hayan sido ingresados efectivamente al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El adicional deberá ser fijado por el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inicio de cada ejercicio fiscal.

Artículo 10.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo, a través de la Procuración General, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, quedando facultado para dictar normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias.

Artículo 11.- Comuníquese, etcétera.

FUNDAMENTOS

Sra. Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de someter a la consideración y aprobación de esa Legislatura el presente proyecto de Ley por el cual se propicia establecer normativamente cual es el tratamiento que deberá darse a los dividendos vacantes producidos en los procesos falimentarios.

Existen numerosos antecedentes tanto en el ámbito nacional -verbigracia Leyes Nº 14.323 y Nº 17.603 - como en el ámbito de nuestra comuna -Ley Nº 52- referidas a las herencias vacantes y la incorporación de los bienes que se encontraban en tal estado al patrimonio estatal en orden a fomentar la educación común.

Ya con la reforma constitucional del año 1994, la Ciudad de Buenos Aires obtuvo status jurídico de gobierno autónomo al establecer la Carta Magna la facultad que esta Ciudad Autónoma tiene la prerrogativa de establecer el régimen propio a tal efecto (art.124), como asimismo de promover, entre otras actividades, el fomento de la educación común (art. 125 inc. 2º apartado C.N.), consagrándose la forma autónoma de gobierno en el art.129 de la Carta Magna.

En virtud a las mencionadas atribuciones de raigambre constitucional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgó la Ley Nº 52 que legisla sobre herencias vacantes para que, el producido de los bienes incorporados en dichos sucesorios, ingresen al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de sus facultades de promover, sostener y fomentar la educación de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a partir de la transferencia de servicios educativos por parte de la Nación a las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la promulgación de la Ley Nacional Nº 24.049.

Advirtiendo en consecuencia, este legislador la existencia de una situación que guarda bastante analogía al supuesto de herencias vacantes con destino al fomento de la educación común, como son los saldos liquidados a acreedores en procesos de quiebra que no se han presentado a su cobro, y que por tanto la Ley Nº 24.522 - ya lo hacía también su antecesora la Ley Nº 19.551 - reputa como "caducos" a favor del patrimonio estatal en orden al fomento de la educación común, se eleva el presente proyecto que pretende establecer el régimen normativo para que esos fondos efectivamente ingresen al patrimonio de la Ciudad .

En ese orden de ideas se le asigna a los dividendos mencionados precedentemente, el carácter de sumas disponibles en razón del evidente desinterés de sus beneficiarios y la pertenencia de los bienes vacantes al Estado según lo establece el artículo 2342 del Código Civil (junto a los bienes mostrencos), a los efectos de ser imputadas de la forma que lo predica la Ley Nº 24.522 y las normas superiores de rango constitucional tanto del ámbito Nacional como las propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tal sentido, debe afirmarse que a partir de la reforma constitucional de 1994, se delega al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de asumir, promover y fomentar la educación en el ámbito de su jurisdicción, y por consiguiente de utilizar esos fondos para cumplir con dicha manda constitucional, receptada asimismo por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Capítulo III, artículos 23 y 24.

Consecuentemente, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta competente para el reclamo de dichas sumas con imputación al fomento de la educación común, en tanto ser ésta una atribución de raigambre constitucional concedida por el art. 125 de la Carta Magna, y en ejercicio de su vocación de legislar en el ámbito de su jurisdicción según la expresa prerrogativa emanada del art. 129 de la Constitución Nacional, que reconoce como antecedente la Ley Nacional Nº 24.049 de transferencia de los servicios educativos de la Nación a los gobiernos de las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo la Ley Nacional de Educación 26.206 establece en sus disposiciones generales (art.12) que tanto el Estado Nacional, la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera concertada y concurrente son los responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional, puntualizando que el Estado Nacional crea y financia las Universidades Nacionales, mientras que a su vez el art. 121 en cuanto a las facultades específicas de las Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece como deber a cargo de éstas jurisdicciones “planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo en su jurisdicción...”

Lo señalado precedentemente, redundará con absoluta evidencia en beneficio de la comunidad toda al permitir un acrecentamiento de las partidas presupuestarias asignadas a la educación, quedando sujeta su asignación y utilización al debido ejercicio de contralor por parte de los organismos pertinentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, siguiendo el esquema de la Ley Nº 52 respecto a herencias vacantes, se pretende incentivar al público en general para que denuncien las situaciones de dividendos caducos, estableciendo una compensación que inste a la promoción de las denuncias pertinentes.

Tal proceder se aplica en forma similar al caso de las herencias vacantes, en las que existe una multiplicidad de bienes sin proceso sucesorio dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurriendo lo mismo con la existencia de gran cantidad de trámites de quiebra abiertos con anterioridad a la promulgación de esta ley en los juzgados ordinarios en lo comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos de los cuales se encuentran en estado de archivo, dificultándose en consecuencia el acceso oficioso a tales expedientes.

El proyecto asimismo instituye sistema de información que recae en cabeza de todos los funcionarios del Gobierno la Ciudad, encontrándose obligados a denunciar la existencia de dividendos vacantes o caducos que por cualquier motivo hubieran tomado conocimiento.

Asimismo, se establece en similar sentido el deber para los jueces y síndicos competentes de denunciar la existencia de dividendos vacantes a fin que los mandatarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomen la intervención en orden a proteger los intereses enunciados en el proyecto de ley, conforme los principios enunciados en el segundo párrafo del artículo 224 de la ley 24.522.

A los fines de dotar al procedimiento de efectividad y concreto recupero de los montos incluidos dentro de estos conceptos el proyecto prevé la designación específica y concreta de un representante a fin que inste la totalidad de las acciones que sean necesarias para la incorporación efectiva de tales montos al patrimonio estatal.

Con el objeto de mejorar el sistema reinformación, se establece en el proyecto que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires - en el marco de confidencialidad propio de las operaciones financieras pasivas que se desarrollan en las cuentas de los procesos de quiebra – deberá comunicar las circunstancias a las que tome conocimiento referentes a los dividendos caducos o vacantes y solicitar la implementación de los medios necesarios para arribar al conocimiento de tales expedientes con dividendos vacantes en orden a la importancia institucional que se le asigna al recupero de fondos con destino a la educación común.

Los mandatarios encargados de instar el trámite de traspaso de fondos al erario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrán derecho a percibir un adicional a su remuneración normal, habitual, ordinaria, mensual en orden a promover la adecuada gestión de recupero, no superior al 3% sobre los importes ingresados por éste concepto, posibilitando sufragar costos de infraestructura y recursos humanos en relación a la magnitud y significación de los procesos de quiebra, siendo este adicional a la remuneración razonable frente a las pautas arancelarias locales aplicables a la retribución de los mandatarios que actúan en el ámbito contencioso administrativo de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

En atención a las consideraciones expuestas y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se somete a la consideración de esa Legislatura el presente proyecto de ley.

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