El gobierno de María Eugenia Vidal promulgó el 15 de junio de 2017 la adhesión de la Provincia a la ley Nacional de Contratos de Participación Pública – Privada (PPP), la cual fue había sido aprobada en la Legislatura en mayo de aquel año. 

No obstante, la polémica normativa aún no había sido reglamentada, hecho que recién ocurrió este lunes al ser publicada en el Boletín Oficial ante el freno a la obra pública anunciado por el Gobierno nacional tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Dicha norma debe ser reglamentada para resultar plenamente aplicable en el marco de la Provincia de Buenos Aires de modo efectivo y eficiente” y “que a tal fin, es preciso designar al Banco Provincial de Inversión Pública (BAPIN) como ventanilla de ingreso de todo contrato a ejecutarse bajo la modalidad prevista en la Ley N° 14.920”, reza el decreto publicado en el Boletín Oficial de este lunes.

Asimismo, en la resolución se propició la creación, en el ámbito de la Dirección Provincial de Inversión Pública y Participación Público Privada, “del Banco de Proyectos de Participación Público-Privada” y los requisitos necesarios para la instrumentación de los proyectos bajo esta modalidad a desarrollarse en el ámbito municipal.

En este sentido, los distritos que realicen obras o presten servicios que se vinculen con leyes o planes provinciales bajo la modalidad PPP, “deberán gestionar la autorización ante la Autoridad de Aplicación o proceder a convenir con ella las coordinaciones necesarias”.

Cabe recordar que las PPP, son un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del Estado es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos. Además, el acuerdo regula las responsabilidades de ambas partes y la remuneración que va a recibir el privado por tomar esa responsabilidad.

Si bien la Provincia adhirió a la Ley nacional en mayo del año pasado y fue promulgada por la Provincia al mes siguiente, la normativa recién fue reglamentada un año más tarde, por lo que recién ahora comenzará a funcionar en territorio bonaerense.

La decisión, se estima, fue tomada a partir del anuncio del Gobierno nacional de frenar nuevos proyectos de obra pública ante el ajuste que se llevará a cabo tras firmar el millonario préstamo con el FMI.