Un despido agrava la crisis del gremio municipal

La Justicia Federal revocó la medida cautelar que el 30 de diciembre había posibilitado que Acosta se hiciera cargo del sindicato.
Las controversias y pujas y los avatares judiciales siguen marcando, como sucede desde hace cinco años, la vida interna del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

El 30 de diciembre, Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, dictó una medida cautelar que, en los hechos, permitió que Osvaldo Acosta asumiera al frente del SOEM tras una larga polémica que se remonta al 20 de diciembre de 2005, cuando el dirigente se impuso en las elecciones celebradas por el gremio.

La toma de posesión por parte de Acosta fue posible porque Racedo había ordenado el desalojo de la comisión directiva que hasta entonces encabezaba Modesto Suárez, titular de la lista que fue derrotada en 2005.

Racedo intervino porque Acosta había interpuesto una acción de amparo contra la decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación con el fin de que se hiciera efectivo el resultado de los comicios y para que pudiera asumir.

En el medio, en la órbita provincial, el 19 de octubre la Corte Suprema de Justicia había avalado el triunfo de Acosta (lista Azul y Roja) por 930 votos contra los 819 sufragios de su inmediata seguidora (la Celeste), encabezada por Suárez, en el marco de una causa abierta a raíz de la acción de amparo electoral promovida -por supuestas irregularidades durante los comicios- por las listas Celeste y Amarillo Oro.

Enredo judicial

Ayer, sin embargo, Racedo hizo lugar a los pedidos de revocatoria y de levantamiento de la medida cautelar que Suárez había solicitado contra la orden dictada el 30 de diciembre, que había posibilitado la asunción de Acosta.

Suárez esgrimió que Acosta no está legitimado para solicitar que se lo reconozca como titular del SOEM, porque, precisamente, no reviste el carácter de afiliado. Esto, dado que el 13 de octubre de 2009 fue cesanteado de la Municipalidad de la capital, razón por la que no es empleado, condición que exige el estatuto del SOEM para pertenecer a dicha entidad como afiliado.

Como consecuencia, Racedo libró un oficio a la Municipalidad, cuya Dirección de Recursos Humanos informó que, efectivamente, por medio del decreto Nº 3.926/SOSP/09, Acosta fue dado de baja del plantel de empleados.

Asimismo, el juez subrogante corroboró que, en virtud del artículo 10 del Estatuto Gremial del SOEM, "surge que, en la actualidad, Acosta no reviste la calidad de empleado municipal que este exige para pertenecer a la entidad como afiliado".

Cuando en la causa se le corrió vista del pedido de Suárez, Acosta había esgrimido que, si se produce la pérdida de la condición de afiliados de los trabajadores comprendidos en el artículo 40 de la Ley 23.551 o de Asociaciones Sindicales (cargos de delegados y/o funcionarios), hipótesis en la que se encontraría él, estos pierden la tutela un año después de que se produce la pérdida.

No obstante, Racedo recordó que el artículo 48 de la Ley 23.551 establece como excepción (a ese término de un año en que se conserva la tutela gremial) que medie un despido con justa causa. Por eso, concluyó: "la lectura del acto administrativo por el cual se dispone la cesantía de Acosta refiere que tal decisión se habría fundado en un hecho disciplinario motivante de una presunta justa causa, que habría conducido al ente comunal a ordenar el cese del agente, circunstancia a la que no puede sino adjudicársele los alcances propios de todo acto administrativo; esto es, presunción de legitimidad y ejecutoriedad, efectos y atributos que habrán de subsistir entre tanto no medie una decisión administrativa o jurisdiccional contraria y/o suspensiva del acto".

Tras señalar que Acosta, cuando solicitó la medida cautelar no hizo ninguna referencia a la operatividad de las garantías que tutelan la actividad sindical, Racedo dejó sin efecto la orden cautelar por entender que han variado las circunstancias que habían posibilitado su dictado en diciembre.

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