Despiden los restos de los Pomar y siembran dudas en los rastrillajes

Las cuatro víctimas fueron inhumadas en el cementerio de Pergamino. En medio del dolor, la Policía admitió que hubo fallas en los operativos. Y otros dos jefes fueron desplazados.
Dolor. María Cristina, mamá de Gabriela Viagrán, sale de la cochería junto a su hijo y su hermana. Horas después inhumaron los restos de la familia Pomar.

Debería haber ocurrido al menos veinte días atrás pero, por negligencia, torpeza o falta de capacitación policial, sucedió recién en la tarde de ayer: familiares y amigos de los Pomar por fin pudieron dar el último adiós a Gabriela, Fernando, Candelaria y Pilar, quienes, con su "misteriosa desaparición", intrigaron al país entero y pusieron a trabajar a toda la Policía. Fue en el cementerio Parque la Merced de Pergamino, donde se realizó una breve misa y la posterior inhumación de los restos del matrimonio y sus dos pequeñas hijas.

Si bien así se cierra un agónico capítulo en esta historia, ahora se abre un nuevo abanico de interrogantes, todos ellos sintetizables en una pregunta: ¿Cómo es posible que en 24 días, y con 30 mil efectivos abocados al caso, no haya sido posible encontrar un auto que había volcado a apenas setenta kilómetros de Pergamino y que esperaba ser descubierto a escasísimos veinte metros de la ruta 31, que, según datos recientes, había sido rastrillada al menos seis veces?

Investigación fallida. Las primeras contradicciones comenzaron minutos después del hallazgo: el comisario inspector Juan Carlos Ruiz, jefe de la Distrital de Salto, aseguró haber sido él quien encontró los cuerpos, pero varias versiones extraoficiales hablan de un baqueano que se habría topado con el Fiat Duna rojo mientras trabajaba en el campo. "Es mentira, si alguien vio los cuerpos, que se acerque a la fiscalía y lo declare", se defendió el funcionario, ahora desafectado de la fuerza, en diálogo con PERFIL.

La falta de precisiones sobre quién dio con los Pomar no pasaría de ser una anécdota si no se sumara a una larga lista de contradicciones en torno a los supuestos rastrillajes sobre la ruta 31 y sus alrededores. "Si hubieran rastrillado, no hay chance de que no dieran con los cuerpos", fue la categórica respuesta de las fuentes consultadas por este diario, incluso la del propio Ruiz, quien explicó que los rastrillajes se hacían "a bordo de un móvil, con el jefe de la patrulla rural al mando".

"Mi directiva era que revisaran en el monte, las banquinas y las cunetas, pero es evidente que no bajaron del auto. Yo lo hice y los encontré", explicó, y aclaró que en ningún momento contaron con caballos o perros para colaborar en la búsqueda, a pesar de que Paul Starc, subsecretario de Investigaciones, había asegurado que todos los recursos humanos y monetarios habían sido puestos a disposición de la pesquisa. Algo similiar interpretó el ahora ex jefe de Investigaciones, Antonio Torreira, quien admitió ante este diario que "las actas de los rastrillajes están, pero es evidente que no se hicieron de forma completa". La Distrital de Salto tampoco contó con la colaboración de los bomberos para rastrillar a pie la ruta, una ayuda necesaria teniendo en cuenta que, entre caminos alternativos y rutas, debían recorrer más de 600 kilómetros. Osvaldo Loris, jefe de Bomberos de Salto, admitió que sólo fueron convocados para el rastrillaje por el río Arrecifes, y que en ningún momento vieron rastrillajes a pie. "La zona en la que se encontró el auto no es de difícil acceso, con un rastrillaje a pie bien hecho hay que encontrarlos", aseguró ante PERFIL.

En tanto, el ahora desplazado jefe de la DDI de Pergamino, Julio Golpe, también reconoció fallas en la investigación ante PERFIL :"Yo no descarté nunca ninguna hipótesis, pero si durante 15 días te repiten que no hubo ningún accidente, nuestra obligación es avanzar hacia otros rumbos".

Ahora Asuntos Internos, que ya decidió separar a seis funcionarios –Martín Herrera, subjefe de la DDI de Pergamino y otro agente de apellido Barrera fueron los últimos en recibir la mala nueva–, deberá establecer el grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los funcionarios implicados en la, obviamente, fallida investigación

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