La despenalización del consumo divide a los candidatos

Desacuerdos ante el próximo fallo de la Corte
En medio de una campaña electoral en la que los desacuerdos son moneda corriente, los principales candidatos a legislador nacional tampoco coinciden en cómo resolver el problema social que hoy representa la drogadicción.

Las diferencias, incluso entre los postulantes de un mismo partido, se hacen más evidentes ante el fallo que prepara la Corte Suprema de Justicia para permitir, según trascendió, la tenencia de drogas para consumo personal.

Esa sentencia provocará la necesaria intervención del Congreso para redefinir la ley antidrogas (N° 23.737) y adecuar la norma a la decisión del máximo tribunal.

El debate implica también afrontar una problemática que provoca en la Argentina pérdidas estimadas en $ 3154 millones, si se toman en cuenta el ausentismo laboral de los consumidores de drogas, el costo de atención de éstos y el gasto directo de las administraciones nacional y provinciales, según un trabajo de la Sedronar realizado en 2006.

En el Frente para la Victoria conviven la propuesta contra la despenalización de Daniel Scioli con el visto bueno de Néstor Kirchner para que el Gobierno prepare e impulse un proyecto de ley despenalizadora y con la posición favorable de Carlos Heller a quitar las penas, por considerarlas inconstitucionales.

El candidato bonaerense de Unión Pro Francisco de Narváez critica el hipotético fallo de la Corte, y su aliada porteña Gabriela Michetti considera que no están dadas las condiciones para una despenalización de la tenencia de drogas porque el Estado carece de capacidades para dar respuestas a los consumidores y para evitar la expansión de la oferta y la demanda, posición similar a la que sostiene su compañero partidario Esteban Bullrich.

En el Acuerdo Cívico y Social, la candidata bonaerense Margarita Stolbizer adhiere a no criminalizar a los consumidores y Alfonso Prat-Gay también considera inconstitucional penar a los adictos, aunque cree que éste puede no ser el mejor momento para avanzar en esa dirección.

El consumo de drogas no está penado en la ley argentina, lo que se castiga es la tenencia de la sustancia ilegal. Es una diferencia que permite a un adicto presentarse en un centro médico sin obstáculos judiciales. Distinta es la situación si a la persona se le encuentra droga en su poder: en tal caso, se la somete a proceso.

A la espera del fallo

El debate se reactivó a mediados del año último, cuando los integrantes de la Corte Suprema dejaron trascender que se aprestaban a dictar un fallo en favor de la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. A fines del último año, fuentes de ese tribunal anunciaban la inminencia de una sentencia en el caso Villacampa, apellido de un joven que fue detenido en 2005 con un cigarrillo de marihuana en su poder. Pero la decisión se demoró. Quienes conocen los pasillos de la Corte aseguran ahora que sólo el ministro Carlos Fayt tiene una posición contraria.

Varios gobernadores peronistas manifestaron su oposición al eventual fallo despenalizador. En privado le hicieron conocer su opinión a Kirchner. En público salieron a dar su opinión sobre la intención de la Corte los gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba), Daniel Peralta (Santa Cruz), Mario Das Neves (Chubut), José Luis Gioja (San Juan), Luis Beder Herrera (La Rioja), Julio Alperovich (Tucumán) y Celso Jaque (Mendoza). El vicepresidente, Julio Cobos, y el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, sumaron su voz en contra del hipotético veredicto.

La Iglesia también se pronunció en contra. Y el grupo de sacerdotes que misionan en las villas porteñas sostuvo, en un comunicado, que en los asentamientos precarios la droga "está despenalizada de hecho" y exacerba la violencia.

Vaivén jurídico

La Justicia avanza por otros caminos. Y decide las causas según los parámetros propios de cada tribunal, con criterios incluso opuestos. La Sala I de la Cámara Federal porteña sostuvo que sancionar la tenencia de droga para uso personal vulnera las libertades individuales protegidas por la Constitución. En cambio, la Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento de una persona arrestada por tenencia para consumo individual. En ambos casos se trató de la posesión de 30 gramos de marihuana.

La Corte estima que su decisión pondrá orden entre tanta disparidad jurídica. Sin embargo, el tribunal no distinguirá sobre las clases de estupefacientes, sino que despenalizaría tanto la tenencia de marihuana como de paco para consumo personal.

Sea por iniciativa del Gobierno o por la resolución de la Corte, el Congreso se verá obligado a tratar esta cuestión en los próximos meses. Y si son elegidos, los candidatos que hoy tienen la palabra deberán decidir.

Jurisprudencia

* Tenencia sancionada. En 1978, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció, en el caso Colavini, que era constitucional sancionar la tenencia de drogas para uso personal.

* Cambio de doctrina. En 1986, con el caso del guitarrista de rock Gustavo Bazterrica, la Corte estableció que en cuanto a la tenencia de drogas para uso personal "no se debe presumir que en todos los casos tenga consecuencias negativas para la ética colectiva". Por eso, la despenalizó.

* Vuelta a la penalización. En 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, la Corte, con nueva integración, volvió a la doctrina de 1978 y decidió que la tenencia para consumo es delito. Fue en el caso Montalvo, y la Corte sostuvo: "Entre las acciones que ofenden la moral y la salud pública se encuentra, sin duda, la tenencia de estupefacientes para uso personal, porque, al tratarse de una figura de peligro abstracto, ésta incita la trascendencia a terceros".

* Nuevo fallo en puerta. Este año, la Corte estudia la posibilidad de volver a la vieja doctrina y despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal.

* La ley vigente. Rige en la Argentina la ley 23.737, que penaliza la tenencia de drogas para consumo. La norma establece que se inicie una causa penal, pero se puede suspender el proceso si el imputado hace un tratamiento.

* El proyecto del Gobierno. El Poder Ejecutivo plantea una reforma integral, y un comité de expertos está a favor de considerar al adicto como un enfermo, y que no sea la justicia penal, sino la civil, la que intervenga en busca de su recuperación. El proyecto también plantea la reforma del sistema de salud.

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