LOS DESPACHOS DE LA LEY DE TURISMO PRESENTAN SERIAS IRREGULARIDADES

Los dos dictámenes con que cuenta la ley de Turismo en Diputados, presentan irregularidades formales en su tratamiento en comisión por incumplimiento del reglamento de la Cámara, según la información a la que accedió APF. El primero de ellos, de febrero, fue aprobado sin quórum. En el caso del segundo, de noviembre, ni siquiera hubo reunión de la comisión. La norma, que es objetada por los trabajadores por la apertura del juego a los privados, está relacionada con un negocio de cientos de millones de pesos.
Un legislador llegó a confesar que su secretaria firma los despachos por él. Las irregularidades, sin embargo, no traerían invalidez a la ley si finalmente es aprobada sobre esta base en la Legislatura.

Según la documentación a la que accedió APF, el primer despacho de la ley de Turismo está fechado el 25 de febrero, día de la última reunión de la Comisión de Turismo. El acta, que figura a fojas 33 del libro donde se registran las reuniones, deja sentado que estuvieron presentes sólo cuatro diputados: el presidente del comité Jorge Kerz; Ana D’Angelo (Encuentro Amplio – EA) y los integrantes del bloque peronismo federal Juan Domingo Zacarías y Patricia Díaz.

El dato de los presentes no es menor. El artículo 50º del reglamento de la Cámara ordena que las comisiones necesitan para funcionar "la presencia de la mayoría de sus miembros". Este comité en particular está integrado por los justicialistas Rubén Adami; Juan Carlos Almada; Jorge Daniel Bolzán; José Cáceres; Patricia Díaz; José Salim Jodor; Jorge Kerz; Hugo Vásquez y Juan Domingo Zacarías, los radicales Mirta Alderete; Marcelo López y José María Miser y Ana D’Angelo (EA).

Esto indica que la comisión habría necesitado, al menos, la presencia de 7 diputados para emitir el despacho.

En el despacho que se giró al pleno aparecieron después las firmas de Jorge Bolzán; José Jodor y Hugo Vázquez.

Este dictamen tomó estado parlamentario en la sesión del 18 de marzo, y fue devuelto a comisión. No sólo no figuran en el libro de actas de la comisión de Turismo más referencias al tratamiento de esta iniciativa, sino que tampoco se registra encuentro posterior al 25 de febrero del comité. Las hojas que siguen a la número 33 están en blanco.

• El despacho fantasma

Pese a esto, apareció un nuevo despacho de la comisión que llevaba las firmas de Adami; Almada; Bolzán; Cáceres; Jodor; Zacarías y Vásquez. Está fechado el 3 noviembre y lleva debajo del dato del día el formalismo de que se dio "en la sala de comisiones". A diferencia del anterior, que introducía modificaciones a pedido de los trabajadores y de otros actores sociales, el nuevo dictamen era idéntico al articulado que votó el Senado.

Al dato de que el encuentro no figura en el libro de actas de la comisión, se suma que, según informaron en la oficina del presidente de la comisión, Kerz no convocó a esta reunión. Esto contraría lo dispuesto en el artículo 49º del reglamento de la Cámara, donde se fija que las comisiones "se reunirán y despacharán en la sala destinada al efecto".

Así se entienden las dudas de los legisladores cuyas rúbricas figuran en el despacho a la hora de responder las consultas de esta Agencia sobre en qué circunstancia fue que avalaron el texto de la iniciativa. "No me acuerdo", expresó Bolzán. Luego, ratificó que no participó en una reunión de comisión para emitir el despacho. "No tuve mayor intervención, estaba ocupado en otros temas", expresó, tras lo cual consignó que "seguramente" estampó su nombre después del supuesto encuentro.

La misma respuesta de Bolzán utilizó Jodor ante la pregunta de si firmó el despacho. "No me acuerdo, me parece que sí", dijo. Tampoco tenía presente si participó o no en un encuentro de la comisión de Turismo al momento de avalar la iniciativa.

Si bien fue renuente en un comienzo a la requisitoria periodística, Almada ratificó que apoyará la sanción de la ley y confesó un particular sistema que justificaría sus dudas con respecto a si estampó personalmente su nombre en el despacho. "(A) Los que somos del interior, muchas veces las secretarias nuestras, si bien nos preguntan, le ‘pegan’ una firma (a los despachos y proyectos). Por eso no puedo decir algo de lo cual no estoy seguro. Esto no significa que no le haya dado la orden a la chica", de que lo rubrique en su nombre, consignó.

• Historia reciente

El proyecto de ley de Turismo que está en tratamiento en la Legislatura es fuertemente resistido por los trabajadores del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) y de los casinos y salas de juego, ya sea que estén agremiados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como en la FADEC (Federación Argentina de Empleados de Casinos).

Ambos gremios denuncian que el texto abre la posibilidad de privatización del juego en Entre Ríos, un negocio que se mide en millones de pesos. Este año, tan sólo de los tragamonedas "los privados se llevarán del IAFAS la friolera de $160.000,0000 y para el Estado quedarán $100.000.000 más las ganancias de casinos que rondarían $45.000.000", consignó ATE en un documento en el que justificaron la oposición a la normativa en trámite.

El cuestionamiento central de los sindicatos está en el artículo 3º del despacho de febrero y en el 29º del de noviembre, que habilita a emprendimientos turísticos a brindar servicios de salas de juego y casinos.

El trajinar de esta iniciativa comenzó el 24 de noviembre de 2007 cuando el entonces gobernador y hoy presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, mandó a la Legislatura el proyecto, que fue aprobado por el Senado el 30 de enero de 2008.

El 14 de febrero fue girado a Diputados, que derivó su estudio a la comisión que preside Kerz. El análisis de la iniciativa comenzó unos meses después. El 25 de junio, según el registro del libro de actas, el comité recibió al subsecretario de Turismo, Adrián Stur, quien compareció a dar precisiones sobre el texto y aclarar algunas dudas. En aquellos tiempos, la Convención Constituyente que se desarrollaba en paralelo rechazó incluir una cláusula que sostuviera el monopolio del juego en manos del Estado.

Un mes más tarde, el 29 de julio, se concretó la reunión más extensa, que comenzó a las 11 y se extendió hasta las 14. Allí expusieron representantes de las cámaras hoteleras y también los trabajadores de ATE y FADEC.

El encuentro siguiente se realizó el 20 de agosto, jornada en la que la comisión recibió a representantes de la UTHGRA (Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos). Desde allí hay un largo impasse hasta la reunión ya mencionada del 25 de febrero de este año.

Los próximos pasos marcan que el lunes los legisladores serán recibidos por el gobernador Sergio Urribarri para debatir la iniciativa. "Queremos saber cual es el criterio del Ejecutivo", indicó Busti a APF. El presidente del bloque de diputados del peronismo federal, José Allende, adelantó que lo que surja del encuentro con el Gobernador será votado el miércoles en la Cámara baja y el jueves en el Senado.

• De todas formas

Si la Legislatura finalmente aprueba el proyecto pese a estas irregularidades, la ley igual tendría vigencia. Especialistas en derecho constitucional consultados por esta Agencia recordaron que está vigente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Soria de Guerrero".

En esta causa, una particular cuestionó la constitucionalidad del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pues su sanción no se ajustó al mecanismo que el reglamento que la Convención de 1957 había dispuesto para la aprobación de las cláusulas constitucionales.

En esa sentencia, la Corte, apelando a otros antecedentes jurisprudenciales, sostuvo: "Las facultades jurisdiccionales del tribunal no alcanzan, como principio, al examen del procedimiento adoptado en la formación y sanción de las leyes, sean ellas nacionales o provinciales".

"La facultad del Poder Legislativo para aplicar la Constitución dentro de los límites de su legítima actividad, no constituye cuestión justiciable", agregó el fallo, situando a la vez un límite: "Tal principio sólo cedería en el supuesto de demostrarse la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley".

Los vicios del trámite intracámara se expurgarían al ser aprobado el proyecto por el pleno de Diputados, que es quien cuenta con la facultad constitucional.

La decisión de la Corte, del 20 de septiembre de 1963, lleva las firmas de los jueces Benjamín Villegas Basavilbaso; Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid; Luis M. Boffi Boggero (en disidencia); Pedro aberasturi; Ricardo Columbres; Esteban Imaz y José F. Bidau.

Comentá la nota