Desmontes: piden a la Corte Suprema sanción pecuniaria para la provincia

Los abogados Alicia Oliveira y Raúl Ferreyra pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplique una sanción pecuniaria a la provincia de Salta y que suspenda la resolución 327/09 bis, por la que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Ambiental de la provincia habilitó la reanudación de los aprovechamientos forestales en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
El pedido de los letrados se presentó el viernes último. Oliveira y Ferreyra representan a las comunidades indígenas y criollos que en diciembre del año pasado recurrieron a la Corte Suprema en un intento por frenar los desmontes y la tala selectiva.

El amparo de los pueblos originarios y pequeños productores rurales del Chaco salteño motivó que la Corte dictara una medida cautelar, el 29 de diciembre, prohibiendo los desmontes autorizados desde el último trimestre de 2007 en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. El 26 de marzo, luego de que en febrero convocara a una audiencia pública para escuchar a las partes (los aborígenes y campesinos por un lado y la provincia y la Nación por el otro) el tribunal amplió esta suspensión a todos los permisos de deforestación autorizados en esos cuatro departamentos.

Esta medida despertó la resistencia de los madereros, quienes se reunieron con el ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, y con el gobernador Juan Manuel Urtubey, e hicieron una presentación ante la Corte Suprema, para pedir que se les permitiera seguir cortando madera.

El 27 de julio, tras un anuncio en tal sentido del gobernador, la provincia publicó la resolución 327, por la que habilita la continuidad de la tala selectiva en esos departamentos. Entre las razones, argumenta que ya se hizo el estudio de impacto ambiental acumulativo ordenado por la Corte. En la resolución, el gobierno de Salta asegura que este estudio fue presentado ante el máximo tribunal nacional, una afirmación que el expediente desmiente, porque hasta el viernes último no constaba ninguna presentación de la provincia o de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Para la contraparte, los representantes de las comunidades aborígenes y criollos, la suspensión de los desmontes y aprovechamientos forestales solo puede ser levantada por la Corte Suprema, por lo que la provincia estaría incurriendo en desobediencia judicial, y por eso solicitó que se la sancione, y se suspenda la resolución.

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