POR LOS DESMONTES, DENUNCIAN AL GOBIERNO POR INTENTO DE GENOCIDIO

Autoridades de tres comunidades indígenas del departamento San Martín denunciaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia por "genocidio en grado de tentativa" por la continuidad de los desmontes "masivos avalados" por este Ministerio, que ponen en peligro la subsistencia de los habitantes originarios.
La denuncia se presentó el pasado 20 de este mes en la Comisaría 42 de Tartagal y lleva la firma de Juan Vega, Eduardo Rivero, José Rive-ro, Roque Miranda y Flo-rentino Pérez, en representación de las Comunidades Wichi de Sopfwayuk (Kilómetro 14), Chowayuk (Kilómetro 12) y Hoktek T`oi (Kilómetro 18), asentadas a la vera de la ruta nacional 86, en la jurisdicción de la ciudad de Tartagal.

"Nuestro territorio tradicional sobre la banda occidental de la cuenca del río Itiyuro se encuentra sujeto a un programa de desmonte masivo llevado a cabo por terceros avalados por el Ministerio de Ambiente de Salta", sostiene la denuncia en la que se detalla que actualmente "se están realizando nuevas actividades de desmonte en el seno de nuestro hábitat ancestral, sobre una superficie que calculamos en 10.000 hectáreas. El área afectada abarca las tierras comprendidas entre el paraje Alcoba y la Comunidad Wichi de Tonono, sobre el eje de la ruta 86", en las matrículas 17214, 28438, 28984, 28985 y 1897.

Las autoridades recordaron que desde 2004 vienen de-nunciando la deforestación que pretenden realizar en estas matrículas, "a la vez que hemos impugnado en la ex Secretaría de Medio Am-biente y Desarrollo Sustentable de Salta los trámites administrativos correspondientes a los pedidos de permiso de desmonte".

Los indígenas, que ratificaron su "rotundo rechazo de las pretensiones de quienes quieren liquidar el bosque nativo que constituye nuestro modo de vida y la base de nuestra identidad cultural", acusaron al gobierno provincial de haber desoído "fríamente" su voz, "en abierta violación a nuestros derechos constitucionales y legales".

"Las autoridades ambientales tienen pleno conocimiento de nuestra legítima oposición a la destrucción del medio ambiente que nos sostiene -y que ancestralmente y por derecho nos pertenece- como también del impacto negativo que los desmontes tienen para nuestra existencia física y cultural. Aún así dichas autoridades ambientales han autorizado -ilegalmente- todo aquello que atenta la contra sostenibilidad del medio ambiente y de supervivencia de quienes lo habitamos, incurriendo así en el delito de genocidio en grado de tentativa", afirmaron.

La presentación se funda en la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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