Primero habló de "un tsunami del cielo" y al día siguiente lo relacionó al cambio climático. Así, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota buscó explicar lo ocurrido en Córdoba el fin de semana del Carnaval donde abundantes precipitaciones sacaron del cauce a ríos y arroyos y ésto provocó al menos ocho muertos, decenas de evacuados y aún incalculables pérdidas económicas. Al margen de esos dichos y de las especulaciones políticas que puedan sobrevenir, el fenómeno ambiental tiene denominadores en común con otros ocurridos en los últimos tiempos –como en la zona litoraleña por el desborde del río Iguazú o en Tartagal– que no sólo se originan en el clima, sino con cuestiones más terrenales como la desforestación, el desmonte y los emprendimientos inmobiliarios sin estudios de impacto ambiental y en zonas de riesgo.

La organización ambientalista Greenpeace adjudicó las inundaciones en Córdoba a la pérdida de cobertura forestal, "que no permitió contener las intensas precipitaciones. A la provincia le queda menos del 4% de sus bosques nativos originales y a pesar de la sanción de la Ley Nacional de Bosques, los desmontes para desarrollo agropecuario y urbano arrasaron con bosques nativos en zonas frágiles".

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, recordó a Tiempo que según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2007, la deforestación en Córdoba alcanzó las 247.967 hectáreas. Y otras fuentes aseguran que desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines de 2007, hasta mediados de 2013 se desmontaron 44.823 hectáreas, de las cuales 10.796 hectáreas eran bosques protegidos por la normativa.

Giardini aseguró que el reciente vendaval cordobés remite en parte a lo ocurrido a mediados de 2014 por la crecida del río Iguazú y las consecuentes anegaciones no sólo por intensas lluvias sino también por el arrasamiento de la selva Paranaense del lado paraguayo y brasileño (donde se sumaron represas y diques), aunque no en Misiones donde se conserva un siete por ciento de la eco región. También se emparentan con las inundaciones del año pasado en Tucumán y Santiago del Estero o en Tartagal, donde hubo aludes en 2006 y 2009. "Si siguen con este alto nivel de deforestación las posibilidades de anegamientos van a ser cada vez mayores y más con urbanizaciones sin mayores planificaciones o cerca de cerros", sentenció el ambientalista.

El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, alertó que el 95% de los bosques naturales de Córdoba fue talado o depredado. "De las 12 millones de hectáreas que existían, sólo 600 mil subsisten hoy. Ese proceso de deforestación estuvo asociado al cultivo de soja desde mediados de los años 90", precisó, al tiempo que recordó que las cuencas hídricas se deterioran con "urbanizaciones, desmontes, incendios y flora exótica".

Para Raúl Montenegro, biólogo cordobés y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), esas cifras son mayores y evaluó que lo ocurrido en las Sierras Chicas, no sólo fue por precipitaciones extensas en tiempos breves sino también por "esos ambientes serranos deforestados y por lo tanto cuencas hídricas donde el agua, en lugar de ingresar al subsuelo y la 'esponja rocosa', circula en superficie a gran velocidad. Este deterioro ambiental ha transformado a las sierras en peligrosos e impredecibles toboganes que llenan rápidamente los cursos de agua".

La mirada de Montenegro fue más allá y alertó que la situación ambiental de Córdoba es "pésima, ya que es una de las provincias ambientalmente peor administradas de Argentina. De los tres ecosistemas que la caracterizaban, la pampa herbácea, el bosque del espinal y el bosque chaqueño, la torpeza serial de las distintas gestiones, y muy especialmente las de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, hicieron que queden muestras insignificantes del pampeano y el espinal. Córdoba debe ser una de las únicas provincias de Argentina donde se han exterminado ecosistemas enteros", denunció.

Montenegro también consideró "claro que parte de las tragedias urbanas por inundación son el resultado de las malas planificaciones municipales, con obras de infraestructura mal planteadas que obstaculizan el paso del agua y que permiten el asentamiento humano dentro de zonas de desborde. Es fundamental mejorar el sistema de planeamiento e incluso forzar la relocalización de obras y viviendas actualmente ubicadas en zonas de riesgo".

En ello coincide el ingeniero Santiago Reyna, experto en recursos hídricos de la Universidad Nacional de Córdoba. "La pregunta que nos tenemos que hacer todos los cordobeses es si todo lo que se dañó tiene reparación", apuntó en relación a los desarrollos urbanos "construidos sin mayor cuidado" en zonas vulnerables y que resultaron afectados ante el desborde de las cuencas de ríos y arroyos "por esta lluvia brutal, de una recurrencia de cien años, pero en cuencas ya destruidas por los incendios, el sobrepastoreo y el desmonte, entre otros factores".

Reyna consideró imperioso también construir lagunas de detención (que se llenarían cuando llueve) y que las urbanizaciones que se realicen tengan impacto hidrológico nulo, es decir, que el agua de las precipitaciones escurra de la misma manera antes y después de las construcciones y modificaciones del ambiente natural.  «

 

 

 

Radares muy necesarios

El mes próximo comenzará a funcionar en la Ciudad Universitaria de la capital cordobesa un Radar Meteorológico Argentino, el primero de una docena de aparatos similares fabricados por Invap –la misma que intervino en el Arsat 1– que el gobierno nacional instalará en diferentes puntos del país en  dos años. El aparato dará mayores precisiones a la hora de pronosticar el tiempo, prevenir contingencias ambientales como crecidas repentinas de los ríos, caída de granizo, tornados o tormentas severas, calcular cantidad de lluvias, detectar nubes de polvo, migraciones de aves o insectos o advertir cortantes de viento en aeropuertos, entre otros recursos.

 

 

 

Un informe lapidario

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación difundió un informe a finales de 2014 en el que advertía que Santiago del Estero y Salta eran las provincias con más deforestación y las que más violaban la Ley de Bosques. Entre 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, hasta 2013, se deforestaron 1.893.128 hectáreas, según datos oficiales. El mismo documento daba cuenta de que el 80% de los desmontes se concentraba sólo en cuatro provincias: Santiago del Estero (623.848 hectáreas), Salta (449.338 hectáreas), Formosa (221.756 hectáreas) y Chaco (218.034 hectáreas), cuatro provincias que protagonizan con frecuencia.