Desmintió rumores de renuncia y anunció que Uría es el nuevo presidente.

Desmintió rumores de renuncia y anunció que Uría es el nuevo presidente.
En la mañana de ayer, un fuerte rumor que aseguraba que el ministro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, Florencio Rubio, había renunciado a su cargo, ganó la calle y ante esto Periodistas en la red, se entrevistó con él, quien negó rotundamente la versión e informó que se habían reunido en acuerdo los cuatro ministros, decidiendo allí que Omar Uría, se hará cargo nuevamente de la presidencia del Superior Tribunal, tal como lo indica la Constitución provincial.
No es un detalle menor, la circunstancia que indica que el ministro Oscar Gatica, no fue nunca presidente, aún cuando la Constitución indica que todos sus miembros deben serlo en forma rotativa. Consultado por este tema, Rubio aseguró que “en las dos oportunidades que le tocó rotar, nos dijo que prefería que no lo designáramos a él, porque reconoce que la integración del Dr. Zabala, Uría y la mía, es un grupo coherente, con ideas que a veces no ha apoyada y no quiere ser obstáculo”.

Popularmente, se dice “sapo de otro pozo” a quien no se integra, o no dejan integrar, a un grupo, por lo cual le consultamos si así se sentía Gatica, pero Rubio no aceptó la expresión, pero admitió “diferencias”, aunque “en los momentos más críticos, no hemos tenido nada que reprocharle a la dedicación al cargo”, que demostró el ministro Gatica.

Rubio no concuerda con las afirmaciones de ‘crisis judicial’ existente en San Luis, que denuncian ambos Colegios de Abogados -de San Luis y Villa Mercedes-, a las que señala como “opiniones de distintos actores relacionados con el Poder Judicial” y puso como ejemplo a la falta de fondos, o escaso presupuesto, como “una realidad que está desmentida por los hechos”, señalando que este año se incrementó en medio punto el presupuesto anual del Poder Judicial.

Respecto de la falta de jueces, sostuvo que “es un problema real”, aunque deslindó responsabilidades en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por la falta de respuestas al reclamo que realizó el Superior Tribunal, solicitando “diversas reformas a la Ley de designación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, tendiente a facilitar el nombramiento de los jueces y el desenvolvimiento de los concursos”.

Belgrano Rawson “está equivocado en ese tema”, fue la respuesta que dio, acerca de los dichos del presidente del Colegio de Abogados de San Luis, sobre que el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia de Seguridad, en cuanto al nombramiento de Fiscales y Defensores -Barriales y Departamentales-, que hace cuatro años no sentencia el Superior Tribunal, y si bien no se derogó nunca, sostuvo desconocer “los motivos que tuvo el Ejecutivo para suspender su ejecución” y entiende que este “no es motivo para calificar que el Superior Tribunal está paralizado”.

Otra de las críticas que reciben de la comunidad jurídica, es que no se expidieron sobre la inconstitucionalidad de la Ley que establece que el Poder Judicial, con su presupuesto, se debe hacer cargo de los juicios que pierdan cualquiera de los tres Poderes del Estado. Ante esto, señaló que “nosotros no tenemos ninguna urgencia de expedirnos en el momento que corresponda” y se excusó de seguir contestando sobre el tema, debido a la “estrategia que pueda seguir un determinado Poder, para determinadas cosas”.

Sobre el colapso que sufren los Juzgados, por no tener la suficiente cantidad, Florencio Rubio se refirió al fuero de Familia, donde aseguró que hace falta la creación de “no menos de tres Juzgados más”, en similar cantidad para San Luis y para Villa Mercedes, por lo cual “hemos enviado un proyecto de reforma a la Ley Orgánica”, pero hasta el momento no han tenido respuesta, solamente la de la “creación del Juzgado Multifuero para la Villa de Merlo”.

“Déjeme que, como juez, en su momento diga lo que opino”, fue la respuesta que dio cuando le consultamos sobre si la Ley que obliga al Poder Judicial a hacerse cargo de pagar los juicios que pierda cualquier Poder del Estado, podría perjudicar el presupuesto del Poder Judicial, teniendo en cuenta que están en juego más de once millones de pesos, solamente en indemnizaciones.

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