Desmintieron deuda con la Provincia.

La oficina de prensa del senador nacional Daniel Pérsico, comunicó que "el Área de Hacienda de la Nación, envió un pormenorizado informe, en el que puntualiza distintos aspectos que demuestran que es una falacia lo reclamado por el Ejecutivo puntano.
A la luz de lo expresado en la nota, pocas dudas quedan que determinados reclamos esgrimidos desde el gobierno provincial no son más que parte de una campaña con la que pretende ‘victimizarse’, procurando hacer creer a la opinión pública local la presencia de una discriminación inexistente y una enemistad del Gobierno Nacional para con San Luis y su gente, que no es tal".

Esta respuesta surge "a requerimiento del Senador Pérsico, quien como representante del pueblo de la provincia, considera la defensa de los intereses de la misma como una obligación ineludible y un derecho ciudadano propio y compartido con todos sus comprovincianos, pero también es un derecho y una obligación evitar la mentira que esgrimen quienes detentan el poder omnímodo y con aviesas intenciones electoralistas utilizan el descrédito", se señala.

Desde Hacienda nacional, se le comunicó a Pérsico que "en relación al financiamiento inconstitucional de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, el Decreto Nº 1399/01 se dictó en virtud de las facultades delegadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por medio de la Ley Nº 25.414, la que tuviera como origen la situación de emergencia pública declarada en el artículo 1º de la Ley N° 25.344" y que su seguimiento es realizado "por una Comisión Bilateral integrada por miembros del Congreso Nacional" y que "los porcentajes correspondientes a cada alícuota anual han sido fijadas por las Leyes de Presupuesto de la Administración Pública Nº 25.967, Nº 26.078, Nº 26.198, N° 26.337 y N° 26.422 por cuanto, si lo que se trata es de cuestionar dichas alícuotas, se está cuestionando los alcances de las leyes del Congreso de la Nación".

Sobre el reclamo de la garantía del 34 %, informaron que "el artículo 7º de la Ley Nº 23.548 establece que: el monto a distribuir a las Provincias, no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley", aclarando que la Administración Central es un sector de la Administración Nacional, que además está conformada por "los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social", por lo que hay que saber que "los recursos de la Administración Nacional, no son los mismos que los de la Administración Central, ya que de estos últimos quedan excluidos los correspondientes a los Organismos Descentralizados y a las Instituciones de la Seguridad Social".

Haciendo alusión a un acuerdo Nación-Provincias, firmado en febrero de 2002, se dejó sin efecto todas las garantías sobre los niveles a transferir por el gobierno nacional, que "fue suscripto y ratificado por todas las provincias, excepto San Luis", hecho que a nuestra provincia le corresponde la garantía del 34 %, y aseguran que "la proporción de recursos que se distribuye a la Provincia supera ese porcentaje".

En lo que respecta a la recaudación impositiva mediante "Certificados de Crédito Fiscal, es de señalar que en el marco normativo nacional, las Provincias se acogieron a la suscripción de acuerdos con el Estado Nacional para proceder a compensar dichas acreencias, con excepción de San Luis, que decidió no incorporarse a este proceso, no permitiendo la regularización de la situación".

Con respecto al "aporte no reintegrable establecido en el artículo 4° de la Ley 24.468 -citado por la provincia como diferencia por el Impuesto al Valor Agregado-, cabe recordar que dentro del marco legal vigente, la mentada obligación corresponde ser cancelada al momento de liquidación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y esto es en el año 2025".

Por su parte, a la queja sobre el "Impuesto Interno sobre Seguros, cabe señalar que la cuestión se encuentra a estudio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo que se entiende que corresponde estarse a lo que en definitiva se resuelva en sede judicial", se señala desde Hacienda de la Nación, consignando como punto final, en la respuesta al senador nacional Daniel Pérsico, que "el tratamiento reseñado precedentemente en cada uno de los puntos planteados alcanza a todas las Jurisdicciones Provinciales en igual proceder".

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