En treinta días el Gobierno designó dos jueces de la Corte Suprema en comisión y por decreto, reunió a los 24 gobernadores, a los ex candidatos presidenciales, intervino la AFSCA, participó de la cumbre del Mercosur, anunció auditorías y despidos masivos en el Estado, recompuso las relaciones con Uruguay, levantó el cepo cambiario y realizó cerca de 50 anuncios. Marcos Peña supervisó cada medida, incluso cuando el Presidente estaba de vacaciones. El jefe de Gabinete, el funcionario que más influencia ejerce sobre Mauricio Macri desde hace 9 años, recibe el viernes a Clarín en su despacho, vecino al presidencial.

–Decían que tenían que asumir para ver con qué se iban a encontrar. ¿Qué cosas los sorprendieron?

–La mayor sorpresa es el nivel de maltrato y de persecución ideológica que el gobierno anterior ejerció en las oficinas públicas. Cuando uno habla de los derechos humanos tiene que ser consecuente y no lo han sido. La otra es la saña con la que intentaron ocultar y destruir información.

–¿En la campaña tenían un discurso más conciliatorio que ahora en la que señalan la herencia recibida por el kirchnerismo?

–Una de las tres metas que tenemos es unir a los argentinos e incluye a todo aquel que haya votado al kirchnerismo. No venimos a dividir a la Argentina. Eso no puede significar no decir la verdad.

–¿No hay riesgos de que echen a empleados que efectivamente cumplían con las tareas para las que fueron contratados?

–El Estado tiene que tener ingresos por concurso. La consecuencia natural de nombramientos masivos sin un criterio de antecedentes entra en la categoría de contrato político y termina con la gestión que se va. Tenemos una situación fiscal de mucho deterioro, pero además tenemos un deterioro del Estado muy grande. Hasta en términos prácticos: hay una cantidad de empleados que no entran (físicamente) en los edificios públicos. No hubo ningún criterio de mejorar el servicio público, entraron por otras razones. La decisión política es ayudar a que el Estado funcione y a generar trabajo.

–Después de salir del cepo ¿Cómo piensan domar el potro de la inflación?

–Lo que más nos preocupa es la pobreza; pero nuestro mayor desafío para encarar ahora es la inflación, los precios, los salarios. Sentimos que la inflación ha empezado a aflojar en las últimas semanas después de ese primer shock alimentado por el temor de que el dólar se fuera a 20 pesos.

–¿Se aplazó el diálogo social?

–Empezó apenas asumimos. Es una forma de concebir el gobierno. Hemos tenido varias reuniones y un diálogo permanente con sindicatos y empresarios. La simbología (de las partes sentadas en la misma mesa) puede ser un hito en el proceso, pero el corazón es poner en marcha una metodología permanente de trabajo entre las tres partes.

-¿Piensan en paritarias cortas?

-Les puede convenir a todos, porque creemos que en el segundo semestre la inflación va a bajar. Pero hay que charlarlo.

–Buscan acordar con los gobernadores, pero no les anticiparon los nombramiento en la Corte...

–Se podría haber conversado más, lo hemos reconocido. A veces pasa por estar en los primeros días de gobierno y que no se aceiten los circuitos. Hay un diálogo permanente.

–¿Ahora que van a negociar con los fondos buitre piensan apurar en el Congreso la revisión de la ley cerrojo y de pago soberano?

–El 1° de marzo, cuando se abran las sesiones, vamos a plantear una agenda legislativa que tiene que ver con nuestros tres ejes y otros temas que planteamos. Claramente esas cuestiones son prioritarios, en términos de poder ir saldando deudas para poder arrancar rápidamente. Fue conversado con los gobernadores.

–¿Confirma que no habrá sesiones extraordinarias?

–Hoy el calendario empieza el 1° de marzo. Puede cambiar.

–¿Hay tiempos para una nueva ley de coparticipación?

–El desafío es construir una relación fiscal más sana entre las provincias y la Nación para ir fortaleciendo el federalismo. Estos años han sido los mayores años de concentración unitaria de la historia argentina. No necesariamente va a haber una nueva ley.

–¿Seguirán gobernando por decreto pese a que en campaña tenían un discurso republicanista? 

–No comparto esa idea de que estamos gobernando por decreto ni de que haya contradicción con el espíritu republicano. Es una herramienta constitucional más. Hay un temor del gen autoritario en la Argentina y de que nosotros queremos esa concentración de poder. Y no la queremos. Todas las señales que estamos dando es de reducción de la concentración de poder de la Casa Rosada.

–¿Hubo falta de comunicación con los radicales y Carrió? 

–Uno de los grandes éxitos de estos meses es la consolidación y fortalecimiento de Cambiemos. La relación es óptima independientemente de que podamos seguir mejorando.

–Carrió criticó el nombramiento de Echegaray en la AGN...

–Y está bien. Hay que cambiar la cultura de que ser aliados políticos implica no tener ideas diferentes.

–¿Le conviene al macrismo un peronismo fracturado?

–Es un tema de ellos. Da la sensación de que conviven ideas políticas. Valoramos la actitud constructiva y responsable de muchos gobernadores.

–¿Cristina podrá trabas a los acuerdos con los gobernadores?

–Todas las señales indican que ella tiene la voluntad de poner todos los palos en la rueda posibles. Su influencia dependerá de otros actores políticos, no de nosotros.

–¿Por qué Scioli no viaja al Foro Económico de Davos?

–Se conversó con él y con Massa. Se dijo que se iba llevar un opositor y el Presidente definió que fuera Massa. Es una señal de lo nuevo.

–¿Incidió la fuga y la falta de presupuesto en Provincia para no invitar a Scioli?

–La decisión se toma en base a lo que es mejor para la Argentina. Nada de lo que hagamos para el mundo lo vamos a hacer en función de la política interna chiquita.

–¿El Gobierno confía en las fuerzas de seguridad del Estado?

–El desmanejo de las fuerzas de seguridad responde a un gran fracaso de la dirigencia política de estos años. La responsabilidad central está en la política. Una de las causas es la falta de entendimiento del valor social del servicio que prestan. Obviamente hay que controlar. La política no se puede hacer la distraída y echarle la culpa a las fuerzas de seguridad de su deterioro. Resolver el tema del narcotráfico exige elevar el compromiso político e institucional de todo el país con las fuerzas de seguridad.