Desinversión y autoridad de aplicación, en la mira del Senado

Desinversión y autoridad de aplicación, en la mira del Senado
Son temas que los aliados K rechazaron en Diputados, donde debería volver la ley si se hacen cambios.
En los pasillos del Senado se da por seguro que el foco del debate sobre la ley de medios se centrará sobre las modificaciones a los aspectos más polémicos del texto aprobado la semana pasada en la Cámara baja. Es lo que pregonan el arco opositor y parte del propio bloque kirchnerista.

Las propuestas alternativas apuntan básicamente a meter mano en dos temas. Una de ellas se relaciona a la necesidad de ampliar la autoridad de aplicación de la ley, para evitar el dominio del organismo que se reservó el Gobierno. La otra, es el emplazamiento para que los dueños de licencias se desprendan de las que no se encuadren en la ley. El texto votado les da un año de plazo desde que el órgano de control establezca los pasos de la transición. Ahora se habla de extenderlo a tres o cinco años.

De concretarse los cambios, el proyecto volverá a Diputados para su sanción definitiva. Si el bloque oficialista quisiera insistir con el texto original, deberá obtener la misma mayoría (simple o dos tercios) con las que se apruebe en el Senado. No le resultará sencillo rechazar los cambios, porque buena parte de los aliados que necesitó sumar para imponer el proyecto ya votaron contra los artículos polémicos durante el tratamiento en particular. Sucedió una vez que se retiró del recinto la oposición más crítica, con la excusa de no convalidar un tratamiento que consideró viciado de nulidad.

Sectores de centroizquierda y del radicalismo K que habían apoyado al Gobierno en la votación general del proyecto (permitiéndole un holgado triunfo por 147 a 4, más una abstención) rechazaron de modo contundente la cláusula de desinversión. En esa votación, el kirchnerismo cosechó 40 votos favorables menos que la ley en general. El resultado fue de 107 a 26, con 6 abstenciones. En el rechazo coincidieron el socialismo, el SI que encabeza Eduardo Macaluse y Proyecto Sur, de Claudio Lozano, varios radicales K (como Silvia Vázquez), además del Movimiento Popular Neuquino -que votó contra la ley- y Miguel Bonasso, de Diálogo por Buenos Aires, el único que se abstuvo en la general.

Además, para sorpresa de muchos, decidieron abstenerse en ese artículo -que en opinión de muchos juristas vulnera "derechos adquiridos"- tres kirchneristas puros (la fueguina Rosana Bertone, la correntina María Carmona y el tucumano Gerónimo Vargas Aignasse), más tres radicales K que responden al gobernador santiagueño Gerardo Zamora.

En la votación de la autoridad de aplicación, la integración de más sectores de la "sociedad civil", la votación fue de 130 a 12, con dos abstenciones, una de ellas del kirchnerista bonaerense Luis Ilarregui.

Los puntos polémicos que podrían ser reformados por el Senados no se detienen allí. También es cuestionada la potestad que se reservó el Poder Ejecutivo para adjudicar las frecuencias que alcancen más de 50km y que pertenezcan a ciudades de más de 500 mil habitantes. En Diputados se aprobó con 117 votos (30 menos que la ley en general), contra 15 y 7 abstenciones, uno del bloque K y tres de Encuentro Popular, el bloque de centroizquierda más cercano al Gobierno.

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