El desgaste de la economía

Adelantar las elecciones es una mala señal. Como sucedió con las AFJP, el Gobierno cambia las reglas de juego y genera incertidumbre y desconfianza. Las dudas perjudican a la economía cordobesa. El campo cree que se prepara una rebaja de las retenciones a la soja para los pequeños productores. Por Juan Turello.
"Me fui dos horas al campo y, cuando volví al pueblo, la situación política había cambiado de manera brusca".

Con esta imagen, un productor y dirigente agropecuario de primera línea tradujo a este periodista el cambio institucional que el matrimonio del poder decidió en la noche del jueves y transmitió al día siguiente a todo el país: las elecciones legislativas se harán cuatro meses antes del calendario que el propio Néstor Kirchner había fijado en 2006.

Las contradicciones y el doble discurso de la pareja gobernante exigirían un diario completo para explicarlas. Dejémoslos ahí.

En la decisión de Cristina Fernández y de su esposo pesaron tanto la política como la economía.

La política. Néstor Kirchner apostó a apurar los plazos porque los apoyos –logrados y mantenidos con la zanahoria del manejo de los fondos públicos– se escurrían como arena entre las manos. Los jefes políticos del conurbano bonaerense dudaban en seguir con el kirchnerismo o apostar por el peronismo disidente que lidera Felipe Solá. Las derrotas en las elecciones anticipadas (ya sucedió en Catamarca y se repetirían en Corrientes y Santa Fe) minarían aún más el poder de convocatoria. En tanto, la inseguridad y el empleo –los dos principales reclamos de la sociedad– aparecían como irresolubles de aquí hasta el 25 de octubre.

La economía. La gente vota con el bolsillo, en la Argentina y en Estados Unidos. Esta máxima, que minimiza otras acciones importantes de un Gobierno, iba a pasarle una factura muy dura al matrimonio del poder.

El largo e irresuelto conflicto con el campo, la caída en la actividad económica y el aumento de los despidos son tres factores que van por el tobogán y no iban a mejorar de aquí a seis meses. Además, por la crisis, los ingresos en la caja kirchnerista son cada vez más flacos y hasta los especialistas ya pronosticaban un dólar a cuatro pesos antes de los comicios de octubre.

La suma de todos estos elementos empujó el arrebato kirchnerista. Pero el cambio permanente de las reglas de juego genera –como daño colateral– incertidumbre y desconfianza, una reacción que provocó que en 2008 salieron del país 23 mil millones de dólares en busca de refugios más seguros.

De aquí al 28 de junio, toda inversión o negocio será puesto bajo un paraguas hasta conocer qué poder tiene Cristina Kirchner y qué respaldo mantendrá en el Congreso para concluir su mandato 30 meses después.

Después de esa fecha, los hombres de negocios evaluarán de manera adecuada qué harán con sus empresas, bajo la sensación de que el Gobierno puede romper las reglas de juego cuando quiera.

Sucedió el 11 de marzo de 2008 cuando quiso aumentar las retenciones a la soja dos semanas antes de que comenzara la cosecha; el 21 de noviembre al eliminar las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que manejaban los recursos propios de los trabajadores y no del Gobierno, y, ahora, al modificar el calendario electoral que Néstor y Cristina Kirchner habían jurado respetar.

Lo que vendrá. "La agenda del Congreso cambió, pero del mismo modo que sorprendimos hace un año con la reacción que no esperaban, ahora vamos a seguir sorprendiendo", concluyó el ruralista que habló con este diario.

La Comisión de Enlace y la oposición habían planificado una acción de desgaste semanal del kirchnerismo en el Congreso, al presentar cada siete días un proyecto para eliminar las retenciones. Ahora, los temas del Parlamento y las preocupaciones de los partidos opositores serán otros.

"Están evaluando rebajar las retenciones a la soja a los pequeños productores", reveló otro dirigente que está al tanto de los proyectos que manejan los funcionarios que dialogan con técnicos del agro. Este tema podría ser planteado con la nacionalización del comercio de granos, que el Gobierno presentará como una decisión que significará "mejor precio" para los chacareros más chicos.

El anuncio podría hacerlo la Presidenta el próximo martes en Córdoba, cuando llegue para firmar la estatización –mediante el pago de 70 millones de pesos– de la empresa norteamericana Lockheed, que explota los talleres de la ex Área Material Córdoba.

"No sabemos nada", se sinceró ante La Voz del Interior un funcionario del entorno de Juan Schiaretti, quien dentro de 48 horas pondrá la mejor sonrisa para tratar a la responsable del anuncio electoral. El gobernador se enteró del nuevo calendario electoral mirando la televisión y con la guardia baja en relación con los candidatos que competirán con Luis Juez.

Peor para Córdoba. Más allá de la pelea política, está claro que la economía cordobesa será una de las más perjudicadas en este clima de incertidumbre.

¿Qué productores se apurarán a desprenderse de 1,5 millón de toneladas de soja de la anterior campaña que aún están en los silos o las que recolectarán de la nueva, si las reglas de juego pueden cambiar la semana próxima o dentro de tres meses? Si los granos no se venden, el primer engranaje de la rueda productiva no se mueve.

¿Quién tomará comprará maquinaria agrícola o encarará un negocio si las condiciones pueden cambiar a partir del lunes 29 de junio? Aquel sector sólo vende entre 10 y 20 por ciento de lo que lo hacía un año atrás; las exportaciones están caídas por la crisis global y la menor actividad ya repercute en el empleo: despidos, suspensiones y sueldos recortados. Si los ingresos caen, también lo hará el consumo.

El panorama se traslada al sector metalmecánico, en el que la actividad se redujo 70 por ciento, según coinciden las cámaras metalúrgicas de Córdoba y Río Cuarto, que advierten que si la situación no varía, no podrán pagar los sueldos en término.

El transporte, el comercio y los servicios en general son los receptores de esa menor actividad, en un fenómeno que va del interior a las grandes ciudades.

Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza) y Adrián Kauffman-Brea (Arcor), dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), escucharon días atrás en Córdoba las quejas de sus pares cordobeses y un rosario de reclamos para que la conducción de la entidad fabril los asuma como propio. Los más inquietantes: que el Estado cancele el saldo técnico del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cumpla con el reintegro del 14 por ciento a los fabricantes de bienes de capital.

Es difícil que en campaña electoral el Gobierno destine sus fondos a otra cosa que no sean los subsidios para intendentes y gobernadores amigos, para el clientelismo electoral o para la obra pública que mueve en algo la actividad. Salvo algunos emprendimientos, Córdoba también estará lejos de ese reparto.

Los efectos de la crisis global –aún incierta en su profundidad y duración– y los errores políticos del kirchnerismo han desgastado a la economía local más de lo que los argentinos imaginaban apenas unos meses atrás.

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