Desestimaron la denuncia contra Ríos y el directorio del BTF por el tope salarial

El Ministerio Público Fiscal desestimó la denuncia que había presentado Hugo Noia del gremio bancario contra la gobernadora Fabiana Ríos por el presunto abuso de autoridad al decretar el tope salarial. En otra resolución paralela también se desestimó la denuncia contra los integrantes del directorio del Banco Tierra del Fuego que habían adherido al cuestionado decreto, impidiendo que los empleados perciban sueldos superiores a los de la Gobernadora. Para Mássimi no se puede concluir que Ríos accionó deliberadamente con una actitud dolosa toda vez que más allá de "ordenar" la aplicación del tope lo hizo para la administración pública central en su condición "Jefe de la Administración" de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución fueguina en su artículo 135.
Pero en otro de los andariveles del cuestionado decreto 25/2008, el mismo en su apartado resolutorio dispone "exhortar" a otras autoridades y organismos autárquicos a que adhieran a lo establecido para la administración central. En la conclusión de la fiscalía se avizora que la norma no transgrede parámetros constitutivo del abuso de autoridad, toda vez que al mencionar la palabra "exhortar", se torna una especie de invitación que sale del carril de una orden compulsiva que podría constituir preliminarmente, un reproche penal indubitativo.

Sostuvo Mássimi que aún "cuando le asista razón al denunciante sobre la irregular incorporación de entes autárquicos" dentro del acto administrativo, el decreto "sólo exhorta, es decir, estimula, solicita, pero de ningún modo ordena", según publica el portal Reporte Austral.

En ésa línea en la que el representante de la vindicta pública ,aclara que es necesario el dictado " de otra norma por parte de otras autoridades como para que el contenido del decreto pueda aplicarse en otro ámbito. Pero producido esto último, la responsabilidad y el fondo de la cuestión, sea ésta institucional, administrativa o, en su caso penal, será de las autoridades respectivas que adecuaron su normativa a la de aquel decreto".

Por otra parte y en otro dictamen por separado, Massimi también desestimó la denuncia de Noia contra el directorio del BTF, por haber adherido a dicho decreto rubricando para ello el acta N° 02/08, que terminó aplicando el tope para aquellos empleados bancarios que ganaban más de 14.500 pesos.

En este caso y sobre el accionar de los directores que adhirieron a la norma, vuelve a recordar Mássimi la necesidad de notar el dolo directo (intencionalidad, malicia, etc ) de un accionar deliberado impropia e ilegal.

Recuerda que "así como no comete delito el legislador que sanciona leyes que luego son declaradas repugnantes a la Constitución (inconstitucionales), o el juez que sentencia un caso con fundamentos considerados arbitrarios por tribunales superiores, la iniquidad de un acto administrativo (como sería el caso del acta N° 02/08) no necesariamente conlleva a la perpetración de este delito".

No obstante y más allá de desestimar la denuncia de Noia, Mássimi aclara que "probablemente el declamo de índole patrimonial tenga éxito en sede judicial correspondiente, acciones que, según el denunciante, no han sido intentadas hasta el presente. Pero aún cuando el tribunal competente en razón de la materia (contencioso administrativo o laboral) entienda que el acta N° 02/08 es inconstitucional o debe ceder ante derechos superiores, no convierte en delictiva la conducta de quienes la aplican el derecho dentro del marco de sus funciones, aún cuando lo hicieron equivocadamente".

No obstante el fiscal Mássimi deja traslucir que no comparte la aplicación del tope salarial sobre ningún empleado público ni de ninguna otra índole.

"En mi opinión no es justo que se impongan congelamientos o topes salariales en periodo inflacionarios. Si bien es cierto que el articulo 73 inc.4 de la Constitución local establece ese límite en el haber de los funcionarios y de los tres poderes del estado, solamente constituye una pauta de racionalización del estado que, como expresamente lo dispone la misma Constitución, está subordinada a los decreto del hombre (articulo 63), entre ellos, su derecho a una retribución justa, a una igual remuneración por igual tarea y una interpretación siempre más favorable para el trabajador (articulo 16)", sostuvo Mássimi. Publica Reporte Austral.

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