A través de una resolución firmada a principios de diciembre de 2014, el fiscal general de Investigaciones Administrativas, Heitor Lago, decidió desestimar una denuncia contra el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Domingo Peppo. A principios de mayo de 2014, legisladores y concejales del Nuevo Espacio Abierto (NEA) habían acusado al funcionario de utilizar una camioneta oficial –cedida al organismo provincial por la empresa constructora BylSA- para trasladar afiches en el marco de una supuesta campaña de desprestigio contra la intendenta de Resistencia, Aída Ayala. Los cargos eran: posible abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario y malversación de caudales públicos.

La resolución 1828/14 fue firmada el 3 de diciembre del 2014 por Heitor Lago en el marco del Expediente Nº 2876/14 caratulado “Domínguez Hugo Dardo y Otros –Diputados provinciales s/solicita investigación”. En la presentación, los legisladores denunciaron que la “empresa Bylsa Construcciones puso a disposición del IPDUV el uso de una Camioneta Ford Ranger –Chapa Patente JKO 760- para el uso del organismo para tareas de inspección de obras en el marco legal que describen y Ia misma habría sido hallada durante los días señalados –entre el 2 y el 6 de mayo- en calle José Hernández al 300, de Ia ciudad de Resistencia y que servía como medio para el transporte de afiches y pegamentos en una campana de desprestigio hacia Ia figura de Ia actual lntendente de Ia ciudad, que posiblemente fuera ordenada desde el mismo directorio del Instituto”.

Durante la sustanciación del expediente, se confirmó que el automotor era propiedad de la empresa BylSA desde diciembre de 2010 y que se acreditó la afectación al IPDUV en noviembre de 2013. Sin embargo, el presidente del IPDUV informó que no autorizó afectación alguna del vehículo y el Jefe del Área Movilidad informó que el vehículo JKO 760 no se encontraba afectado al organismo, como también que el Directorio no tomó conocimiento del planteo efectuado”.

Sin pruebas

Entre sus fundamentos, la resolución de la FIA consigna que “no surgiendo de las constancias de la causa y de las pruebas reunidas el uso de un vehículo afectado al IPDUV ni el accionar contrario a derecho de un funcionario público y la insuficiencia de pruebas o indicios por parte de los denunciantes no se justifica seguir la actuación por parte de esta Fiscalía”. Asimismo, indica que “pese el tiempo transcurrido, los presentantes no han comparecido a tomar conocimiento del expediente ni han ampliado su escrito y tampoco ofrecido mas pruebas e identificación de testigos como han expresado en su inicio”.