Desencuentros poco casuales

No se trata de la primera vez que distintos funcionarios del Gobierno bonaerense muestran en público algunas diferencias de criterio que, según el contexto, se traducen en ruidosas polémicas, sobre todo por la problemática que motiva esa disidencia.
Ocurrió esta semana y nada menos que entre el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli y su par nacional, el titular de la cartera de Justicia y seguridad nacional, Aníbal Fernández. La convocatoria al intercambio mediático no fue menor: cual es la situación del país con respecto al narcotráfico.

Se suponía de antemano que el discurso de Carlos Stornelli durante el día de la policía iba a provocar un ruido más que suficiente. Su descripción de la realidad acerca de un país productor de drogas y supuestamente “cartelizado”, obligó a girar la vista hacia la Casa Rosada por varias cuestiones. Una para observar el grado de coincidencia con tal aserto. La otra se ligaba a la posibilidad de que, existiendo coincidencia, haya una explicación acerca de políticas para profundizar el combate al tráfico de drogas.

Finalmente no sólo no hubo coincidencia por parte de Aníbal Fernández, sino que se configuró una durísima réplica de desautorización a Stornelli, si valiera esa expresión.

Se sabe que ambos tienen un importante nivel de llegada a la opinión pública. Y deberían mantener algún nivel de credibilidad en lo que dicen. El funcionario nacional por su responsabilidad de comandar fuerzas que tienen como prioridad el combate del flagelo. Su colega provincial, por su experiencia como fiscal federal a cargo de varios operativos antidrogas de alta complejidad.

Hay que remitirse a las declaraciones de esta semana: el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, había dicho que Argentina “dejó de ser un país de tránsito” para el narcotráfico.

Aníbal Fernández, por su parte , negó que los países de la región sean productores de drogas y menos que haya “cartelización” lo cual, de ser cierto, nos equipararía con otros países que ya sufren esa dimensión del flagelo.

Si se confirman los dichos de Stornelli, la Argentina ingresaría al estadio superior de esta problemática que se inicia por el rol de país consumidor y luego de tránsito. Ahora, según el funcionario provincial todas las fuerzas del orden deberían asumir la condición de país productor, lo cual debería alertar sobremanera a las autoridades nacionales.

Stornelli, al formular estas declaraciones públicas no se lanzó al vacío. Ese día contó con el respaldo del gobernador Daniel Scioli, quien con su presencia y silencio posterior al respecto, respaldó implícitamente el diagnóstico.

Algo que sí llamó la atención de observadores es que la declaración se formuló en un contexto emblemático de la importancia que significa el día de la policía. Pero quedó aislada y sin trascendencia de acciones complementarias por parte del gobierno provincial como podría ser un pedido de declaración de emergencia por esa situación que amerite el mayor empleo de recursos y acciones conjuntas de la Nación y Provincias afectadas.

Pero esta es una decisión que debe partir de quien es responsable máximo del Ejecutivo, quien obviamente pone los límites del discurso oficial. La preferencia fue la de llamar la atención. El objetivo se habría logrado. Al menos por la repercusión institucional del discurso de Stornelli.

Un reclamo que no es un juego

No fue ese el único problema que debió sortearse en la semana. El juego y el espectro del poderoso empresario del sector Cristóbal López asomaron en capital y en Provincia con nuevas expectativas para su desarrollo, de la mano de reformas legislativas.

La expansión de la explotación de máquinas tragamonedas en bingos e hipódromos trajo consigo la preocupación de la iglesia, que se hizo pública a través de su vocero, Jorge Oesterheld.

La convocatoria se hizo a todos los legisladores bonaerenses para que no voten la ley de ampliación Se trató de un llamado a la solidaridad con interlocutor designado en la dirigencia política en general. “Desde las parroquias se ve cómo el juego destruye familias enteras. No puede ser la forma normal de financiamiento de los municipios” sintetizó.

Sabido es que desde hace unos años, en los años finales de gestión de Felipe Solá el juego se convirtió en una gran alternativa de recaudación para el fisco. Esto fue al evolucionar el control on line de un canon que pagan los bingos y titulares de tragamonedas. Ese canon además se incrementó del 11 al 34 %. Varios ceros a la derecha se sumaron entonces en la recaudación por la actividad lúdica.

Más allá de si se fundamenta una medida sólo en cuestiones del pragmatismo economicista, se encuentra también el crudo diagnóstico eclesial en cuanto a la desintegración lisa y llana de la familia. Y si por algo existe la política es para el desarrollo de la acción teleológica de dar felicidad al individuo y a su familia. En ese contexto tanto la recaudación y posterior asignación de recursos debería tener como esencia esa finalidad.

La convocatoria no fue algo común, sino una invitación a la reflexión y a la tomad de una definición por parte del gobernador Daniel Scioli.

Hay que tener en cuenta el gran acercamiento que el mandatario tuvo los últimos meses hacia la Iglesia. En principio cuando escuchó los reclamos acerca de salud sexual reproductiva, pese a existir una ley nacional vigente en la materia. En segundo lugar blanqueó una fuerte coincidencia al señalar su condena a la despenalización del consumo de drogas, lo que le valió su primer confrontación seria con el gobierno nacional.

Por eso, la convocatoria de Oestherld era para atender. Pero darle curso también significaría poner en riesgo sus lazos con el Kirchnerismo y la representación total del oficialismo en la Legislatura en un mandato que aún no llega a la mitad de su duración.

En consecuencia, se debieron extremar esfuerzos para responderle a la Iglesia y a sus súplicas.

En una carta desde el gobierno provincial se señaló que no se interpretaba la postura de la principal institución religiosa del país como una prohibición total del juego legal.

También se señaló, en la misiva del secretario general de Gobernación, José Scioli, que el juego legal permite devolver en forma significativa ese dinero recaudado en obras, acción social y salud.

Tal respuesta oficial espera una contrapartida. Las autoridades de clero definirán si es conveniente un segunda instancia de debate público. O reafirmar sus convicciones a través de lazos más informales de comunicación.

En la creencia de que nada pasa por casualidad. El alerta de la cúpula católica sirve al menos para que el tema del juego se instale con fuerza, como no ocurría desde hacía un tiempo, en la agenda de gestión.

También vale para aquellos legisladores que verán entrecruzadas sus vocaciones religiosas y políticas a la hora de votar una ley que, desde sus orígenes ya merece sus reparos.(www.agencianova.com)

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