“Se desdibujó la función de la comisión bicameral”

Poder Ciudadano advierte que los DNU ignorados por el Congreso se mantienen vigentes. “Un medio de ejecución ágil consensuado en el oficialismo”
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución sostiene que el Poder Ejecutivo no está facultado para emitir disposiciones legislativas. Sin embargo, fija que “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.

Luego de más de una década de vigencia, a partir de la reforma en la Constitución en 1994, y ante sucesivos reclamos de Poder Ciudadano y de otras organizaciones, finalmente en julio de 2006 se sancionó la Ley 26.122, que creó la “Comisión Bicameral Permanente de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación de Facultades Legislativas y de Promulgación Parcial de Leyes”.

La ley, en su artículo 3, aclara que “La Comisión Bicameral Permanente estará integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas”. Este diseño tiende, teniendo en cuenta las mayorías oficialistas que suelen surgir de la estructura del sistema electoral argentino, a reflejar ese predomino en la comisión. Ello genera, lógicamente, una desnaturalización de la función de control de la comisión.

Se puede detectar otro importante déficit: la Ley 26.122 formula, en su artículo 10 que “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento”, en clara sintonía con la prohibición de sanción ficta o tácita (“La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente”) establecida en el artículo 82 de la Carta Magna. Sin embargo, al no fijar la Ley 26.122 plazos para que los dictámenes emitidos por la comisión bicameral sean tratados por las Cámaras, los Decretos de Necesidad y Urgencia ignorados por el Congreso mantienen vigencia, situación que se sostendría aún si aquellos hubieran sido rechazados en la Comisión.

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