Desde Perú, el principal opositor acusó a Chávez de "cobarde" y "tirano"

El dirigente opositor venezolano Manuel Rosales, quien pidió asilo político en Perú, anunció en Lima que seguirá en la lucha para "liberar" a su país de las "manos ensangrentadas" del presidente Hugo Chavez, a quien calificó de "cobarde".
"Hoy con más fuerza y con más vehemencia le queremos decir al pueblo venezolano que seguimos en la lucha, que seguiremos trabajando para liberar a la patria de esa manos ensangrentadas de Hugo Chávez, llenas de odio, manipulación y destrucción", dijo en una intervención televisiva.

"Estamos más decididos a seguir luchando, enfrentando a este régimen totalitario, que pisotea y aplasta la Constitución Bolivariana, que persigue a quienes fuimos electos como gobernadores y alcaldes", añadió.

En el momento en que Rosales hablaba en Lima, un tribunal de Caracas dictaba una "medida privativa de libertad" contra el líder opositor.

Rosales calificó al mandatario venezolano de "cobarde", "tiranillo" y lo acusó de dirigir un régimen totalitario y de "escudarse en los pantalones de un grupo de militares privilegiados" y de los integrantes del Tribunal de Justicia a quienes sindicó de "mediocres" y sin sentido de dignidad.

Lo responsabilizó de atacar y arrinconar a quienes en Venezuela asumieron una posición diferente y de incurrir en actos de corrupción mediante el abuso de poder.

"Explicale Chávez a Venezuela dónde están los u$s 900 mil millones que ingresaron al país en los últimos diez años. ¿Por qué has despilfarrado ese dinero mientras la gente sigue siendo pobre en Venezuela, viviendo en los cerros, sin agua potable ni electricidad?", interrogó.

También señaló que las denuncias de corrupción en su contra son una patraña y que él tiene una propiedad de 318 hectáreas desde la década del setenta -producto del trabajo de él y su familia- y una casa con deuda con el banco. Desafió al gobierno a que presente pruebas "pero no falsificadas" de que él se enriqueció ilícitamente.

La Fiscalía acusó a Rosales de enriquecimiento ilícito, que implica una pena de entre tres y diez años de cárcel. Según la Fiscalía, el delito se habría cometido entre 2002 y 2004 cuando Rosales era gobernador del Estado de Zulia (noroeste).

Este martes su abogado en Lima, el congresista Javier Valle Riestra, presentó un pedido de asilo en favor de Rosales ante el gobierno peruano.

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