Desde noviembre, se reciben hasta 15 denuncias diarias por despidos

En el Ministerio de Trabajo admitieron que cada fin de año aumentan los casos. Sin embargo, la crisis agudizó el conflicto. Los más afectados son las empleadas domésticas y los obreros de la construcción.
Un crecimiento en el número de trabajadores que realizaron denuncias por despidos en la delegación Río Cuarto del Ministerio de Trabajo genera preocupación en el sector sindical y actúa de alerta sobre las secuelas que deja la crisis económica en la ciudad y la región.

Según datos proporcionados por el organismo provincial, en noviembre y diciembre receptaron “entre 10 y 15” presentaciones diarias de empleados expulsados de sus puestos y estiman que la tendencia se mantendrá durante enero.

Los más afectados son las empleadas domésticas y los obreros de la construcción, donde se observa una constante merma del boom que provocó un notable crecimiento edilicio en el micro y macro centro a partir del 2002.

En total, un promedio de más de 200 personas por mes, algunas de ellas con empleos en negro o contratos precarios, pasaron a engrosar el dramático contexto de la desocupación. Las cifras incluyen a personas de Río Cuarto y localidades de la región.

La doctora Marcela Santini, subdirectora del ministerio y responsable a cargo de la sede local, precisó que cada fin de año aumentan los casos “debido a que las patronales aprovechan para evitar el pago de aguinaldos y vacaciones, además de condicionar las negociaciones con los despedidos”.

“Los juzgados ingresan en la etapa de feria y esto obliga a postergar las acciones que pudieran impulsar los trabajadores. De esta forma, los empresarios obtienen más días para negociar quitas en la indemnización”, señaló.

Sin embargo, las condicionantes históricas de la especulación empresaria no son la única causa por el incremento de los despidos. La desaceleración productiva, la caída del consumo y la incertidumbre sobre el impacto real del conflicto financiero elevaron las denuncias.

El doctor Paulo Rodríguez, jefe del área de Fiscalización, evalúo que las consecuencias aún son inferiores a las estimadas inicialmente, aunque precisó que no se puede determinar cuál será el desenlace de la merma en la actividad económica.

“En enero van a continuar los actuales indicadores de despidos y esperamos que en febrero se produzca una reducción. Si esto no ocurre estaremos ante una evidencia para tener muy en cuenta sobre lo que puede ocurrir en el primer semestre del año”, admitió.

Por su parte, Santini resaltó que “los primeros perjudicados son quienes están en negro y luego siguen los de menor antigüedad o quienes tienen contratos precarios”.

“Siempre comienzan a advertirse algunos antecedentes como la demora en el pago de sueldos, aguinaldos o subas acordadas gremialmente. Después, puede llegar el peor desenlace. Lamentablemente, muchos esperan al último trimestre para especular con reducir costos debido a que el empleado es más vulnerable. Nuestro objetivo fundamental es evitar que se llegue a estas situaciones y prevenirlas. La Provincia generó propuestas que son valiosas, como el aporte de 400 mensuales por cada nueva incorporación en blanco”, señaló.

Las primeras víctimas

Las mejoras salariales (ganan, en promedio, 1.132 pesos y recibieron el adicional de 200 pesos de fin de año) y en las condiciones laborales de las empleadas domésticas contrastan con la vulnerable situación en la que están muchas mujeres del sector.

La falta de un sindicato que las incorpore y la defensa individual de los intereses que deben realizar las expone a una mayor debilidad en las negociaciones. Además, el convenio reduce a la mitad el haber por año trabajado en casos de que sean expulsadas.

Estiman que más del 40 por ciento de la totalidad de denuncias que se receptan en Río Cuarto son de trabajadoras hogareñas que fueron echadas por no acordar con sus empleadores.

También en la construcción la precarización por contratos irregulares ó convenios informales provocan despidos sin causa. En el resto de las actividades, como la metalúrgica, el comercio, el sector alimenticio y el de servicios, la problemática se observa en menor medida.

Juicios lentos

Los tiempos en los que se desarrollan los litigios judiciales –pueden demorar hasta dos años- y las urgencias económicas de quienes perdieron sus puestos laborales obligan a una mediación del área de Trabajo para buscar un acuerdo que conforme a las partes y evite la intervención de un juez.

La doctora Santini precisó que los despedidos reciben en forma gratuita un asesoramiento legal y se realizan audiencias en las que se convoca al trabajador y al empresario.

“En la mayoría de los casos se llega a un arreglo extrajudicial indemnizatorio porque los implicados entienden las complicaciones que genera derivar el conflicto a Tribunales”, consideró.

Condiciones de seguridad de los obreros

En las reuniones que comenzaron a desarrollarse el año pasado entre el sindicato de la UOCRA, la Cámara de la Construcción, los colegios de profesionales, la Defensoría del Pueblo y la Provincia, la prioridad era debatir sobre las condiciones de seguridad de los obreros.

“Sin embargo, la conflictividad laboral obligó a incorporar al debate las condiciones de contrato y el temor a los despidos", indicó Santini.

La titular de la delegación local evaluó que "el sindicato quiere evitar que las dificultades sean aún mayores" y añadió que van "a acompañar la búsqueda de soluciones”.

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