Desde Jujuy, Isolda Calsina afirmó que la Nación pretende eliminar el delito de calumnias e injurias para "manipular a la opinión pública"

Nuestro medio entrevistó en forma exclusiva a la titular de Lyder, Isolda Calsina, quien refirió su postura frente al proyecto de derogar la punibilidad para el delito de calumnias e injurias, destacando que forma parte de una maniobra del Gobierno Nacional para "manipular a la opinión pública". Afirmó que se pretende combinar esta derogación con el proyecto para una nueva Ley de Radiodifusión, con el objetivo de que el Estado acapare los medios de comunicación, pudiendo "calumniar y discriminar" a aquellos que estén en desacuerdo con las políticas oficiales.
Calsina expresó que "es llamativo que la Presidenta haga este anuncio, cuando tenemos en funciones un Congreso que ha perdido legitimidad. Es un Congreso que ya está en tiempo de descuento y, esto de querer ‘atropellar’ con varias leyes, verdaderamente muestra que hay una intencionalidad de generar decisiones, que trascienden hacia la ratificación de un modelo que ha sido castigado por la ciudadanía el 28 de junio".

La derogación de este delito, por tanto, "significaría para la población quedar desprotegida respecto del bien que la ley protege, que es la honra, el honor y el buen nombre de las personas. Dejaría librado a que las personas pudieran quedar sujetas a una condena pública por los medios de comunicación, concentrados en manos de monopolios estatales, que es lo que se pretende con la Ley de Radiodifusión".

En este sentido, "la justicia es el último resguardo de la ciudadanía y, si la concentración de poder hace que los medios de comunicación estén todos en manos del Estado, o de los grupos vinculados al Estado, los ciudadanos definitivamente perderíamos la posibilidad de defendernos".

A esto agregó que "el delito de calumnias es cuando se refiere uno a otra persona, endilgándole la comisión de un delito: cuando le digo ladrón a otro, por ejemplo. Quien es aludido como ladrón tiene la posibilidad de demandar, y obligarme a que yo demuestre que existen elementos como para acusarlo de un delito. De manera tal que es muy preocupante que se intenten derogar las calumnias e injurias, porque va acompañado de este proyecto de ley de radiodifusión, que prácticamente segmenta en tres partes la posibilidad de manejar medios".

Al respecto, "un tercio serían medios exclusivamente públicos, otro tercio para las organizaciones sociales, y otro tercio para todo el sector privado actualmente vigente. Esto significaría que dos tercios prácticamente serían manejados por el gobierno de turno, que es quien tiene la caja para manejar a las organizaciones sociales, y con esto se intentaría manipular a la opinión pública, deformando la realidad".

Más allá de esto, "esta ley debe ser reformada, que creo que en esto hay un consenso mayoritario, pero debe ser reformada por quienes hoy tienen legitimidad para hacerlo, que son los legisladores que han resultado electos el 28 de junio".

Relativo a los alcances de estas leyes, "bastaría que uno esté en desacuerdo para que se lo discrimine inmediatamente y se lo califique de cualquier modo, que uno pueda ser realmente atropellado en su imagen por cualquier medio, sin tener defensa alguna".

Por último indicó que "el Estado no puede jamás discriminar a sus ciudadanos, menospreciar el pensamiento de otros, y claramente la Ley de Radiodifusión es una ley discriminativa. Porque monopoliza, tiende a provocar una manipulación de la opinión pública y a que se maneje una verdad única. Por eso no le va a ser fácil al Gobierno imponerlo, porque somos un país donde la diversidad y la tolerancia han sido unas de las claves del éxito de nuestro país en el mundo".

"Creo que no van a poder convertirnos en discriminadores e intolerantes a los argentinos, pese a que se siembra esto desde el Gobierno", concluyó

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