Desde la Fiscalía de Investigación Administrativa Instan al Gobernador a cumplir con la Ley de Ética Pública

El organismo inició de oficio una causa y solicitó a Capitanich que instruya a todos los organismos públicos, centralizados o descentralizados, empresas del Estado Provincial, Institutos, Administraciones y demás dependencias públicas el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 6.137 de Ética Pública
Luego que la diputada Alicia Terada solicitara la intervención de la Fiscalía de Investigación Administrativa para garantizar el cumplimiento de la Ley de Ética Pública, el organismo de control externo de la provincia decidió iniciar de oficio una causa y solicitar al Gobernador en su condición de jefe de la administración pública a que instruya a todos los organismos públicos, centralizados o descentralizados, empresas del Estado Provincial, Institutos, Administraciones y demás dependencias públicas el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 6.137 de Ética Pública.

El requerimiento fue realizado por parte del fiscal general, Héctor Miró por considerar que el Estado vulnera la norma que se encuentra vigente que dispone que "en la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos, no pueden constar nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos".

Esta Ley que entró en vigencia a partir del mes de octubre de este año es omitida por las autoridades gubernamentales quienes siguen exponiendo –a pesar de la prohibición- la leyenda "gestión Capitanich" en las puertas de las camionetas entregadas recientemente a la empresa estatal SAMEEP, como asimismo en la pagina web de Internet y en diversas obras públicas de todo el territorio provincial.

La diputada del ARI, Alicia Terada comentó que el Gobierno tiene pleno conocimiento de la norma, atento a que desde la Cámara de Diputados se han presentado varios proyectos de resolución que han tenido repercusión pública a través de los medios de comunicación, donde se solicita al gobernador que efectivice el cumplimiento de lo que establece la Ley, sosteniendo que "no solamente representa una desobediencia a un mandato legal sino que constituye un mal ejemplo para la ciudadanía a quienes se está fomentando el incumplimiento a las normas que son las que permiten mantener a una sociedad organizada".

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