La vergonzante conducta del diputado Rubén Almará ante una menor de 15 años, con preguntas de alto contenido sexual, pasaron casi como un tema menor por la Cámara de Diputados. Fuera de la voluntad individual de uno o dos legisladores que pidieron sanciones, primó el accionar disciplinado propio de quienes sólo le prestaron atención a la habitual conducta de su par cuando se convirtió en un escándalo mediático de alcance nacional. Por eso extrañó la reacción del diputado Albornoz que consideró improcedente que los repudios se hagan “en circos mediáticos y en medio de operaciones de prensa”, mostrando su preferencia porque se dé el necesario debate en el ámbito legislativo, algo que de haber existido realmente hubiera evitado ese “circo mediático” que tanto lo incomodó. Por eso, también, no extrañó la tibia y formal resolución de la cámara que consideró suficiente “rechazar las expresiones” del animador radial.

Pero no fue suficiente la medida para las numerosas entidades civiles, comunicadores, periodistas y trabajadores, particularmente de áreas vinculadas a las problemáticas de género, de la niñez y la adolescencia, que se pronunciaron en repudio al lamentable episodio.

Tal es el caso de los empleados del Consejo provincial del niño, el adolescente y la familia (Copnaf), que advirtió en su momento sobre el carácter “degradante y estereotipado“ de las expresiones de Almará y sobre las normas de protecciones de derechos de niños, niñas y adolescentes habían sido violadas. Ahora, la Asamblea permanente de trabajadores/as de la Niñez - Copnaf dieron su opinión sobre las definiciones de la Cámara de Diputados: “consideramos que lo resuelto por dicho ámbito legislativo resulta insuficiente por no responder a la magnitud de los agravios que el mencionado diputado expresó a una adolescente en su programa radial”, comienza el texto enviado a INFORME DIGITAL.

“Entendemos que un funcionario que forma parte de la Honorable Cámara y que, además, se encuentra ocupando un espacio en un medio de comunicación, de ninguna manera puede dirigirse a una ciudadana ejerciendo violencia verbal, simbólica y de género; con el agravante de que la víctima de ese accionar violento y prejuicioso es una menor de edad”, resaltaron desde el organismo y sostuvieron que “en el marco de este accionar no debería ostentar el titulo de representante del pueblo en el cargo que ejerce en el Poder Legislativo”.