Desde CODELCO afirman que la audiencia pública para establecer el aumento del colectivo está prevista en la Constitución Nacional

La referente del Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO), Alicia Chalabe, se refirió a la necesidad de llamar a una audiencia pública para discutir la necesidad o no de aumentar el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy, destacando que es falso que no haya obligación de establecer este mecanismo de participación ciudadana, como afirmaban desde el Municipio.
Señaló que este procedimiento está previsto por la Constitución Nacional, a la vez que por las leyes de Defensa del Consumidor y de Emergencia Económica, por lo que la Carta Orgánica Municipal quedaría por debajo de estas normas.

Chalabe manifestó que "el tema es que el régimen de los servicios públicos se ha modificado en estos años, luego de la Carta Orgánica Municipal. Ha pasado no sólo con la Ley de Defensa del Consumidor, que fue modificada el año pasado, sino sustancialmente la Ley de Emergencia Económica, que se dictó en el año 2002. Esa ley establecía todo un sistema para llevar adelante las modificaciones tarifarias, o las renegociaciones de los contratos de los servicios públicos".

A esto agregó que "la provincia y la municipalidad adhieren a esta ley, porque era un requisito para obtener financiamiento de la Nación. Lo que es ineludible es que los servicios públicos se han modificado, y no podemos pretender pensar que vamos a aplicar leyes vetustas a servicios nuevos". Sin embargo, "esto es lo que sucede".

Por otro lado, "hay un libro bastante interesante, que lo ha escrito el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con todo un capítulo denominado ‘Audiencias Públicas’. En ese libro establece que estas audiencias públicas están previstas en la Constitución Nacional; es decir que hoy no se puede pensar en que a un servicio público no le vamos a aplicar la Constitución Nacional, o la Ley de Defensa del Consumidor, o la Ley de Emergencia Económica".

Además, "el artículo 31 de la Constitución Nacional establece un principio, que es el de la ‘prelación de las normas’: la norma madre que debemos cumplir los ciudadanos particulares, y sobre todo los funcionarios, es la Constitución Nacional".

En cuanto al procedimiento que deberían haber seguido para establecer el aumento del colectivo, "en primer lugar, se tiene que justificar económicamente. Es decir, deben hacer los estudios necesarios para decir ‘yo quiero aumentar tanto en virtud de qué’, y ese estudio de costos debe ser sometido a una audiencia pública informativa. Esto lo hace Salta con los servicios públicos, que se hacen estudios y se convoca a audiencias públicas informativas, en donde se da a conocer a los usuarios qué es lo que se quiere aplicar".

Luego de esta etapa, "se aprueba o no el pedido de aumento tarifario, y ahí recién se convoca a audiencia pública para que también opinen sobre la resolución que ha tomado el Poder Ejecutivo. Todo ese procedimiento culmina con una decisión administrativa".

Por lo tanto, al no cumplirse estos pasos, "vamos a hacer presentaciones en la justicia, un amparo judicial, por el artículo 43. Seguramente va a ser en esta semana, cuando reunamos la documentación, veamos si la ordenanza está promulgada, todos los elementos que hay que tener para poder iniciar una acción judicial".

Comentá la nota