Además, propusieron afectar el 1 por ciento del Presupuesto 2017 a un fondo destinado al salario social complementario y crear un consejo de economía popular, integrado por organizaciones y sindicatos, que tendría como objetivo resolver situaciones como la de Cinpal.

Las agrupaciones que integran la CTEP, un sindicato con personería, les solicitaron a los concejales que estudien el proyecto y que “legislen a favor de los que menos tienen, que son la mayoría de nuestro pueblo”.

PolíticaDesde la Banca XXI, pidieron adherir a la Emergencia Social y crear un consejo local de la economía popularESCRITO POR: EL ECO DE TANDIL EL 16 DICIEMBRE, 2016AÑADIR COMENTARIO

Ayer, en el Concejo Deliberante, representantes de agrupaciones que integran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) pidieron la adhesión a la Ley Nacional de Emergencia Social. Además, propusieron afectar el 1 por ciento del Presupuesto 2017 a un fondo destinado al salario social complementario y crear un consejo de economía popular, integrado por organizaciones y sindicatos, que tendría como objetivo resolver situaciones como la de Cinpal.

Las agrupaciones que integran la CTEP, un sindicato con personería, les solicitaron a los concejales que estudien el proyecto y que “legislen a favor de los que menos tienen, que son la mayoría de nuestro pueblo”.

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Desde la Banca XXI, y ante una barra colmada de militantes y banderas, se escuchó la letra de un documento consensuado, en las voces de Natacha Milazzo (Patria Grande), Mario Sánchez (Movimiento Evita) y Heliana Caro (La Poderosa). Al final, los aplausos inundaron el recinto y sonaron críticas al Gobierno municipal por algunas obras previstas en el Presupuesto 2016 -como el riego de la Plaza Independencia- en lugar de destinar más partidas a desarrollo social.

En ese contexto y antes de cerrar el espacio legislativo, Mario Sánchez agradeció la oportunidad y les dijo a los legisladores que “hay gente que está excluida del sistema, desde el centro no se ve, pero se nota mucho” y cuestionó que “hay poca presencia del Estado en los barrios”.

Los fundamentos

Al presentar el proyecto, los referentes de la CTEP resaltaron que la Ley de Emergencia Social busca “promover y defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional”, a través de la creación de un consejo de la economía popular y un salario social complementario, para los miembros de los sectores más vulnerables de sociedad.

En el diagnóstico sobre la situación social, mencionaron el aumento de la desocupación y subocupación, con más de 2 millones de personas en el país sin empleo o que trabajan menos horas de las que desearían.

Al “oscuro panorama”, le sumaron la apertura indiscriminada de las importaciones, el incremento de las tarifas y medidas que llevaron a la significativa reducción del consumo doméstico, y la falta de acciones para fomentar el empleo.

Por otra parte, describieron que “estamos en una etapa en la cual el trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema socioeconómico. Incluso en períodos de crecimiento económico e inclusión social, en nuestro país, una buena porción de la población no logró entrar al mercado formal de trabajo, debido al aumento constante de tecnología capaz de suplantar mano de obra y a las características que asume el capitalismo financiero mundial”.

Entonces, entre el tercio de personas que están excluidas del mundo laboral “al menos dos generaciones de argentinos no conocen la vida en una empresa, fábrica o taller, nunca gozaron de un sueldo digno, vacaciones, aguinaldo, obra social ni un sindicato que los proteja de los abusos”.

Advirtieron que “Tandil no es la excepción” e informaron que los últimos indicadores laborales difundidos por el Ministerio de Trabajo sobre la ciudad, de 2010, establecieron que el 11,9 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en situación de desempleo; el 8,8 por ciento está subocupada, es decir, trabaja menos de 35 horas semanales; y un tercio de los asalariados no tiene beneficios sociales como aguinaldo, aportes jubilatorios, vacaciones, seguro de trabajo.

Concluyeron que la mitad de la población económicamente activa no goza de los derechos laborales establecidos por la legislación. Entonces, el sector de los trabajadores de la economía popular (integrantes de fábricas recuperadas, cuidacoches, cartoneros, changarines, trabajadoras de casas particulares, pequeños agricultores, vendedores ambulantes, feriantes, mandaderos, costureras, fleteros, microemprendedores, etc.) “no fue suficientemente reconocido en la década anterior, sin embargo, tampoco puede negarse que este año todas las variables empeoraron notablemente”.

Sumado a esto, resaltaron que en los barrios de Tandil observaron las consecuencias de la inflación en los alimentos, transporte público y servicios, además de la “caída estrepitosa de las changas”.

“No más planes”

Por otra parte, las organizaciones sociales resaltaron el amplio consenso que logró la ley en el Congreso. “Esto significa que todo el arco político nacional reconoce a los trabajadores de la economía popular”, analizaron y enfatizaron que los “30 mil millones de pesos acordados en la ley, cuya aplicación será definida en conjunto por las organizaciones de la economía popular y el Estado, serán para la creación de trabajo de interés social”. A nivel local, pusieron como ejemplo la limpieza del arroyo Langueyú.

“Vamos a repetir el concepto para que quede claro. No más planes sociales, discrecionales asistenciales y clientelares. Sí a los programas de trabajo de interés social. El trabajo digno es el único ordenador social”, clamaron.

Por último, sostuvieron que “creemos que la ciudad de Tandil no es ajena a este proceso de deterioro general de las condiciones de vida. Creemos también que el Estado municipal tiene el deber de hacer un esfuerzo para generar trabajo de interés social y cuidar los puestos de trabajo actuales”.