(Des)confianzas

Por J. M. Pasquini Durán

Las elevadas temperaturas del temprano verano promovieron, en la línea clásica, cortes de luz en por lo menos cincuenta mil usuarios, descompusieron ciento cincuenta semáforos en la Capital y dejaron sin agua a los que ya estaban a oscuras y necesitaban bombear hacia tanques en las alturas.

Con cínico realismo, los proveedores destacaron que en esta ocasión el número de afectados era menor que en otras oportunidades y, al comienzo de la semana, el ministro Julio De Vido, superior encargado del sector eléctrico, se había jactado de otra verdad estadística: “Pese al tórrido clima, no tuvimos que importar energía brasileña”, dijo. Es cierto también que accidentes similares ocurren en otros países y con otras empresas, como bien lo saben centenares de miles de californianos en Estados Unidos, por citar una referencia notoria. Estos y otros argumentos consoladores importan nada cuando en una casa o un comercio hay que enfrentar el agobiante calor con una vela en la mano, pero tal vez lo más indignante es que nadie se haga cargo de los daños ocasionados, tanto para reponer las mercaderías perdidas en las heladeras apagadas como para arrimar una disculpa y un reconocimiento tarifario de compensación en la próxima boleta. Los cortes en el servicio y la indiferencia por las consecuencias ocasionan el mayor de los perjuicios: la pérdida de confianza del usuario en los administradores públicos y privados.

La confianza y la credibilidad son valores esenciales para la convivencia y son determinantes, además, en las relaciones políticas de los líderes con sus bases, lo mismo que en la evolución de las economías. Dado que son términos abstractos, ingrávidos y volátiles, cuesta mucho ganarlos y se pierden con rapidez. Nunca se obtienen de una vez y para siempre y es casi imposible recuperarlos después de extraviarlos en algún recodo del camino. Es uno de los problemas más serios que debe afrontar el gobernante cuando ya no los tiene. La democracia del último cuarto de siglo ofrece ejemplos sobresalientes de tenencias y pérdidas: Alfonsín, Menem y la Alianza pasaron por los picos más altos y más bajos de esa curva de relación con la sociedad. En caída es más cruel que un apagón prolongado, sobre todo por las dificultades para la reposición. Néstor K. es el primer ejemplo, en este ciclo, de alza constante: sus propias habilidades y oportunidades afortunadas hicieron que empezara muy abajo y terminara su mandato bien arriba. A lo mejor sus habilidades no están deterioradas, pero los vientos ya no son tan propicios como antes, sin contar que no es lo mismo estar en el centro del escenario que entre bambalinas.

Durante ese período, como primera dama, la presidenta Cristina destacó por las aptitudes legislativas que la resaltaron desde hace años y a la hora de asumir la continuidad de la gestión tuvo a su favor los méritos propios, los de la gestión cumplida por el consorte, con su apoyo y consejo, y la promesa del cambio que fuera continuidad y superación al mismo tiempo de los cuatro años anteriores. En contra tenía la sombra constante y consentida de Néstor, los prejuicios por el género y los típicos inconvenientes de un segundo mandato. En sus mensajes preliminares, la idea de un acuerdo económico-social prevaleció entre las iniciativas políticas que proponía para su gestión, pero antes de que pudiera mostrar el diseño de lo que pretendía, el conflicto con “el campo”, prolongado sin sentido durante largos cuatro meses, canceló esa propuesta, pero, lo más grave, lesionó la confianza y la credibilidad en franjas importantes de la población de clase media, tanto del campo como de la ciudad. Las clases altas son antiperonistas, sólo atenuadas por la reactivación económica y los excelentes negocios con altas rentabilidades, y las clases bajas que aún conservan, pese a la vida de sacrificios, la ilusión por el retorno del bienestar perdido y su fe en el peronismo, aunque cada día se haga más difícil reconocer las señas de identidad de esa filiación.

Pasado lo peor del pleito, merced a una derrota en el Congreso que rompió el binomio de la Concertación (K.-Cobos), la Presidenta enarboló otra versión del acuerdo, llamando a los pactos del bicentenario, pero antes de completar la versión que justificara el título, llegó el huracán financiero nacido en las entrañas del monstruo, según la antigua y certera definición de José Martí, cuando era corresponsal de La Nación en Estados Unidos y despuntaba como el prócer de la independencia cubana. Después de un primer momento de jactancia, cuando definió la economía nacional como una roca firme en la marea, para el Gobierno llegó el momento de tomar recaudos para evitar tropiezos fatales. La economía del capital contemporáneo es medrosa, escapa a los riesgos y prefiere defender los propios intereses particulares a cualquier costo, y sólo se encuentra satisfecha cuando, maximiza la rentabilidad, baja los tiempos de acumulación y la autoridad le garantiza la paz social y la seguridad jurídica entendidas como mallas protectoras de varias capas. En condiciones críticas como las actuales, el capital busca ponerse a salvo, sin reconocer ni deberes ni solidaridades con nadie que esté más allá del pequeño círculo de sus intereses. Para decirlo con palabras de Albert Camus, escritas hace más de medio siglo, “No se cura la peste con remedios para resfríos. Una crisis que desgarra al mundo entero debe solucionarse a escala universal”. No está mal, sin embargo, que se establezcan condiciones nacionales para sostener la producción y el empleo, como aporte a ese esfuerzo multilateral de recuperación.

Desde este punto de vista, la iniciativa gubernamental, en contra de su hábito de eludir los “paquetes” de proyectos para atender de a uno, es un abanico de tentaciones para que el capital siga trabajando. Desde el flamante Ministerio de la Producción, a cargo de Débora Giorgi, veterana funcionaria de las áreas económicas en varios gobiernos, hasta una oferta de moratoria para deudas previsionales e impositivas, más varias opciones para lavar capitales prófugos –sólo en el exterior se calcula un volumen aproximado de 180.000 millones de dólares de origen argentino–, hasta un plan intensivo de obras públicas de rápida ejecución, menos de un año por proyecto, repartido en todo el territorio nacional, el “megacombo” tendrá que pasar por el Congreso, con todas las variables que supone el debate legislativo. Si se compara el subsidio universal de cien pesos por hijo decretado en la provincia de Buenos Aires, pero por escasez presupuestaria sólo de aplicación en quince de los 134 municipios, con los subsidios implícitos para el capital, la oferta es generosa con los empresarios.

Faltan, sin embargo, los requisitos indispensables para garantizar el éxito de cualquier plan: la recíproca confianza y credibilidad entre el Estado y el mercado. Aparte de las tradicionales objeciones sobre las moratorias y los blanqueos, que suelen ser recompensas para pillos, y las reconvenciones morales que, según Antonio Gramsci, son apropiadas para la vida de las personas pero no para las decisiones políticas, el “megacombo” requiere una calidad entre las partes que no parece fácil de conseguir de un día para el otro. En Estados Unidos, donde se originó el cataclismo, el Tesoro público ya volcó cantidades de dinero que darían envidia a los cuarenta ladrones de Alí Babá, pero el mercado sigue inestable y dubitativo como si no hubiera recibido nada. Tal vez sería más útil que Bush dejara a Obama lo antes posible, sin esperar hasta el 20 de enero, porque una transición, con las diferencias existentes entre las dos figuras en cuestión, no ofrece ninguna certidumbre, al menos con los parámetros y garantías que demandan los mercados. La confianza, por ahora, está del lado de Obama, pero el electo no tiene el comando efectivo. Ahí aparece otra vez el valor virtuoso de la credibilidad social en el poder.

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