El domingo pasado, la primera ministra británica, Theresa May, anunció que a fines de marzo de 2017 invocará el artículo 50 del tratado de la UE, el paso necesario para iniciar el proceso de salida del bloque. Además, insistió en que el control de la inmigración y la retirada de la Corte de Justicia Europea serán sus prioridades. Los anuncios de May buscan ofrecer algo de claridad respecto de los planes del gobierno británico, a tres meses del referéndum en el que se impuso la opción de que el Reino Unido abandone la UE.

Uno de los ejes cruciales de la negociación del gobierno británico para salir de la UE será la relación entre el acceso al mercado interno de la UE y la aceptación de trabajadores de los otros países integrantes del bloque comunitario. Otro de los ejes centrales es el futuro del sector financiero británico. Si el Reino Unido pierde el derecho de exportar servicios financieros a la UE, muchos bancos y entidades financieras deberán transferir al menos una parte de sus actividades a países del bloque, y ya se ha visto a centros financieros como Frankfurt y París intentando atraer empresas que actualmente operan en la City de Londres.

Muchas corporaciones amenazaron con abandonar el país cuando se active el artículo 50, una presión financiera que se explica por la razón de que el Reino Unido es una economía de servicios, y las actividades financieras representan una de las principales actividades económicas del país. Debido a su membresía en la Unión Europea, bancos y otras empresas financieras localizadas en el Reino Unido pueden vender sus servicios a cualquier país de la UE sin necesitar autorización en cada país. Si el Reino Unido pierde este beneficio como consecuencia del Brexit, muchas empresas deberán relocalizar parte de sus operaciones a otros países.

Respecto al comienzo formal de las negociaciones con la UE, el Reino Unido todavía tiene que definir sus estrategias y aún está conformando los equipos que negociarán con la UE.