La nueva ley de declaraciones juradas de funcionarios, que reduce la cantidad de información que deben entregar los agentes del Estado y que está en vigor desde anteayer, desconcertó a la Oficina Anticorrupción (OA), el organismo encargado de solicitar y analizar los datos patrimoniales.

Por un lado, porque no saben cómo actuar de ahora en más y porque el organismo específico que se dedica a esto desde hace casi 15 años no recibió consultas antes de la reforma. Con el agravante de que los cambios entraron en vigor diez días antes de la fecha tope para que la presidenta Cristina Kirchner, los ministros y todos los funcionarios del Poder Ejecutivo entreguen sus declaraciones de bienes correspondientes a 2012.

El plazo vencerá el 19 de julio, pero en la OA, antes del decreto reglamentario de la nueva ley, descartaban que iba a ser extendido, en un principio por 15 días. Con estas novedades, va a ser necesario reformar los aplicativos informáticos, por lo que no se descarta una prórroga más amplia.

Así lo reconocieron funcionarios del organismo consultados por LA NACION, que señalaron que con la nueva normativa no saben cómo hacer con los funcionarios que ya presentaron su declaración jurada: si tienen que volver a requerírsela para presentarla mediante este nuevo mecanismo o si ya está cumplida su obligación con la presentación que efectuaron.

En el paquete de leyes de reforma judicial que envió la Presidenta al Congreso, una en particular estaba destinada a reformar el sistema de declaraciones juradas de bienes. Se dijo que era con la intención de trasparentar la gestión, porque la nueva ley obliga a subir todas las declaraciones de bienes de los funcionarios de los tres poderes del Estado a Internet. Tuvo un amplio consenso en el Congreso de opositores y oficialistas. Ayer se reglamentó esa ley y quedó al descubierto que los funcionarios van a tener que declarar menos que antes, según se desprende del decreto reglamentario y denunciaron ONG, que bregan por la trasparencia política, y el radicalismo. LA NACION buscó consultar ayer al titular de la OA, Julio Vitobello, sin éxito.

Datos que antes debían detallarse no estarán: por ejemplo, no hay que declarar empleos anteriores del funcionario y otras fuentes de ingresos además del salario de la administración pública, como por ejemplo acciones, inversiones, fideicomisos o explotaciones empresarias . Esto impide a la OA realizar una de sus principales tareas además del control patrimonial, como es el análisis de conflictos de intereses entre la actividad privada del funcionario y la actividad pública que realice o que realizó con anterioridad a asumir su cargo.

Con la nueva ley, en lugar del formulario detallado de datos, alcanzará con presentar la declaración de la AFIP -no se dijo si la de Ganancias o la de Bienes Personales- que incluye montos totales sobre activos y pasivos, sin detalles.

En la OA no sabían cómo iba a circular la información, si la AFIP se las iba a enviar o si ellos debían solicitar a cada funcionario su declaración de impuestos, cuando se aclare cual es la que corresponde. Tampoco estarán, como antes, detallados los bienes del grupo familiar o de los convivientes.

Ahora no se podrán comparar, como se realizaba hasta ahora, en detalle, los bienes de los ministros y de la Presidenta, pues los datos serán presentados de manera diferente a los últimos años. La AFIP va a tener mayor control y la tarea que hacía la OA se verá limitada a subir los datos a Internet, sin hacer más análisis de inconsistencias.

Además crece de manera exponencial el número de funcionarios obligados a presentar una declaración jurada. Hasta ahora eran unos 36.000 del Poder Ejecutivo, pero ahora la OA, según la nueva reglamentación, debería encargarse de publicar las declaraciones de legisladores de ambas cámaras, sus empleados, el Poder Judicial y el ministerio público fiscal y de la defensa.

La Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ) advirtió que la nueva ley y su reglamentación "restringieron considerablemente el nivel de información disponible que permite controlar el patrimonio de los funcionarios obligados". Dijo la ONG que ahora no se podrá individualizar cada uno de los bienes de los funcionarios, su ubicación, metraje, valor de adquisición y valor fiscal, titularidad, porcentaje sobre titularidad o, en el caso de ganancias, origen de los fondos.

El diputado radical Manuel Garrido advirtió: "Lo insólito es que los trabajadores comunes cada vez tienen más exigencias y el funcionario público está amparado para ocultar sus bienes y sus negocios"..