No descartan una ley para frenar despidos

Por Laura Serra

Preocupado por el agravamiento de la situación laboral del país como consecuencia de la crisis financiera internacional, el oficialismo en el Congreso no descarta sancionar una norma que prevenga una ola generalizada de suspensiones por parte de las empresas.

De todas maneras, esta herramienta sólo se aplicará en última instancia, si fracasa el diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

Así lo anticipó a LA NACION el diputado kirchnerista y abogado de la CGT Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja. El legislador anticipó que la comisión que encabeza se entrevistará pasado mañana con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para informarse sobre la situación del mercado laboral, agravada por el anuncio de suspensiones generalizadas en distintos sectores, en especial el automotor.

En efecto, anteayer la fábrica Renault, instalada en Córdoba, anunció la suspensión de 1000 operarios por 10 días. Así, ya son más de 10.000 los trabajadores del sector que ven recortada su fuente laboral, según fuentes gremiales.

"La situación es para preocuparse, pero no para dramatizar", enfatizó el diputado Recalde, que advirtió: "Hay que separar la paja del trigo; aquí hubo anuncios [de suspensiones] demasiado apresurados".

El legislador sospecha que, detrás de la amenaza de suspensiones y despidos, hay empresarios que buscan crear una sensación de crisis laboral para obtener ventajas sectoriales, como, por ejemplo, beneficios impositivos o bien acallar reclamos salariales de los gremios.

"A río revuelto, ganancia de pescadores", graficó Recalde.

Si esta situación se prolonga demasiado, el diputado cree pertinente avanzar en una legislación restrictiva. Pero aclaró que primero se debería priorizar la negociación entre el Gobierno, los gremios y los empresarios para evitar despidos.

Justamente, el ministro Tomada había afirmado anteayer que se busca "evitar que predomine el acto reflejo de responder con la lógica financiera del despido" de trabajadores "a los efectos de la crisis internacional".

"El despido tiene que ser la última solución", expresó, luego de hablar de alternativas, como la reorganización de turnos, las suspensiones o el adelanto de vacaciones.

Si fracasan los acuerdos entre empresarios y trabajadores, el diputado Recalde no descarta analizar una norma "de orden público de carácter retroactivo" para evitar una eventual ola de despidos o suspensiones.

La idea de instrumentar otra vez una indemnización agravada por despido se baraja como una alternativa; esta medida se estableció por primera vez en 2002 por la ley de emergencia económica, y siguió vigente hasta el 11 de septiembre pasado, cuando el Poder Ejecutivo dictó un decreto en el que dispuso que había cesado la obligación para las empresas de pagar los adicionales al monto previsto por la ley de contrato de trabajo. En ese momento, esa cifra extra era del 50 por ciento.

En la Comisión de Legislación Laboral hay otras propuestas pendientes para prevenir una ola generalizada de despidos y suspensiones.

Por caso, los diputados Cecilia Merchan (Encuentro Social) y Raúl Solanas (FPV) proponen suspender por 18 meses los despidos sin causa justificada. En caso de producirse, los empleadores deberán abonar al trabajador afectado el doble de la indemnización que le corresponde.

"Los empresarios deberían resignar ganancias y ser solidarios con el pueblo", enfatizó el diputado Edgardo Depetri. Por su parte, el senador socialista Rubén Giustiniani sostuvo que "urge un pacto social, que el Gobierno debe convocar porque el país ya está en un escenario de desaceleración económica".

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