Desapareció la plata que Jorge guardó para pagar el juicio

El canon por uso del espacio aéreo comenzó a cobrarse durante la gestión municipal de Oscar Mario Jorge. En 2003, y ante un eventual juicio, dejó un millón y medio de pesos en plazo fijo. Torroba no lo encontró.
Francisco Torroba está convencido de que sí o sí el municipio "tiene que hacerse cargo del pago a Telefónica porque hay una continuidad jurídica" y porque se trata de una "deuda generada por haberse aplicado una ordenanza y una ley que después fue declarada inconstitucional, lo que derivó en un fallo adverso en primera instancia donde cada parte pagaba sus costas".

El municipio apeló ese fallo, pero los asesores legales comunales no fundamentaron la apelación. Esto ocurrió durante la gestión como intendente de Néstor Alcala y con Eduardo Aguirre como director de Asuntos Jurídicos.

En una segunda instancia, la Cámara de Bahía Blanca ratificó el fallo original con el añadido de las costas totales a cargo de la Municipalidad de Santa Rosa, alrededor de 900 mil pesos más, por lo que el millón y medio inicial (lo recaudado por el canon durante la administración comunal de Oscar Jorge y que Telefónica pagó bajo protesto) pasó a superar los siete millones de pesos, producto de los intereses.

"Esto no quiere decir que de haberse apelado (o fundamentada la apelación) se hubiera modificado la cuestión, el fallo original. Estimamos que a fin de año o principios del próximo saldrá el fallo de la comuna de General Pico (también por el mismo canon cobrado a Telefónica) y creemos que será denegada su apelación y le quedará una instancia más".

Torroba reconoció que la omisión de los abogados municipales "es grave" y que podría definirse como "mala praxis".

-Intendente, ¿no se debió haber cobrado el canon desde un primer momento?

-Cuando se fijó el canon por espacio aéreo, no se tenía la absoluta certeza de que pudiera cobrarse, tanto es así que el intendente Jorge al momento de irse (en 2003), deja un plazo fijo por el importe de lo cobrado, por las dudas. Tenía dudas sobre la constitucionalidad de la tasa que se cobraba, tasa que estaba eximida de pagar Telefónica por ser la continuadora de ENTEL, pero no las otras empresas. Bueno, ese plazo fijo no lo encontramos cuando llegamos, y de haberlo tenido hubiese cubierto no la totalidad pero sí parte de esta deuda que tenemos que afrontar. Esa plata no está, acá no quedó nada.

-Es llamativo que ninguna autoridad municipal se ocupara de saber por qué se había omitido ese paso de la apelación.

-Nosotros entendíamos que había que esperar el fallo para ver si había un daño al municipio, porque, a lo mejor, haber omitido la apelación era económicamente mejor. Lo que no hemos encontrado en el expediente una decisión política de omitir ese paso (fundamentación de la apelación). Estamos iniciando un proceso de investigación administrativa, porque hay una modificación de la sentencia original y las costas quedaron a cargo del municipio, por lo que hay un daño económico.

-¿Es posible que la Municipalidad accione penalmente contra los responsables del Departamento Legal de la comuna en ese momento?

-Vamos a hacer una investigación administrativa de la que va a surgir si hay que exigir o no el resarcimiento del daño al municipio.

-¿Quién es ahora el responsable legal de la municipalidad?

-El director de Asuntos Jurídicos es Fernando Martínez Montalvo, el cargo que ocupaba (Eduardo) Aguirre cuando ocurrió esto. En 60 días estarán los resultados de esta investigación y se verá si se acciona contra los responsables legales por mal desempeño de sus funciones o una mala praxis que generó un perjuicio económico. Alguien se tiene que hacer cargo de ese perjuicio económico, pero el problema son los 7.200.000 pesos.

-¿Usted cree que Telefónica aceptaría arreglar por menos de esa cifra?

-No sé, sí que el gobernador Jorge me dijo que se iba a reunir con la gente de Telefónica, pero no tengo información si eso ocurrió. Tenemos que abrir una instancia de negociación, no es cuestión de pagar alegremente. Tenemos que ver también si recurrimos a la Corte, si vale la pena ir por los intereses, porque una decisión en ese sentido implicará más costos.

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