Desalojo de viviendas: fijan fecha para la semana próxima

Hasta hoy tienen plazo para retirarse las personas que ocupan las viviendas del barrio El Martillo en reclamo de que atiendan sus necesidades habitacionales. La Justicia local puede ordenar para la próxima semana el desalojo.
Si hoy al mediodía las familias que ocupan las viviendas del Plan Dignidad del barrio El Martillo no las abandonan, la Justicia local estará en condiciones de instrumentar el operativo de desalojo empleando fuerzas de seguridad.

Así quedó establecido luego de que el miércoles al mediodía la Cámara de Apelaciones dejara firme el fallo de primera instancia que ordena la desocupación del lugar y le diera a las familias instaladas allí desde enero un plazo de 48 horas para retirarse voluntariamente. El plazo vence hoy.

No obstante, hasta la semana próxima no se cumplirá con la medida ya que primera debe realizarse una reunión para coordinar las tareas y ha sido programada para el lunes.

A todo esto, el abogado de los ocupantes, Juan Pablo Gelemur, insistió en presentar recursos en instancias superiores, y para ello viajará el lunes a La Plata para interponer una queja ante la Corte Provincial. "Este fallo no está firme, al menos eso es lo que nosotros entendemos, ya que tenemos instancias todavía a las cuales recurrir", dijo ayer en diálogo con LA CAPITAL.

La ocupación de las casas del Plan Dignidad ubicadas en el barrio El Martillo se inició a fines de enero, cuando más de medio centenar de familias del barrio Pueyrredon decidió ingresar al predio e instalarse con la idea de encontrar algún elemento de negociación. Desde un primer momento resaltaron que no pretendían quedarse en el lugar, que su reclamo no era sobre esas propiedades sino sobre el derecho constitucional y universal a una vivienda digna.

A partir de entonces comenzó un choque de poderes, ya que tanto la Nación como la Provincia, y la Municipalidad en menor medida, aseguraron que dichas viviendas estaban destinadas a habitantes de la villa de Paso, con tantos o más problemas de habitabilidad que los ocupantes.

En un principio se intentó una instancia de mediación, pero no se logró ningún acuerdo, debido a que las partes se mostraron inflexibles: de un lado estaba el Estado que pedía el desalojo inmediato y del otro los ocupantes que decían que no se irían sin que les aseguraran otras viviendas.

"Si dejamos que cunda el ejemplo de que los que ocupan a la fuerza estarán por encima de los que se anotan en las listas, aceptan estudios socioambientales, y aguardan a que se los designe, entonces entraríamos en un caos incontrolable", decían en su momento las autoridades.

Ante la intransigencia, el Estado decidió iniciar una demanda en la Justicia local abriéndose una causa cuya fiscal resultó ser Graciela Trill.

Esta representante del Ministerio Público acusó a las personas del delito de "usurpación" y el juez Juan Tapia falló ordenando el desalojo 48 horas después de que quedara firme. Esto lo hizo sabiendo que los defensores apelarían, con lo cual la decisión final quedó en manos de la Cámara.

La instancia superior ratificó el fallo de Tapia y el miércoles fue notificado a Gelemur.

Ahora la fiscal Trill y el juez Tapia deberán instrumentar los elementos necesarios para ejecutar la medida. Existen varios requisitos ineludibles para poder cumplimentarla. Por un lado, la coordinación con entidades de derechos humanos, quienes deberán estar presentes en momentos en que se produzca el desalojo. También deberá estar organizado el operativo de traslado de algunas familias -las que demuestren estar en situación de calle- a un albergue transitorio provisto por la municipalidad. Y por último, tendrá que aguardarse a que el factor climático acompañe.

En La Plata

El lunes por la mañana, Gelemur y sus colaboradores presentarán en La Plata un recurso de queja ante el rechazo sufrido en las últimas horas de un amparo. "Estaremos en La Plata porque nos denegaron el recurso de Casación y entonces presentaremos uno de queja... Según el juez Tapia, esto estaría firme cuando se agote la vía recursiva, y ésta todavía no se ha agotado. Incluso tenemos una reserva hecha para accionar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es necesario. "Nosotros no queremos que la gente viva en la ilegalidad. Es el Estado el que la pone en la ilegalidad", dijo Gelemur.

También el lunes se desarrollará la reunión en la que deberán coordinarse las tareas con las fuerzas de seguridad que participarán del operativo de desalojo, las organizaciones de derechos humanos y el plantel de asistentes sociales que tendrán que estar presentes para atender a las personas desalojadas.

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