Desalojo de indígenas: CODECI presenta "Per Saltum" al STJ por gravedad institucional

El Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) presentó hoy un recurso de "Per Saltum" por gravedad institucional ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en el que solicita "tutela constitucional" por considerar que el juez de Instrucción Nº4 de la 3º Circunscripción Judicial, Ricardo Calcaño, "desconoce tanto los derechos de los pueblos indígenas como la aplicación de la ley 26.160".
Calcaño ordenó desalojar un campo cerca de Cañadón Chileno, un paraje próximo a Comallo en el que la Familia Loncon "viene ejerciendo posesión en forma tradicional y pública". Las tierras son reclamados por quien dice ser el propietario, Carlos Alberto Larraulet, que es juez en General Roca.

"Creemos que a instancias de Larraulet la policía actuó como actuó, de muy mala manera, fue injustamente violentada la puerta del lugar donde estaban residiendo y fueron llevados a Comallo en camioneta, hecho que fue denunciado por los abogados de la Familia Loncon", indicó Víctor Capitán, titular de la Coordinadora del Parlamento Mapuche.

El pueblo indígena considera que esta situación "daña y pone en peligro la paz social no sólo de la Familia Loncon sino también a toda la población indígena de Río Negro, ya que coloca a nuestra gente en estado de zozobra e incertidumbre".

El titular del CODECI, Florentino Huilcapan, señaló que éste es el segundo intento de desalojo que pretende ejecutar el juez. "Nuevamente volvemos a sufrir atropellos que se vienen repitiendo desde hace más de un siglo", expresó.

"Consideramos que estamos ante una situación de gravedad institucional, por un lado tenemos al Poder Legislativo, que a través de un proyecto de la legisladora Magdalena Odarda adhirió el año pasado a la ley nacional 26.160, que establece el relevamiento territorial de las comunidades indígenas a través de la ley provincial de 4.275; y por el otro, al Poder Ejecutivo, que a través de un decreto reglamentó que se aplique la 26.160 a través del CODECI".

Huicapan denunció que existe una gran contradicción, ya que el juez Calcaño "hace oídos sordos o desatiende la 26.160, cuando nosotros estamos en pleno trabajo con esta ley que contempla que se paren todos los actos administrativos y desalojos que atenten contra los pueblos indígenas".

Según el presidente del CODECI, en la actualidad hay alrededor de 20 casos que están en procesos de desalojo en la Justicia, entre ellas las comunidades Cosqui, Núñez, Cerro Bandera y Mariano Solo.

Indicó que las asesoras legales del Consejo están atendiendo los casos, llevando a cabo acciones para hacer valer el ejercicio de sus derechos legales y vigentes contemplados tanto en la Constitución nacional como en la provincial.

Por su parte, Víctor Capitán advirtió que "hay jueces que no hacen caso a lo que está normado y por eso nuestra preocupación".

"Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche repudiamos las declaraciones públicas del ministro Alfredo Pega cuando califica como ‘toma’ el ejercicio de nuestros derechos ancestrales, dañando la imagen pública de nuestros pueblos indígenas", expresó.

"Por eso estamos acompañando con acciones el reclamo de vigencia de los derechos indígenas consagrados en la Constitución nacional en el artículo 75 inciso 17, el convenio 169 de la OIT —por el que la República Argentina asume compromisos internacionales, como la reciente declaración de los pueblos indígenas de la ONU—. Asimismo reclamamos la aplicación de las leyes provinciales 2.287 y del decreto 310 complementario de esa ley del año 98".

"Sabemos que el título de propiedad es equivalente a la posesión pública y tradicional que ejercen las comunidades indígenas desde siempre, se trata de consolidar derechos y no de designarlos", explicó.

Comentá la nota