Se desalojó por la fuerza a 30 familias instaladas cerca del Salto Berrondo

OBERÁ. Momentos de tensión extrema, empujones y llanto se registraron ayer durante un desalojo judicial de varias familias que estaban asentadas en una chacra privada ubicada en inmediaciones del Complejo Turístico Salto Berrondo de esta localidad.
La medida fue ordenada por la jueza Teresa del Carmen Hedman, titular del Juzgado Civil Nº 3, con el apoyo de medio centenar de uniformados de la Unidad Regional II de Policía, la gran mayoría de los cuales no llevaban su respectiva identificación, lo que generó el airado reclamo de quienes fueron desalojado por la fuerza.

“Actúan así para pegar a mansalva, total nosotros no sabemos quiénes son y hacen lo que quieren”, denunció Juan José Ferreira, uno de los ocupantes desalojados, y esposo de una de las dos personas detenidas en el operativo de la víspera.

Precisamente, Claudia Milde y Orlando Vallejos fueron detenidos por resistencia a la autoridad cuando trataban de bloquear la ruta provincial 103, a escasos metros del lugar donde residían. Ambos fueron liberados en horas de la tarde, según confirmó el comisario mayor Luciano Pedrozo, titular de la Unidad Regional II.

Además, reconoció que personalmente ordenó que los efectivos se quitaran las identificaciones personales, argumentando que: “Se sacaron las insignias por cualquier tumulto que pudiera haber, ya que salen caro”.

El operativo de desalojo se inició minutos después de las 7.00, luego de que el oficial de justicia notificara la medida a los habitantes. Se presentó en el lugar un abogado en representación del propietario de la tierra, quien tenía a su cargo una cuadrilla encargada de desarmar los ranchos y trasladarlos fuera del predio.

“Llegaron a lo bruto, no le importó que haya criaturas y tumbaron todo. No pude sacar ni la mamadera de mi bebé”, comentó indignada Paula, con su pequeño llorando en brazos. Las pertenencias de las familias fueron arrojadas al costado de la ruta.

A la deriva

En los últimos dos años más de 30 familias se instalaron sin autorización de los propietarios en diferentes chacras ubicadas en cercanías del Salto Berrondo.

Un caso paradójico es el de Giselle (20) y su familia, quienes volvieron de Buenos Aires hace dos años y se encontraron con que su casa había sido tomada.

“Nosotros tenemos nuestra casa en Pueblo Salto, pero hay intrusos. Entonces no nos quedó otra que venir acá, pero ahora nos echa la misma Justicia que no fue capaz de devolvernos nuestra casa”, lamentó la mujer, madre de dos pequeños.

Hace alrededor de un mes, los ocupantes conformaron una comisión y decidieron unirse para resistir un posible desalojo. Incluso, mediante su abogado, se contactaron con la Comisión Nacional de Tierras.

“Nos metimos acá porque no nos queda otra. Son tierras que están desocupadas hace más 30 años y cuando llegamos ni estaban alambradas, nosotros plantamos y criamos animales”, explicó Ferreira. Además, aseguró que en las últimas semanas fueron amenazados por supuestos enviados de los dueños de la tierra, hecho que denunciaron en la Fiscalía. “Nos dijeron que hace 30 años a los cabecita negra los hacían desaparecer”, señaló.

Por su parte, Dardo Torres, delegado de la Comisión Nacional de Tierras, comentó que trató de mediar ante la jueza, pero “nos encontramos con esta sorpresa muy desagradable del desalojo”. Anticipó también que informará el proceder a la cúpula y al cuerpo jurídico del organismo, quien “evaluará la legalidad de lo actuado”. En tanto, Raúl Zabala, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, reconoció que “oficialmente la Comuna no fue notificada, porque es un tema netamente judicial”. Es más, reconoció que el municipio casi no dispone de espacios para relocalizar a las familias, quienes por lo pronto adelantaron que permanecerán al costado de la ruta.

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