La delegación del departamento Chilecito del Poder Judicial, dispuso este domingo, a través de la actuación de la Fiscalía y la Policía de la provincia, la liberación de los accesos a 5 escuelas en esa localidad que eran bloqueados por manifestantes. En horas de la tarde de este miércoles, autoridades policiales, judiciales y del Ministerio de Gobierno, procedieron a concurrir a los establecimientos tomados, dieron lectura del oficio, del que también se dejó copia, a los manifestantes, quienes se retiraron.

En ese sentido, el secretario de Seguridad, Luis Angulo, precisó que las actuaciones fueron dispuestas por la Justicia chileciteña, por intermedio del fiscal Diego Torres. Por eso, con la Policía de la provincia se procedió, desde las 14,30 a las 16 horas, al desalojo de los accesos de las escuelas. A los manifestantes se les ordenó dejar libre la vía pública y no entorpecer el libre ingreso y egreso de docentes, padres y alumnos de esas escuelas que si quieren desarrollar normalmente el ciclo lectivo. Si no acatan la medida entrarían en desobediencia judicial.

El funcionario expresó que los manifestantes estaban apostados en las veredas de los establecimientos, la Policía les leyó el oficio judicial y procedieron a retirarse sin ningún tipo de inconveniente ni incidente alguno.

Angulo resaltó que el gobierno respeta el derecho a huelga de los ciudadanos, en este caso los del sector docente, pero esto no debe ser justificativo para coartar otros derechos y libertades constitucionales, por lo que deben entender que no pueden impedir el ingreso y el egreso de otros docentes, alumnos y padres que si quieren dar y recibir las clases libremente.

También indicó que en cada lugar se dejó una custodia policial para impedir que se vuelvan a producir este tipo de manifestaciones que son contrarias a los derechos de las personas.

Claudio Saúl

En tanto que el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, también puso de relieve el hecho que los docentes, en este caso, puedan ejercer su derecho a huelga y ello es algo que el gobierno va a respetar a rajatabla, pero sostuvo que lo que no se permitirá es que el uso de ese derecho afecte a los derechos de los demás ciudadanos.

Saúl remarcó el gran esfuerzo que hace el gobierno provincial para poder ofrecer un incremento salarial para el sector, dando continuidad a años de colocar a la educación como la principal política de Estado. Por eso consideró que no se pueden ofrecer aumentos irresponsables que luego no puedan cumplirse, poniendo en riesgo la situación financiera de la provincia.