Un desafío para la Corte

Por Adrián Ventura

El camino de los medios en la Justicia, rumbo a la Corte Suprema, podría transformarse en un verdadero calvario. Pero también será un desafío que pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial.

A partir de ahora, las batallas judiciales que librarán el Gobierno y los medios darán paso a una etapa menos estridente que la que protagonizó el Congreso nacional, pero no será menos azarosa. Al final del camino sólo habrá dos opciones: la Corte restablecerá el pleno respeto de la libertad de expresión o consagrará la fragmentación de los medios y el silencio, más propio de las frías estepas de Santa Cruz que las ricas discusiones que deben caracterizar a la democracia.

Es fácil sentir escepticismo, pero hay motivos para abrigar esperanza. La Corte, a lo largo del siglo XX, con más frecuencia que la deseable, fue muy débil para restablecer el equilibrio republicano de poderes. Sin embargo, el máximo tribunal, en su composición actual, le puso límites al Gobierno en materia de reajustes jubilatorios, de distribución arbitraria de la publicidad oficial y también podría hacerlo sobre la atribución de un gobierno provincial para remover funcionarios judiciales. ¿Tendrá fuerza la Corte para defender, otra vez, la libertad de expresión?

"La ley de medios fue dictada por el Congreso y se aprobó con una mayoría holgada. Algunos opositores claudicaron, como la radical Dora Sánchez, los socialistas de Hermes Binner y los fueguinos. Nos guste o no, es lo que ocurrió. Ahora, la oposición no debe esperar que la Justicia emita una señal contra toda la ley. Debe hacerse cargo de sus fracasos", razonaba ayer un muy encumbrado juez.

El aludido magistrado admite que se podrá declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos puntuales de la controvertida ley. Pero, por ahora, descarta una descalificación general de la norma.

Los senderos para el debate serán estrechos. Cada licenciatario, cuando se vea afectado por la ley o por la reglamentación, podrá esgrimir sólidos argumentos para defender su derecho de propiedad, el derecho de explotar licencias hasta su finalización e, incluso, el pago de indemnizaciones. Pero la jurisprudencia es zigzagueante y no habrá espacio ni humor para intentar alquimias.

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Hay otro problema, mucho más grave: en este debate sólo podrán intervenir los jueces del fuero contencioso administrativo, férreamente dominado por el Poder Ejecutivo y por el Consejo de la Magistratura, y los del fuero civil y comercial federal, un poco más alejado de la política.

En el fuero contencioso administrativo tienen peso dos hermanos: Javier Fernández, ex funcionario de la Corte en los noventa que ahora es director de la Auditoría General de la Nación y con vínculos muy fluidos con el Consejo de la Magistratura, y su hermano, Sergio Fernández, juez de esa Cámara de Apelaciones, jurado en algún concurso clave y de mucha influencia entre sus pares.

Los conflictos con el Comité Federal de Radiodifusión siempre tramitaron en contencioso. Pero el fuero civil y comercial federal es el competente en materia de defensa de la competencia. Quizás el tan cuestionado artículo 161, que estableció el plazo de desinversión en un año, sea la clave para solucionar el problema que plantea una norma tan inconstitucional como revanchista.

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